La participación amplia de los ciudadanos y organizaciones ganó la partida este lunes, en la quinta reunión de la comisión especial encargada de elaborar un proyecto de reforma procesal penal. También se impuso la idea de elaborar una propuesta de enmienda integral con posible implementación gradual. Por último, ganaron espacio la voluntad de imprimir velocidad a la tarea del comité y el consenso, puesto que todas la decisiones mencionadas tuvieron unanimidad.
Los representantes de los tres poderes del Estado, y de la abogacía de la capital y del sur deliberaron durante dos horas. Junto a ellos estuvo Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán elegido el 22 de octubre pasado. Gandur y Antonio Estofán, ex presidente del alto tribunal, habían sido los impulsores del fallido plan piloto que pretendía poner «patas para arriba» a la investigación penal preparatoria. De la frustración de ese proyecto diseñado con acordadas de la Corte surgió la comisión especial creada por la Legislatura, que este lunes recibió el apoyo de Gandur.
«Vengo también a solicitar el tratamiento de una ley de mediación penal, que permitiría el encuentro de víctima y victimario, y la posibilidad de que afloren nobles sentimientos (que eviten el proceso judicial). Además nos interesa la elevación del estatus de la Oficina de Violencia Doméstica. En el presente, esta emite un certificado de riesgo, que debe ser presentado en los respectivos juzgados. Podríamos crear el fuero de violencia doméstica para abreviar el trámite y definir, por ejemplo, una medida precautoria de urgencia», dijo el magistrado. Marcelo Caponio, legislador oficialista y presidente del comité, luego tomó la batuta para presentar y someter a aprobación el sitio web del organismo ad hoc. Esta herramienta, que ya está en línea enwww.hlt.gov.ar/comisioncodigopenal, dará publicidad permanente a los asuntos de la comisión y, además, facilitará la inscripción de los interesados en participar en la audiencia pública. Tras la discusión del reglamento, el grupo resolvió oír a los ponentes en dos fechas: el 19 de diciembre próximo y el 20 de febrero de 2014.
Punto medio
Triunfó así la moción de Ezio Jogna Prat, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital, cuya propuesta de ofrecer dos sesiones se situó en el punto medio entre los que pedían avanzar de inmediato y los que preferían postergar la audiencia para el año entrante.
La comisión luego formó tres subcomisiones de trabajo (investigación penal preparatoria, plenario y redacción), resolución que se supone agilizará «el parto» de una propuesta de reforma. Hasta el presente el cuerpo se limitó a empaparse de la realidad y necesidades del sistema procesal penal mediante el análisis del fallido plan piloto de la Corte, y el diagnóstico de jueces y abogados del sur.
La otra cuestión estratégica es el acuerdo para elaborar una enmienda integral del proceso penal, no acotada a la investigación preparatoria (objeto exclusivo del alto tribunal). Los miembros del comité pactaron combinar los cambios normativos con una probable aplicación gradual (en el anteproyecto que elevarán a la Legislatura). Y enunciativamente enumeraron temas de reforma que abarcan desde la oralidad de la investigación hasta la organización de los ministerios públicos; la creación de la policía judicial científica; la ejecución de la pena, y el régimen procesal de niños y adolescentes.
Estas cuestiones han de ser abordadas por quienes presenten opiniones en la audiencia pública (la inscripción para la primera sesión vence el 13 de diciembre).
Los participantes
INTEGRACIÓN.- La comisión especial encargada de elaborar un proyecto de reforma del proceso penal fue creada por el Poder Legislativo a mediados de este año. Este comité está integrado por representantes de cuatro estamentos: el Poder Judicial (tres titulares y tres suplentes); el Poder Ejecutivo (tres titulares y dos suplentes); la Legislatura (cinco titulares y dos suplentes), y los colegios de abogados de la Capital y del Sur (aporta un titular y un suplente cada uno).
EN LA MESA.- A la quinta reunión asistieron los camaristas Santiago Caramuti y Eduardo Albo; la ex jueza Ana Lía Castillo de Ayusa; los fiscales Edgardo Sánchez y Adriana Gianonni, y el defensor Hernán Molina; los legisladores oficialistas Marcelo Caponio (presidente del comité), Gerónimo Vargas Aignasse, Ramiro González Navarro (entró cuando la reunión ya había comenzado, saludó a Antonio Gandur, titular de la Corte, firmó el libro de asistencia y se fue), Regino Racedo, y los parlamentarios opositores José Páez y Ariel García; los funcionarios alperovichistas Humberto Rava, José Farhat y Jorge Posse Ponessa, y los letrados Francisco García Posse y Ezio Jogna Prat (capital), y Ángel Fara y Sergio Faiad (sur).
SILLAS VACÍAS.- No asistieron al encuentro ni Guillermo Gassenbauer, legislador oficialista y secretario de la comisión, ni Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia, ni Paul Hofer, secretario de Seguridad.
CONTROL DE ASISTENCIA.- La comisión especial tiene 22 miembros. Once de ellos asistieron a las cinco reuniones celebradas hasta el presente (Albo, Molina, Sánchez, Caponio, Racedo, Vargas Aignasse -estuvo cinco minutos en el cónclave inaugural-, Páez, García Posse, Fara, Faiad y Farhat). González Navarro, Gassenbauer, Hofer, Caramuti, Gianonni y García fueron a cuatro reuniones. Jogna Prat, Castillo, Posse Ponessa y Rava participaron de tres citas. Jiménez sólo asistió a un encuentro.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/567989/local/publico-podra-sugerir-cambios-al-proceso-penal.html
