Con cada proyecto de ley que apunta a sacar el consumo de estupefacientes del ámbito penal, se levantan voces airadas que se oponen con argumentos que van desde demonizar al adicto (“es alguien que no quiere recuperarse”) hasta asegurar que de esa manera se fomentaría el narcotráfico. Así actuaron ante el proyecto del senador Aníbal Fernández, que ubica el consumo en el ámbito civil y sanitario. Sin embargo, la política de persecución al consumidor –iniciada a nivel mundial a fines de los ’60 durante la presidencia del ultraconservador Richard Nixon– ha fracasado, según el consenso al que están llegando los grandes líderes mundiales. ¿A qué obedecen, entonces, esas acérrimas oposiciones? Podría decirse que hay al menos 55 millones de razones: el año pasado, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) destinó 40 millones de pesos –la mitad de su presupuesto– a financiar las internaciones o la atención ambulatoria de adictos de escasos recursos, judicializados o no, en comunidades terapéuticas (CT) o granjas. En el mismo lapso, la ciudad de Buenos Aires consignó 15 millones y medio de pesos –el 65 por ciento del presupuesto de asistencia a adicciones– a favor de estas instituciones. Claro que son números chicos si se los compara con los 5.000 millones de dólares que, se estima, mueve la industria farmacológica cada año en la Argentina.
Para entender el negocio, hay que echar una mirada sobre la metodología de “cura” de las adicciones que se aplica en el país. El proceso comienza, en general, con la detención del adicto y la apertura de un proceso penal. El juez interviniente, una vez alcanzado el fallo de “culpabilidad”, puede ordenar el tratamiento de rehabilitación como alternativa a la cárcel y disponer la internación en clínicas o centros especializados, que será financiada por el Estado, las obras sociales o prepagas o los familiares.
El modelo estándar es el de las CT, donde operan ex adictos que aplican el antiguo dogma, desnudado por Foucault, de “vigilar y castigar”: trabajo grupal, disciplina estricta en las actividades diarias, y reemplazo de la adicción a drogas ilegales por otra a drogas “legales” o psicofármacos. Esto último, a pesar de que los abordajes son múltiples y van desde el conductismo hasta la fe religiosa y de que no se reconoce lo que en medicina se denomina “protocolo”: normas a seguir por los profesionales médicos tanto en la aceptación de “pacientes” como en el tratamiento a administrar.
Según datos de la Sedronar y de la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones, el 70 por ciento de la población de las CT es gente judicializada, sólo el 40 por ciento llega al final de su tratamiento y, de esa cifra, el 65 por ciento reincide. ¿Por qué insistir con estas medidas?
Laura Marrazzo, coordinadora de la Cátedra Libre sobre Adicciones de la UBA, opinó que “hay un circuito económico de las clínicas que va más allá del interés de las personas; hay muchas denuncias por cómo funcionan, ya que lo más común durante el tratamiento son las recaídas y eso es causal de expulsión en muchas comunidades terapéuticas que convenian con el Gobierno de la Ciudad. Así, pierden la beca y el tratamiento. La garantía del derecho a la salud tiene que ser universal”. La académica también señaló que “la mayoría de las comunidades terapéuticas tienen una posición abstencionista y no trabajan sobre reducción de daños. Y en algunos casos, desconocen leyes, como la de género, por ejemplo: no hace mucho se denunció que a una persona travesti la obligaban a vestirse de varón para hacer el tratamiento”. Además, según Marrazzo, no alcanza con desintoxicar: “¿Y después del tratamiento, qué? Necesita capacitación y trabajo, si no el tratamiento queda inconcluso”.
El actual subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia de la Sedronar, el sociólogo Ignacio O’Donnell, consideró –antes de partir a Tucumán, donde se reúne el Consejo Federal de Drogas (Cofedro)– que no se trata “de una cosa u la otra; las comunidades terapéuticas tienen que seguir trabajando hasta que los servicios de salud públicos sean adaptados. Y cuando funcionen, las organizaciones no gubernamentales tienen un rol que cumplir. Tenemos que distinguir entre las comunidades que funcionan bien y las que funcionan mal”. Por eso, resaltó “el sistema de auditoría permanente” y el “seguimiento a los pacientes en todas las provincias”. Consultado sobre el caso de la comunidad terapéutica El Gran Paraíso (ver recuadro), dijo: “No estamos de acuerdo con esas prácticas, no las convalidamos ni estamos dispuestos a trabajar con este tipo de instituciones. Es ilegal, va a en contra de la Ley de Salud Mental”.
