El defensor provincial Gabriel Ganón denunció que el ministerio de Justicia provincial no le renovó el contrato para manejar sus fondos. Después de que Ganón llevara un caso a la CIDH, la Corte Suprema provincial le abrió un sumario y pidió a la Legislatura que le inicie juicio político.
Cosecha Roja.-
A cinco años de la puesta en marcha del nuevo sistema penal en Santa Fe, el Servicio Público de la Defensa sigue sin funcionar. La Corte Suprema de la provincia todavía no creó el órgano administrativo para que la Defensoría maneje su presupuesto. Después de que el Ministerio de Justicia santafesino no le renovara el convenio de financiamiento, el defensor provincial Gabriel Ganón presentó una medida cautelar y acusó al gobierno. “Le molestan las críticas que hacemos sobre la aplicación del proceso penal en la provincia”, dijo. El ministro de Justicia, Juan Lewis, le respondió: “él sí tiene presupuesto. En diciembre nos pidió que le transfiriéramos los fondos; el problemas es que ahora no tiene cómo administrarlos”.
Gabriel Ganón es el titular Servicio Público de la Defensa desde 2011. El organismo todavía no tiene personal administrativo ni defensores públicos. Desde diciembre del año pasado, tampoco tiene quién le administre los fondos. El 7 de diciembre, Ganón le envió una carta al ministro Lewis para pedir el traspaso de los 20 millones de pesos aprobados por la Legislatura para 2013. “Después de esa carta volvió a pedir que le renováramos el convenio. Y nosotros ya teníamos hecho el traspaso”, explicó el ministro a Cosecha Roja.
“El Servicio Público de la Defensa es un ente autártico y autónomo que debe administrar su propio presupuesto -explicó Ganón-. El convenio provisorio firmado con el Ejecutivo para administrar ese presupuesto finalizó el 31 de diciembre. Y el gobierno no lo renovó”. Por eso, el defensor provincial presentó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo un pedido para que se dicte una medida cautelar y se mantenga el convenio con la provincia.
En el proceso de transición del viejo sistema penal al nuevo, la definición de las funciones del Servicio Público de la Defensa ha generado una puja con la Corte Suprema. El máximo tribunal de justicia de Santa Fe inició un sumario al defensor provincial y pidió a la Legislatura que le inicie juicio político por “usurpación de título”, a causa de su intervención en un caso que Ganón llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el de un changarín, Mario Ricardo Albertengo.
En 2010 Albertengo cumplía una condena a 20 años cuando durante una salida laboral quiso robar una clínica de cirugía estética. La acción incluyó armas y toma de rehenes, y finalmente Albertengo se rindió. El defensor oficial acordó con el fiscal -ambos dependientes de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia- un juicio abreviado. El changarín fue condenado a 17 años de prisión. Las dos sentencias se unificaron y la pena se elevó a 37 años. “¿Por qué el máximo punible en las causas de delitos de lesa humanidad es de 25 años de prisión y yo por los delitos de robo calificado con uso de arma de fuego estoy purgando una pena de 37 años de prisión?”, escribió Albertengo en una carta al presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez. La defensora oficial y la defensora de Cámaras dijeron que no había razones para apelar la condena.
En cambio, el titular del Servicio Público de la Defensa, Gabriel Ganón, denunció que la pena superaba los límites del Código Penal Argentino, asumió la defensa de Albertengo y llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Corte Suprema de Justicia le abrió un sumario al defensor público y pidió a la Legislatura que le iniciara juicio político por “usurpación de título”.
El Servicio Público de la Defensa espera que la Justicia santafesina revierta la decisión del gobierno provincial y se le renueve el convenio para que el ministerio de Justicia administre los fondos, mientras la Corte Suprema define los nombramientos de los cargos administrativos para poder manejar su propio presupuesto.
