Después de las graves denuncias de “trabajo esclavo” en la cárcel de Batán; representantes de los Ministerios de Trabajo y de Justicia bonaerense inspeccionaron este jueves las instalaciones que poseen distintas empresas privadas en la Unidad Penal. Por su parte, desde la Asociación Pensamiento Penal -entidad que también participó del operativo- afirmaron que ya fueron rescindidos los contratos de dos firmas. Y advirtieron sobre la eventual instalación de una planta procesadora de pescado que pagaría a sus empleados apenas $ 2 por hora. INSPECCIÓN EN LA CÁRCEL Luego de que la Asociación Pensamiento Penal advirtiera a la delegación local del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires sobre la existencia de trabajo esclavo en la cárcel de Batán y a horas de que el el tribunal de Casación bonaerense emitiera un fallo por el cual al Estado provincial a proveer obra social, ART, aportes jubilatorios y salarios acorde a la ley de Contrato de Trabajo a los internos que trabajan en el establecimiento penitenciario; una delegación integrada por representantes de los Ministerios de Trabajo y de Justicia inspeccionó este jueves la totalidad de los emprendimientos laborales que allí funcionan. Así lo confirmó el presidente de la APP, el Dr. Mario Juliano, quien aseguró que “la situación es permanente y exactamente siempre la misma”. Según dijo a 0223.com.ar, en la oportunidad se llevó adelante un relevamiento, “tanto en lo atinente al aspecto legal y de documentación respecto de los trabajadores, como en lo relacionado a las medidas de seguridad”. “Concretamente, había dos técnicos que hicieron verificaciones acerca de las irregularidades o anormalidades que se constataron”, expuso el también Juez del Tribunal Criminal de Necochea. “Con todo este material se sustanciará la causa pertinente, permitiendo naturalmente el derecho de defensa de los inspeccionados y, eventualmente, luego el Ministerio dictaminará”, estimó. Al hacer un balance de la recorrida, Juliano afirmó que se retiraron con “la idea de que habrá varias empresas que se van a regularizar porque, aún regularizándose como corresponde, tienen situaciones ventajosas dentro de los muros”. En cambio, admitió que hay otros emprendimientos productivos que “evidentemente tenían propósitos muy diferentes al del trabajo digno y muy probablemente no van a seguir” funcionando. “De hecho -anticipó- ya hay dos empresas a las que se le han rescindido los contratos: la primera es una firma que estaba realizando la reparación de cajones de plásticos destinados a la pesca y la otra, una recuperadora de plástico”. VENTAJAS PARA LOS EMPRESARIOS Y PARA LOS TRABAJADORES En ese marco, el Magistrado aclaró que la Asociación que preside está “absolutamente a favor de la promoción de trabajp en cárceles” y consideran que “los empresarios que van a instalarse intra muros deben tener ventajas con relación a los empresarios que están fuera de las cárceles porque no deja de tener cierto gesto altruista ir a llevar trabajo a un contexto de encierro”. Sin embargo, recalcó que “esas ventajas no pueden ser de ninguna manera soportadas por los trabajadores; mucho menos aún por trabajadores privados de la libertad. Las ventajas se las debe proporcionar el estado a través de desgravaciones, de subsidios y de las mil formas de las que se le puede dar incentivos y promociones”. No obstante a ello, el abogado celebró el fallo emitido en las últimas horas por el tribunal de Casación bonaerense. A su entender, la medida “confirma todas las resoluciones que ya existían en el sentido de que no debe haber diferencia alguna entre el trabajo penitenciario y el trabajo fuera de los muros y, consecuentemente, los empresarios deben regularizar la situación laboral en un plazo que no supere los 90 días”. Cabe recordar que esta semana, un fallo del tribunal de Casación bonaerense obligó al Estado provincial a proveer obra social, ART, aportes jubilatorios y salarios acorde a la ley de Contrato de Trabajo a los internos que trabajan en la cárcel de Batán. NUEVO EMPRESA: ¿MÁS TRABAJO ESCLAVO? Por otra parte, Juliano afirmó que si bien observan que “se está extendiendo el trabajo en cárceles” ya que está “confirmada” la pronta instalación de una nueva planta procesadora de pescado en la Unidad Penal 44, ven con “preocupación” que el empleador pretende pagar a los trabajadores salarios aún menores a los ya magros sueldos que se están abonando dentro de la cárcel. “Hemos tenido acceso al contrato que ha celebrado el Servicio Penitenciario Bonaerense con los empresarios, donde figura que la tarifa que van a cobrar los peones es de $ 2 por hora, lo cual arrojaría que por una jornada de ocho horas, se estarían pagando $ 16”, alertó y aseveró: “Si esto realmente se consuma con estas cifras, estamos en serio problemas”. Frente a esa posibilidad, el Juez de Necochea adelantó que la APP formulará “las mismas quejas, denuncias y protestas” que vienen realizando. Por último, indicó que desde la ONG ya “se está elaborando un plan de respuestas específicas para elevar al gobierno provincial”, que consiste en una serie de “fórmulas concretas” a través de las cuales “obtener beneficios para los empresarios y que esos beneficios se trasladen a los salarios”. “BATÁN ATRAVIESA POR SU PEOR SITUACIÓN” En otro orden, Juliano reconoció que las Unidades Penal 15 y 44 “están atravesando por una situación muy crítica: está todo muy sucio, en malas condiciones y existen dificultades en la provisión de alimentos”. “En este momento hay carencias de comida -no hay azúcar, papas ni fideos para los mil internos allí alojados- y presumimos que ocurre comoconsecuencia de que de el estado provincial no les estaría pagando a los proveedores. De otro modo, no entendemos que no quieran llevar adelante su negocio”, manifestó. Autor / Fuente: Luciana Acosta
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