Esta normativa, aprobada en 2010, aún no fue reglamentada pero ya está vigente y coloca las adicciones entre los “problemas psiquiátricos” que puede presentar una persona. Establece que, para internar a un paciente, debe hacerse un estudio interdisciplinario, mientras que hasta ahora bastaba la firma de un solo psiquiatra.
La ley que no pudo prosperar es la del Programa Nacional de Asistencia a las Adicciones. En 2009, el proyecto fue presentado por Leonardo Gorbanz, el diputado fueguino ex ARI, y obtuvo media sanción en la Cámara baja, pero murió en los cajones del Senado. Hace unos meses, Victoria Donda, del Frente Amplio Progresista (FAP), presentó uno similar. “Se oponen algunas comunidades terapéuticas subsidiadas por el Estado. La problemática tiene que ser atendida en la salud pública, por eso el proyecto contempla los centros de atención de calle. Está en la agenda para discutirse entre los primeros temas”, explicó la diputada, y admitió: “Hay un conflicto económico: hay procesados que son consumidores y son obligados a hacer tratamiento, pero los únicos lugares posibles son privados”.
Para el común de la gente, la norma es internación en CT. Pero también actúan en el mercado clínicas lujosas, como Avril o Dharma, donde suelen recibir a personalidades del espectáculo con problemas de adicción. Sin embargo, el tratamiento suele ir por los mismos carriles. Por ejemplo, cuando Celeste Cid fue internada en Avril, Charly García dijo: “Yo estuve en ese lugar. Es un espanto. No creo que la hayan curado de nada. Es muy rara esta industria de la recuperación. Tiene muchas fallas y el que sufre realmente es el paciente. A veces los tratamientos, si es que existen, encierran a veinte personas, para darles pastillas y sedarlos. Y eso te va reduciendo a una planta. Yo la pasé muy mal, lo más desagradable es que te aten a una cama. Las internaciones son lo peor. No tendrían que existir estos lugares, siento mucho por los que todavía están ahí”. García inició el camino de la recuperación cuando salió de la clínica donde estaba internado rumbo a la quinta de su amigo, Palito Ortega, y se puso bajo el cuidado de otros centros neurológicos. Por Avril pasaron, entre otros, Diego Maradona, Fabiana Cantilo y Cristian “Pity” Álvarez.
Graciela Touzé, de la Asociación Civil Intercambios, una ONG que plantea la óptica de la reducción de daños, explicó que a partir de la Ley de Salud Mental “se reconoce a las personas afectadas por consumos problemáticos de droga los mismos derechos de quienes tienen problemas de salud mental, esto implica que los tratamientos por internación tienen que ser el último recurso”. Para esto, se conformó un órgano de control de la Defensoría General de la Nación, que se ocupará de monitorear las internaciones involuntarias.
Respecto de la oposición a los proyectos, Touzé señaló que “es probable que haya sectores que se sientan amenazados en la medida que se amplíe la asistencia desde el sistema público de salud. Pero es necesario coordinar una red de asistencia que incluya servicios públicos y privados que demuestren un trabajo con base científica, ética de trabajo y resguardo de la personas”.
La trabajadora social Brenda Maier, investigadora de las universidades de Buenos Aires y Lanús, advirtió que entre las CT “algunas no están reguladas y trabajan sin protocolo; gran parte está dirigida por ex adictos, aplican tratamientos estandarizados en los que no se toma en cuenta la voz del usuario”. Maier contextualiza que las CT “llegaron en un momento en que ‘la droga’ era el enemigo mediático, un discurso que la sociedad compró”.
¿De dónde sale esa concepción? Yago Di Nella, especialista en psicología forense y ex director nacional de Salud Mental y Adicciones, definió que “encarar el tratamiento de las adicciones desde el punto de vista de seguridad ha sido un grave error. Se les ha dado preponderancia a los factores de contención y custodia por sobre los de prevención. Perdimos vidas, calidad de vida y tiempo en una política de Estado que hace una separación absurda entre sustancias legales e ilegales. Y se llegó a una situación de abuso: la Justicia no sabe si alguien está en una comunidad terapéutica encerrado dos meses o dos años”. Respecto de esas instituciones, planteó que “algunas directamente son cárceles para adictos, se los trata como ‘peligrosos’, sin derechos, porque nunca lo ven como víctima, siempre como culpable de su padecer, y de ahí la peligrosidad. La psicopatía funciona así”.
