La Asociación Pensamiento Penal manifiesta su interés y profunda preocupación por el proceso penal seguido a Melisa Fusiman, una joven de 24 años de edad, madre de dos niños de 5 y 9, que dio a luz a su tercer hijo en una casilla de la periferia de Bariloche, que llegó sin vida al hospital. Las autoridades hicieron la denuncia y se le atribuyó la comisión del delito de homicidio agravado por el vínculo.
Luego de haber sido dada de alta, permaneció privada de su libertad en una prisión durante aproximadamente un mes, hasta que la Cámara Primera del Crimen revocó esa resolución, manteniendo el encierro preventivo, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Debe señalarse que el Fiscal de esa instancia había coincidido con la defensa en cuanto a que no existían indicios de que Melisa vaya a eludir la acción de la justicia y/o entorpecer la marcha de la investigación. De manera que la Cámara habría consentido una privación de la libertad ambulatoria en desmedro de los estándares convencionales y constitucionales que rigen en esta materia.
De acuerdo a los datos que trascendieron en los medios de comunicación, Melisa no sólo es madre de dos niños pequeños, sino también jefa de familia en medio de un contexto socio-económico muy delicado. Este supuesto, donde se avizora la ausencia del Estado y un cuadro de vulneración de derechos, exige que las agencias judiciales avancen con suma prudencia y extremen –aún más– los recaudos antes de aplicar una medida de coerción. El encarcelamiento preventivo que pesa sobre Melisa no sólo repercutirá sobre su derecho a transitar el proceso en libertad, sino también sobre la suerte y los derechos básicos de su grupo familiar.
21 de junio de 2014
