El fiscal federal Juan José Baric se quejó de que el Juzgado Federal de Santa Rosa está retardando la toma de declaración indagatoria a dueños y encargados de cuatro prostíbulos de la ciudad de General Pico. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le dio ahora la razón. Ordenó al juez Pedro Zabala que los convoque en forma inmediata, pudo saber Diario Textual.
El año pasado, el fiscal le pidió al juez que sean indagados, como sospechosos del delito de trata de personas, Walter Marcelo R., Lucila Josefa M., Carlos Fabián B., Claudia Gabriela C., Emiliano C., Brayan Arnaldo P.C., Sergio Iván B., Sergio Norberto B. y Modesto Antonio B.
Eran los dueños y encargados de los cabarés Playboy, Kabuki, Oasis y Trocca Pravocce. Esos locales, supuestamente, luego de unos allanamientos y fuertes presiones de la Corte Suprema de la Nación ya fueron cerrados por la municipalidad de General Pico.
El juez federal Zabala ha tenido una actitud cuasi pasiva frente a estos graves delitos, dijeron fuentes judiciales consultadas por este diario. En años anteriores, ha intentado sacarse de encima estas causas. Pero tanto camaristas como la Corte Suprema le han ordenado, en la mayoría de los casos, que siga investigando.
En esta causa, el juez dio sus argumentos para no indagar a estos sospechosos. Según recordaron ahora los camaristas, «entendió que es determinante contar con el testimonio de las mujeres que se desempeñaban como alternadoras en los cabarés Playboy, Kabuki, Oasis y Trocca Pravocce, posibles víctimas del delito investigado» y que «sólo se entrevistó a seis de aproximadamente 59 casos y no hay constancia en la causa de que se haya llevado a cabo diligencia alguna para dar con el paradero de estas mujeres».
El fiscal apeló, principalmente, con dos argumentos. Dijo que las víctimas del delito de trata no deben nunca ser objeto de investigación ni deben ser compelidas a comparecer ante la justicia; yexpresó que la decisión del juez es arbitraria porque soslayó toda la demás prueba incorporada a la investigación y que funda el pedido de citación.
Los camaristas Ángel Alberto Argañaraz y Néstor Luis Montezanti, en una resolución firmada este mes, le dieron la razón al fiscal Baric. «Pese al criterio sostenido por este tribunal en c. 67.363, «Aguilera», del 4/9/2012 (…) en el caso la denegatoria del juez –fundada, entre otras consideraciones de tenor similar, en que falta recibir otras declaraciones– constituye una afirmación dogmática que resta la motivación necesaria que debe tener todo acto jurisdiccional válido. Asiste razón al Sr. Fiscal General en cuanto a que la convicción no se obtiene por el número sino por la calidad de los testimonios. Además el a quo, soslayó todo otro elemento de cargo en que se fundó el pedido de citación a indagatoria, sin explicar por qué a su criterio carecen de valor probatorio necesario para hacer lugar a la solicitud».
Los jueces de Bahía Blanca dijeron que «existen indicios suficientes» para indagarlos: en términos generales, indicios de la situación de vulnerabilidad que podrían padecer las mujeres que se desempeñaban como alternadoras en los locales investigado, que surge del posible desarraigo consecuente ya sea de la condición de migrantes de muchas de ellas o de su procedencia de provincias lejanas.
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