Luego que la presidenta Cristina Fernández enviara al Congreso de la Nación seis proyectos a través de los cuales se propone reformas en el Poder Judicial, diversas han sido las posiciones y debates que aparecieron.

En ese contexto, el equipo de “Ropa Sucia”, programa de Radio Nacional, junto al Taller de Periodismo de la Universidad Nacional de Cuyo, debatieron el tema con el abogado Héctor Eduardo Garófoli.

Garófoli es especialista en Derecho de Información y profesor de la cátedra Teoría del Estado y Políticas Comunicacionales de la Universidad Nacional de Cuyo.

– ¿De qué se trata esta propuesta y cuáles son sus líneas generales?

-Es una iniciativa muy interesante. Se debe tener en cuenta que desde hace más de treinta años, desde la recuperación de la democracia, que el Poder Judiciales se mantiene al margen de los cambios políticos producidos en el sistema democrático argentino.

La problemática de la Justicia es enorme, sobre todo a nivel de Justicia Federal donde hay una historia de despotismo tremenda, con jueces que participaron de la última dictadura militar. La inexistencia de concursos para el acceso a la Justicia facilitó la constitución de una familia judicial, en donde el ingreso de familiares y amigos es la característica fundamental, lo que garantiza una continuidad ideológica.

¿En qué sentido se debe tomar el punto sobre la creación de un nuevo registro público de causas en todos los tribunales para mejorar el acceso a la información?

-La Justicia está encriptada a los ojos de la sociedad, la Justicia argentina no tiene rostros. Todos conocemos las caras de los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo. Pero a los jueces es muy difícil verles las caras.

Esta propuesta en particular apunta a la difusión de la actividad que se desarrolla en los tribunales en un sistema democrático. Y las acciones del Poder Judicial también constituyen actos de gobierno, porque es uno de los poderes del Estado.

Que se den a conocer los juicios, las causas que llevan y que tipo de conflicto se produce podrían mostrar que tipo de litigios se producen en nuestra sociedad y no sólo el aumento de litigiosidad.

¿En que ayuda la unificación del Código Civil y Comercial?

-Simplifica la actividad de los tribunales y la modificación de los códigos de procedimiento es muy importante.

¿Cómo modernizarían los nuevos códigos procesales y qué beneficios tendrá acortar los plazos?

-Hace un tiempo que la matriz conceptual sobre la que funciona los procedimientos judiciales no se toca, y se debe hacer una modificación de eso y establecer más instancias de resolución inmediata. Acortar los plazos procesales es una alternativa necesaria para poder acortar los tiempos en que se puede solucionar un conflicto .Si no estamos en un adagio que la Justicia cuando tarda mucho no es justicia.

-Otros de los puntos que sostiene la democratización de la justicia es la creación de tres cámaras de Casación: Contenciosa Administrativa Federal; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial, para aliviar trabajo de la Corte Suprema y unificar la jurisprudencia. ¿A quién beneficiaria este punto de la reforma?

-Toda la reforma es integral. El tema de las cámaras de Casación me parece la más importante de las decisiones y las reformas, desde el punto de vista de la seguridad jurídica de los ciudadanos. El sistema judicial argentino funciona con una teoría que es depositar la confianza en el juez para la interpretación de la ley. Se confía en la racionalidad y en la discrecionalidad porque se suponen que llegan preparados y con aptitud para su cargo.

La discrecionalidad interpretativa se transformó en una anarquía interpretativa. Entonces, la creación de las cámaras de Casación va a tener una función importantísima porque da un margen de certeza sobre el probable resultado.

Uno de los puntos de más impacto mediático es la regulación de las medidas cautelares contra el Estado para agilizar las sentencias definitivas. ¿De qué se trata este punto tan sensible para las corporaciones?

-No estamos hablando de una medida cautelar. Estamos hablando de las posibilidades que tiene las corporaciones de bloquear a un gobierno democrático con una medida cautelar, o de ganar tiempo sin que se resuelvan las cuestiones de fondo. Cuando está en juego la gobernabilidad y la aplicación de las leyes hay que ponerle límites. Hay una propuesta de limitar la extensión de las medidas cautelares contra el Estado por un lapso de seis meses y es probable que se establezca con una opción de prórroga para que el tribunal donde se tramita la causa principal deba resolver el fondo de la cuestión en un tiempo corto.

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