Diputados del justicialismo concretaron ayer en el Superior Tribunal de Justicia la denuncia contra el fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Carlos María Salinas, por su actuación en el caso Sofía Viale. En el escrito, dirigido al presidente del STJ, Tomás Esteban Mustapich, le endilgan «absoluto desinterés» e «incumplimiento de sus funciones», como así también le adjudican «falta de decoro en declaraciones periodísticas».
Si bien la denuncia fue trasladada al máximo cuerpo judicial por Juan Pablo Morisoli, Fernanda Alonso y Saúl Pedro Etchalús, lleva la firma de los otros diputados del vernismo, y también los del PJ-La Cámpora, Miguel Tanos y Luciano Di Nápoli. No acompañaban las rúbricas de Mariano Fernández y César Ballari, aunque en el caso de este último LA ARENA ya había anticipado que así sería.

Sin un protocolo.
Alrededor del mediodía los legisladores llevaron el escrito y quedó formalizada la denuncia pidiendo investigar la conducta de Salinas, y pidieron se lo investigue en el marco de los artículos 113 y 114 de la Constitución Provincial y de la Ley Provincial 313, reglamentaria del Jurado de Enjuiciamiento.
En la argumentación del escrito se indica que Sofía desapareció el 31 de agosto; y se señala que la investigación consistió en realizar diferentes allanamientos, secuestro de teléfonos, intervención de líneas de celulares, toma de declaraciones testimoniales, rastrillajes, «pero evidenciando que no se estaba actuando conforme a un protocolo, o a instrucciones del Fiscal General. De este modo,
los fiscales intervinientes actuaron priorizando los datos que consideraban más relevantes, pero sin instrucciones precisas» de Salinas.

Reiteración de conducta.
Recordaron que se siguieron «pistas desconectadas entre sí, inverosímiles en algunos casos y siempre inútiles para determinar la verdad de lo ocurrido. Más aún, no se investigó la súbita e inexplicable aparición de pistas evidentemente falsas y colocadas por mano extraña, como por ejemplo, la falsa carta atribuida a Sofía hallada en la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa», completaron los denunciantes.
Advierten que Salinas «no cumplió con varios de los deberes inherentes a su cargo», y plantearon los diputados que «la multiplicidad de faltas, aunque sean cometidas en una sola causa, configura la reiteración de conductas que requiere la Ley 313».
Cabe recordar que precisamente este punto -la reiteración- fue el que, entre otros, permitió que el juez Carlos Flores no fuera sancionado y se lo restituyera en su cargo.

También desidia.
Por otra parte señalan que Salinas debió «impartir instrucciones generales para optimizar los resultados de la gestión» y no lo hizo. Dijo que tuvo desidia y no consideró «atención» a indicios que pudieran haber llevado al esclarecimiento del hecho; y «tampoco cumplió con su obligación de dirigir a la policía en su función judicial».
Finalmente sostiene la denuncia que «de la entrevista que tuvieron los fiscales Aberásturi, Gilardenghi y la fiscal sustituta Afonso con la Comisión de Legislación General, pudo concluirse que el denunciado no participó en ningún modo en el desarrollo de la investigación demostrando un absoluto desinterés en el caso, ni siquiera brindando el apoyo necesario a la fiscal actuante que, por su carácter de sustituta, contaba con poca experiencia».

fuente http://laarena.com.ar/la_ciudad-el_pj_pidio_jury_al_fiscal_carlos_salinas-85835-115.html