El 16 de octubre, el juez Pedro Pianta –53 años y vicepresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de Lomas de Zamora– realizó la última de las visitas institucionales organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte Suprema. Ese día, en la Comisaría 1ª de Lanús, después de las presentaciones de rigor con el subcomisario Mario Ortiz, el magistrado se sometió al protocolo: registró cada rincón de las celdas que alojan a los detenidos.
El informe de Pianta detalló que «en el sector destinado a los calabozos se contabilizaron 21 personas privadas legalmente de su libertad pese a que el lugar consta únicamente de cinco camastros de material cuyas medidas no son apropiadas para el tamaño de los colchones.»
El documento también describió que «existe un baño por cada calabozo, con inodoro a la turca y sistema de descarga manual, careciendo de lavatorio y de grifería y que la provisión de agua fría y caliente es totalmente precaria. La instalación eléctrica presenta un tendido exterior muy precario que resulta pasible de producir descarga eléctrica. Se observa una marcada humedad y filtraciones de agua en paredes y cielorrasos. Con respecto al sistema contra incendios se verificó que la totalidad de los matafuegos se encuentran con sus cargas vencidas».
Pianta concluyó que el lugar «no reúne mínimamente las condiciones de habitabilidad que por imperio legal emanan del artículo 18 de la Constitución, así como de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas», por lo que procedió a su clausura.
Pero no fue la primera. Entre los meses de marzo y noviembre de 2011, Pianta ordenó también el cierre de los calabozos de la Seccional 3ª de Esteban Echeverría, las celdas de la 5ª de Lomas de Zamora y de la Comisaría 6ª de Monte Chingolo, en el partido de Lanús. En diciembre de 2011 dispuso reducir la capacidad de alojamiento en la Comisaría de Llavallol.
–¿Qué es lo común a todos los lugares que clausuró?
–Básicamente en todas las comisarías aparecen situaciones que no admiten el alojamiento de personas. No cumplen con las reglas mínimas de habitabilidad: son lugares infectos. Y no hace falta que vaya yo con un perito para constatarlo. Cualquier persona se da cuenta que esos sectores no cumplen con los postulados constitucionales que tienen que ver con la sociabilización de los detenidos. Yo no hablo de resociabilización como esta instalado.
–¿Por qué?
–Porque en general, los detenidos son jóvenes y pobres. Eso quiere decir que nunca han sido sociabilizados, que han sido excluidos del sistema desde un principio.
LOS PÍCAROS. Su despacho del cuarto piso de los Tribunales de Lomas no tiene aire acondicionado. Es la coartada perfecta para que Pianta no anude el cuello de su camisa con una corbata. «Las mudanzas las hacemos los empleados del juzgado y los juicios orales muchas veces los realizamos en el Colegio de Abogados porque no tenemos salas», confía.
–Pero también están los jueces que sólo se mueven junto a sus guardaespaldas y su chofer…
–Por supuesto que los hay y si me preguntas creo que esos son los que les interesan a los medios mostrar. Yo tengo una enorme responsabilidad funcional pero soy un hombre común. Sin embargo, al juez se lo pone casi en un lugar de Dios con todo esa cuestión de «Órgano Superior», «Tribunal de Alzada», que son términos que nacieron en la Edad Media, propios de un sistema inquisitivo. Por eso postulo que yo decido pero no resuelvo. Cuando uno dice «yo resuelvo» pareciera que está solucionando algo pero el sistema penal no soluciona nada. Tengo en claro que no resuelvo el problema de la droga condenando a un pibe que tiene 20 bagullos de marihuana. Yo tomo decisiones que intentan ser lo menos arbitrarias posible, porque la arbitrariedad siempre existe.
–¿Hay un divorcio entre el poder judicial y el resto de la sociedad?
–Por supuesto y es muy evidente. Muchas veces nos cuesta interpretar a las personas que compadecen como testigos en un juicio porque tienen un lenguaje distinto al nuestro. Entonces habría que preguntarse hasta dónde estamos legitimados para juzgar a estas personas cuando tienen pautas culturales tan distintas. Por eso digo que las decisiones que tomo tienen que ser entendibles para las personas involucradas en el conflicto, porque yo veo que muchas veces los fallos no se entienden. ¡Hasta yo no los entiendo! ¿Y eso sabés por qué es? Porque los «picaros» de la corporación judicial quieren evitar las críticas. Entonces parece que te están explicando algo de física nuclear y como vos no entendés nada, decís: «debe tener razón». Pero el derecho es una cuestión de sentido común.