La Ley de Salud Mental apunta a cambiar esa situación, pero según explicó Di Nella, “no hay infraestructura para que el Estado se haga cargo. Un tratamiento cuesta alrededor de 10 mil pesos mensuales por persona, eso es lo que se paga por beca, pero a nivel privado se cobra más caro. Paralelamente, existe un mercado negro tanto en el acercamiento al consumo como en la atención. Hay personas que ejercen de voceros de la corporación médico psiquiátrica, se genera un combo entre los laboratorios y las organizaciones médicas, que se retroalimenta: el que medica y el que vende el medicamento. La industria de los laboratorios no está controlada, cuando estuve en la Dirección de Salud Mental tratamos de averiguarlo: el Estado no sabe cuánto, cómo y a quiénes se venden los psicofármacos. Y nadie lo controla. A un problema netamente social y vincular le plantean una solución medicamentosa, eso está condenado al fracaso. La adicción no es una enfermedad en sí misma, es una cuestión sintomática, si hay proyecto de vida no hay adicción. En cambio, la metodología de los grupos anónimos permite salirse de ese manejo que tiene la corporación médica con estos temas”. Quizá sea hora de abandonar el viejo postulado de “vigilar y castigar”
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Botones de muestra
La comunidad El Gran Paraíso ofrece en Internet su “metodología de Internación Compulsiva”: con la sola firma de un “familiar directo y co-sanguíneo”, acudirán “al domicilio con o sin orden judicial de internación, con o sin personal policial, con o sin ambulancia o patrullero, con o sin personal médico (…) Contamos con dos vehículos particulares y un equipo de 4 ex adictos acostumbrados a ‘internar en contra de la voluntad’, con o sin violencia y forcejeo”. Además, el director, Alejandro Merenzon, se jacta de tener “50 métodos y técnicas para internar en 5 minutos a quien no quiere”.
En 2008, El Diario de Madryn daba cuenta del caso de “Junior”, de 19 años, oriundo de esa ciudad pero internado en El Gran Paraíso (Buenos Aires) por orden judicial a pedido de sus padres, quienes desembolsaron 12.000 pesos para su tratamiento. Sin embargo lo encontraron “abandonado a su suerte con drogas potentísimas, atendido por sus compañeros y sin ningún ‘programa’ que indicara un plan para su vida”. Para rescatarlo, tuvieron que hacer decenas de trámites y denuncias, entre ellas ante el Tribunal Colegiado del Fuero de Familia I de San Isidro y ante la Defensoría del Pueblo del Pilar. El Gran Paraíso continúa ofreciendo sus “servicios”, que violan el art. 482 del Código Civil: “No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial”.
Aunque parezca ficción, es una realidad de la que participan otras comunidades terapéuticas, también denunciadas públicamente, como Ibicuy o Volver a Empezar.
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Los números de las adicciones en el país
55 millones de pesos destinan la sedronar y el gobierno porteño a tratamientos en instituciones privadas.
110 organizaciones están reconocidas por la sedronar.
10 mil pesos mensuales es el costo para el estado de un tratamiento de rehabilitación.
5 mil millones de dólares se estima que mueve la industria farmacológica.
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Opinión
Variables políticas
Por Yago Di Nella
Especialista en psicología forense y ex director nacional de Salud Mental y Adicciones
La demonización de algunas sustancias tiene que ver con variables políticas. No se tiene en cuenta el riesgo sanitario del alcohol y el tabaco, siendo las que más daños generan. La decisión ha sido perseguir, sobre todo, a una serie de drogas que no son las más dañinas desde el punto de vista sanitario. Las más utilizadas son otras. De cada diez adictos, siete lo son al alcohol. Luego, en segundo lugar en el consumo, están los psicofármacos legales, que deberían venderse bajo receta pero tienen un mercado negro enorme, ya que se distribuyen de otras formas, como las muestras gratis. Y ahora vivimos un proceso de patologización de la infancia, conductas infantiles entendidas como enfermedades a medicar. Sin embargo, muchos ponen el grito en el cielo por las drogas ilegales, como la marihuana, que no presenta un riesgo ni cercano a los que generan las drogas legales.
http://veintitres.infonews.com/nota-4638-sociedad-Vigilar-y-castigar.html
