Legisladores provinciales del FpV-PJ elevaron un pedido de juicio político contra la jueza Mirta Ravera Godoy, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de San Isidro. La magistrada había concedido la libertad condicional a Federico Dorado quien fue apuntado como uno de los partícipes del crimen de Graciela García en Vicente López. Por el caso, el intendente de Vicente López, Jorge Macri ayer deslizó que “nos van a matar a todos“.
Los legisladores sciolistas que pidieron el juicio político contra Mirta Ravera Godoy
De esta manera los diputados bonaerenses Guido Lorenzino, Iván Budassi, Martín Cosentinoy Rodolfo Iriart, junto al senador provincial Alberto De Fazio, presentaron el pedido de juicio político ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.
Piden saber si el comportamiento de jueza puede ser encuadrado dentro de la causal de remoción de magistrados calificada legalmente como “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones”, tal como lo señala el inciso D del artículo 21 de la Ley 13.661.
En su presentación, los legisladores indicaron que Graciela García, de 47 años, cuando llegó a la casa de sus padres en Vicente López el viernes pasado a la noche, fue abordada por dos sujetos y asesinada de un disparo en la cara por uno de los delincuentes, que escaparon sin llegar a robar nada.
Luego, a través de testigos y de imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, se pudo determinar que quién le disparó a García fue Federico Dorado, de 20 años, a quien la juezaMirta Ravera Godoy le concedió la libertad condicional en mayo, contraviniendo el informe negativo del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Las autoridades penitenciarias habían consignado una evidente falta de interés del detenido en integrarse al sistema educativo, y su mala conducta general durante su detención, que llevaron incluso a la aplicación de nueve sanciones disciplinarias. Dorado estaba detenido y condenado por portación ilegítima de armas de fuego, abuso de armas y privación ilegítima de la libertad.
Los legisladores expresaron que debe investigarse en profundidad la labor de la funcionaria judicial interviniente, dado que si ese menor no hubiera sido liberado, tal como lo aconsejó fundadamente el Servicio Penitenciario, hoy “no estaríamos lamentando la muerte de esta vecina de Vicente López”.
