Primero fue un empujón, luego una cachetada, pero ella C.R., no dijo ni hizo nada, lo dejó pasar. Sin embargo, pocos días después se informó si podía denunciar a su esposo, M. L., por lo que él le había hecho y se dio cuenta que sí podía.

Ellos residen en un departamento de La Libertad, y son padres de dos niños, de ocho y cuatro años.

Transcurridos dos meses de ese primer incidente, M. le pegó aún más fuerte y hasta usó un cinturón. Ella quedó con moretones en sus brazos y piernas, junto al temor hacia su marido. A pesar de que sabía que lo podía denunciar no lo hizo porque “creía que iba a cambiar, porque cuando me vio morada y llorando me dijo que estaba arrepentido”, dijo C.

Sin embargo, el arrepentimiento de M. no fue genuino; a las tres semanas de haberla golpeado, él lo volvió a hacer y esta vez aún más fuerte. C. se armó de valor, llamó a la policía y lo detuvieron; al llegar el caso ante un juez, el proceso duró aproximadamente dos meses.

Durante ese tiempo M. no podía visitar su casa, ni estar cerca de los niños y su esposa.

Carmen asegura que esa distancia obligada era necesaria para el bien de su familia. A ella esa distancia la destrozaba porque amaba a su esposo. “Mi idea no era perder mi matrimonio, sino que él escarmentara que no puede maltratarme, la verdad que nadie nos puede maltratar”.

Llegado el día en el que C.  y M. debían comparecer ante el juez, él le suplicaba que retirara la denuncia, que no lo haría más. No obstante, C. no accedió de buenas a primeras. Por razones ajenas a ellos la audiencia se pospuso hasta dos días después. Fue un respiro para ambos.

“Cuando fuimos ante el juez que iba a dar resolución, M. lloraba como un niño, me suplicaba que no dejara que lo metieran preso o que nos separaran, a mí se me hizo chiquito el corazón pero no le decía nada”, recuerda C., soltando una carcajada al recordar lo que el juez hizo.

“El juez lo que hizo al ver quizás la desesperación de M. y mi cara de angustia, fue preguntarme si quería perder mi matrimonio o seguir con él. Yo respondí que quería seguir, entonces el juez le dijo a mi esposo, que si de verdad me amaba y no quería perder a su familia se arrodillara y me pidiera perdón”, recuerda C., asegurando que ahora su relación ha mejorado mucho.

Según Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el caso de C. es similar al de muchas mujeres que denuncian pero que su intención no es la terminar con su pareja o que lo metan a la cárcel, sino que buscan que el hecho de denunciar y acudir a instancias judiciales puedan ayudar a mejorar la situación familiar.

Herrera enfatiza en que si las mujeres salvadoreñas conocieran a ciencia cierta el significado que tienen las leyes creadas para evitar la violencia y la desigualdad entre las féminas, la violencia disminuiría y existiría una cultura de denuncia.

A las leyes que la activista feminista se refiere es a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, aprobadas en noviembre de 2010 y marzo de 2011 respectivamente, a última entró en vigencia en enero de este año.

Falta de interés para informar

“La aprobación de las dos recientes leyes en El Salvador son un paso grande,  pero que se sepa que hay un ley no significa que  una mujer sepa que es lo que puede hacer para exigir sus derechos”, indicó Herrera.

Herrera dijo que, a nivel nacional,  no hay un genuino interés por parte de las instituciones involucradas en el cumplimiento de las Leyes en informar adecuadamente a la población.

“El acceso y la difusión a la información, en cualquier tema de interés, constituye un recurso importante para la ciudadanía (…) a veces se termina queriendo que la ciudadanía sea pasiva, se prefiere que la gente sea así y que haya una protesta sin propuesta”, señaló la activista.

En cuanto a los derechos de las mujeres, Herrera expresó que como movimientos feministas aún deben  avanzar para que haya mayor información hacia las mujeres en el marco nacional, pero también en cada localidad para que la gente sepa los mecanismos con los que cuenta y pueda exigir sus derechos.

Herrera dijo que para que una mujer denuncie se necesitan tres cosas: información, servicios dedicados para las mujeres y personal capacitado para atender los casos que se denuncien, puesto que eso generará mayor confianza de las víctimas hacia las instituciones encargadas de velar por su seguridad.

