El juez de Garantías de Mar del Plata, Juan Tapia, expresó en conversaciones con esta agencia su punto de vista sobre la criminalización de los sectores más vulnerables que habitan la provincia de Buenos Aires y el rol que debe cumplir la Justicia para ser más equitativa. “Para que desde el Estado se desmantelen esa red de normativas, lo primero es derogar institutos o  facultades policiales que puedan favorecer la posibilidad de esas mismas redes clandestinas de sumisión y de coacción policial”.

Asimismo, valoró el respaldo que el titular del Senado, Gabriel Mariotto, le brindó a las organizaciones sociales y celebró la expropiación del destacamento policial donde estuvo detenido Luciano Arruga.

“Creo que esas iniciativas simbólicas tienen un valor importante en la comunicación de determinadas líneas de acción y sobre todo de reconocimiento hacia organizaciones de acción civil y derechos humanos en casos concretos como el de Arruga”, dijo el magistrado marplatense respecto de la expropiación que aprobó el Senado Bonaerense del destacamento policial de Lomas del Mirador donde estuvo detenido Luciano Arruga. Y agregó que “es un punto adelante en la visibilización de determinada problemática, porque busca instalar en la comunidad un mensaje de alerta a los pedidos de mano dura por parte de la sociedad”,

A su vez, Tapia explicó la responsabilidad jurídico-institucional en la estructura policial bonaerense: “hay que tener en cuenta las responsabilidades que tiene el Poder Judicial en esta materia, tanto en aquello que se documenta en un proceso penal y que tiene en la mano de los fiscales el control sobre las personas privadas de su libertad, y después por parte de los jueces en el uso que se concretan ciertas facultades, ya sean requisas preventivas o el registro de domicilios. Si un juez avala o mira para otro lado la actuación de un fiscal, está dando el visto bueno para fortalecer procedimientos o modos de actuar al margen de lo institucional”.

“Se requiere de un control civil y externo de la policía, no solamente a través del trabajo formal que se ve en un expediente, sino sobre todo de las prácticas en el territorio, que no se documentan y que van generando vinculaciones a partir de la ilegalidad y la consolidación de determinados estigmas sobre ciertos sectores de la población”, destacó

“Debemos derogar normas como la averiguación de antecedentes, porque además tienen un pasado oscuro en nuestro país, porque nos remiten por ejemplo a (Walter) Bulacio. Hay que avanzar no sólo sobre las facultades formales, sino también buscando regular en el plano normativo determinadas prácticas para respetar el protocolo que dice como llevar adelante una detención para averiguación de identidad”, dijo el magistrado.

“Otro plano que se debe trabajar para frenar la violencia institucional tiene que ver con la cultura policial, como se alimenta y se forma esa cultura policial, y con la institucionalización de las fuerzas de seguridad; el ejemplo de las PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) es un bueno, porque es una policía democrática formada con valores democráticos”, agregó.

Tapia añadió que “además de la formación viene lo cotidiano, la policía muchas veces se nutre de lo que los vecinos demandan y reclaman, el control sobre el pibito con capucha, o el que está tomando una cerveza en la plaza, y eso se alienta a través del reclamo de la sociedad, y van alimentando el caldo de cultivo que explota cuando desaparece un pibe o hay un caso de gatillo fácil intolerable”.

“No debemos pensar que se tratan de las acciones de un funcionario policial que no está preparado o es una manzana podrida, sino que hablamos de una cuestión estructural mucho más compleja que el exceso que pueda tener un determinado agente”, señaló el juez de Garantías de Mar del Plata, al abundar sobre la cuestión violencia institucional en el territorio bonaerense.

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