–¿Cómo lo cambiamos?
–La justicia no puede cambiar porque es funcional a este sistema. El cambio real implica modificar las estructuras del país porque ninguna ley va a mejorar la realidad. ¿Sabés cómo podemos cambiar el paradigma? Si empezamos a considerar más delincuente a aquel que desde el Estado produce un descalabro social que a un pibe que comete un robo. «
contra el delito, mayor justicia social
«Uno con las víctimas tiene que tener mucha prudencia y respeto. Casi siempre lo mejor es guardar silencio y dejar que ellos transiten su duelo, que es legítimo, tranquilos y no unirte a un coro que pide endurecer las penas y reducir las excarcelaciones. Y te lo digo yo, que he sido víctima y que obviamente tuve un interés de venganza porque se metieron con mi madre», admite el juez Pedor Pianta.
El 4 de junio de 2008, dos delincuentes encapuchados ingresaron a la casa de la calle 20, entre 47 y 48 del barrio La Loma, en La Plata, y atacaron a Elina Dora Riafrecha, que entonces tenía 87 años.
Según las crónicas de la época, los delincuentes antes de entrar cortaron el teléfono, y luego ingresaron por un ventiluz. Al llegar a la pieza de la anciana, la despertaron a los gritos y hasta le tiraron un vaso de agua. Luego la maltrataron durante dos horas –incluso amenazaron con «picanearla»–, antes de fugarse con 1500 pesos, joyas y otros objetos de valor.
«Contrariamente a lo que se cree –reflexiona el juez– de que todos vamos a ser asaltados o que nos van a matar, la mayor violencia se concentra en los barrios de emergencia. No digo que no ocurra, porque a mi madre le pasó en el centro de La Plata, pero es ínfima la chance en comparación con las zonas más carenciadas».
«Por eso a mi me da muchísimo asco ver como se valen del dolor de la víctima para utilizarlo con fines que nada tienen que ver con el tema de la inseguridad. Si queremos terminar con la llamada inseguridad lo primero que hay que generar es mayor justicia social, porque eso engloba más educación, más salud y más trabajo. Pero eso no se hace de un día para el otro así que mientras tanto lo mejor es callarse la boca.»
un fallo que define su posición
El 15 de abril de 2002, sobre la Avenida yrigoyen, en el centro de Lanús, un grupo de manifestantes se concentró frente a la municipalidad para reclamar el pago de planes asistenciales adeudados, cortando el tráfico. El agente del Servicio Penitenciario Federal Gustavo Cabrera intentó cruzar el piquete pero no lo tuvo fácil: eso motivó que disparara tres veces con su arma reglamentaria contra los manifestantes. Juan Domingo Arredondo cayó herido unos segundos después sobre el asfalto con una bala en el pecho.
En el juicio, la defensa de Cabrera argumentó que cortar una calle constituye un delito, que las manifestaciones les impiden a los propios trabajadores llegar a sus lugares de labor y que no sancionarlo equivaldría a «blanquear la impunidad».
El 9 de junio de 2005, el Tribunal Nº 5 de Lomas de Zamora, con Pianta en ejercicio de la presidencia, condenó a Cabrera a cinco años y medio de prisión por tentativa de homicidio simple.
El fallo explicó que «quienes a menudo se congregan frente a sedes estatales reclamando el cobro de planes sociales son familias sometidas a situaciones de extrema necesidad y con elementales dificultades de subsistencia. Si valoramos las especiales características del conflicto que da origen al reclamo, aquellos que lo efectúan son víctimas de una situación de necesidad tal que pone en peligro sus propias subsistencias», y por lo tanto sus acciones «están amparadas por las leyes vigentes».
fuente http://tiempo.infonews.com/2012/12/24/policiales-93408-el-juez-que-clausura-calabozos-y-lucha-contra-la-corporacion-judicial.php