En Suchitoto departamento de Cuscatlán existe la Oficina de Atención Ciudadana (ODAC), ésta se encuentra dentro de subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC y se especializa en la detección, prevención, atención y protección de la violencia contra las mujeres. Fue inaugurada en junio de 2011.

Herrera toma la ODAC como un ejemplo de que cuando se destina en una comunidad específica un espacio adecuado y dedicado solo para las mujeres víctimas de violencia la cultura de denuncia crece.

Fundamenta esto con datos específicos recalcando que de julio 2011 a enero 2012 hubo 76 casos de denuncias sobre violencia hacia las mujeres y antes existía un promedio de 12 denuncias por año.

Recién creada la ODAC se tenía el registro de que el 79 por ciento de mujeres en Suchitoto dijeron que sufrieron violencia pero no denunciaron. Herrera afirmó que la creación de la oficina de atención ha educado a las mujeres para que denuncien.

También dijo que es necesario, para que haya información adecuada,  “saber exigir que brinden información adecuada y, además, educar a los funcionarios públicos para que vean tienen una responsabilidad de informar; que entiendan que la gente no pregunta por fregar, sino que tenemos derecho a saber que están haciendo”

Información recíproca

Un informe sobre la violencia contra las mujeres  2012 titulado “Si no se cuenta, no cuenta”, de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) argumenta, entre otras cosas, sobre la poca información que los Estados latinoamericanos sobre la violencia hacia la población femenina.

“La violencia contra las mujeres permanece solapada en muchos países de la región aun cuando las personas involucradas en el diseño e implementación de políticas públicas necesitan permanentemente información de la mejor calidad, con múltiples finalidades: guiar reformas legislativas y de política pública, asegurar la provisión adecuada de los servicios necesarios para responder a la demanda, monitorear las tendencias y progresos logrados en materia de violencia contra las mujeres y evaluar el impacto de las medidas que se adopten”, cita el estudio.

El informe de la CEPAL dice que la disponibilidad de datos precisos e inclusivos es de crucial importancia para dar mayor fuerza a la condena social generalizada de todas las formas de violencia contra las mujeres y ampliar el consenso sobre su indispensable erradicación desde todas las esferas de acción posibles. “Lo que no se contabiliza no se nombra, y sobre aquello que no se nombra, no se actúa”, se lee  en el cuaderno investigativo.

El hecho de que no haya información específica sobre los casos de violencia en os países latinoamericanos crea un déficit a la hora de atacar cada uno de las formas de violencia que existen.

El estudio de la CEPAL señala que, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) cuando requieren información a los Estados parte éstos brindan datos estadísticos según las denuncias recibidas en el sistema judicial o casos de mujeres usuarias de los servicios de salud que declararon ser víctimas de violencia; dejando de lado el total de subregistro de denuncias que hay en los países.

“En el informe se señala que esta información es mínima comparada con la incidencia de la violencia según aparece de los informes preliminares de país, lo cual da cuenta de un importante subregistro que puede dar una visión parcial de la dimensión del problema en el país y, consecuentemente, en la región”, describe el informe de la CEPAL.

Herrera aseguró que una cultura de denuncia no solo haría bien para el cese de la violencia contra las mujeres, sino también para que el Estado salvadoreño aborde de manera integral el tema de la violencia que en sus extremos llega al asesinato de decenas de mujeres.

En El Salvador, según datos de la PNC, en el 2009 fueron asesinadas 592 mujeres; en 2010, 580 y en el 2011 647 mujeres fueron víctimas de asesinato. En lo que va de 2012, Herrera dijo que registran 167 casos de feminicidio.

La organización suiza Small Arms Survey categorizó recientemente a El Salvador como el país con la tasa más alta de feminicidios en el mundo, con un total de 12 asesinatos por cada 100.000 mujeres. Los datos confirman que las mujeres entre 18 y 35 años son las que más sufren esta expresión extrema del machismo que impera en la sociedad salvadoreña.

Fuente: http://cosecharoja.fnpi.org/el-salvador-el-pais-con-mas-femicidios-del-mundo/