n su discurso de apertura de sesiones, la presidenta Cristina Kirchner no lo mencionó. Pero hasta el jueves pasado a primera hora, cuando venció el plazo para presentar apoyos e impugnaciones a la candidatura de Roberto Carlés a la Corte Suprema de Justicia, 117 instituciones y 843 particulares se expresaron espontáneamente a favor de la designación del candidato, espada del ex juez Raúl Zaffaroni durante la discusión por el nuevo Código Penal.
En tanto, 25 instituciones y 153 particulares lo hicieron en contra, según confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Justicia.
Desde la cartera que conduce Julio Alak manifestaron que de las 47 entidades requeridas para que opinen sobre la postulación nueve estuvieron a favor de la designación de Carlés, en tanto que ocho se expresaron en contra. Otras cinco contestaron pero no se expidieron sobre la consulta, y 25 no contestaron.
Algunas de las instituciones que impugnaron a Carlés fueron la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -entidad que mantuvo una controversia con el candidato sobre su trabajo allí-; la legisladora porteña y precandidata a jefa de gobierno Graciela Ocaña (Confianza Pública), y la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Desde la ADC señalaron que el abogado «no reúne los antecedentes mínimos necesarios ni siquiera para ser juez de la Cámara de Casación y no cuenta con la independencia exigida para ejercer de manera adecuada el cargo». La ONG también apuntó que «el procedimiento de designación no cumplió con la perspectiva de género garantizada por tratados internacionales de derechos humanos».
Ocaña, en tanto, sostuvo que su postulación a la Corte Suprema es la «reiteración de una estrategia distractiva» que la Presidenta comenzó con la propuesta de enviar el pliego de Daniel Reposo para la Procuración General de la Nación en 2012. En la presentación, Ocaña se refiere a los «pensamientos sectarios» expresados en la red social Twitter por parte del abogado penalista, de 33 años.
También lo objetaron el abogado constitucionalista Daniel Sabsay y los diputados opositores Sergio Massa (Frente Renovador), Hermes Binner (Partido Socialista) y el senador radical Ernesto Sanz (UCR-Mendoza).
Respaldo kirchnerista
A favor de Carlés se pronunciaron la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP); el Colegio de Abogados de La Matanza, y las universidades nacionales de Quilmes, San Martín, Villa María y Mar del Plata y la española de Castilla-La Mancha.
También cosechó respaldos del gobernador de Buenos Aires y precandidato a presidente Daniel Scioli; del destituido juez español Baltasar Garzón; de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Cerca de Carlés resaltan que mientras ejerció como coordinador de la Comisión Redactora del Anteproyecto del Código Penal mantuvo una buena relación con los opositores Federico Pinedo (Pro), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y María Elena Barbagelata (socialismo), también integrantes de la comisión. Y se entusiasman con que el vínculo que forjó con ellos habilite un diálogo con representantes opositores en el Congreso. También mencionan su cercanía con el papa Francisco como un dato en favor de su nominación.
Ahora, y siempre de acuerdo con lo establecido en el decreto 222/03, el Ministerio de Justicia elevará al Ejecutivo un informe sobre los apoyos y las impugnaciones que recibió Carlés y luego la Presidenta haría la propuesta formal de su nombramiento ante el Senado.
Para que se apruebe el pliego de Carlés, el oficialismo debe reunir dos tercios de los votos -de los legisladores presentes- en el Senado, algo que hasta el momento se vislumbra difícil de acuerdo con las últimas votaciones de la Cámara alta y la promesa de la oposición radical de no votar a ningún candidato propuesto por el kirchnerismo para ocupar el lugar dejado por Zaffaroni con su reciente retiro..
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