Más de 6 mil denuncias, 30 homicidios en investigación, 120 audiencias orales y públicas concretadas y al menos cuatro resoluciones en juicio abreviado son algunos de los datos que contabilizó el trabajo del nuevo sistema procesal penal santafesino en su primer mes desde la puesta en marcha. Rosario/12 consultó al fiscal regional Jorge Baclini, al defensor público regional Gustavo Franceschetti y al titular de la Oficina de Gestión Judicial, Juan Pablo Beltramone, quienes hicieron en general un balance positivo, aunque admitieron que existen falencias, y destacaron la «voluntad» de todas las partes en lograr mejoras y soluciones a corto plazo. La fiscalía, hasta el momento, es la que cuenta con mayor volumen de trabajo. En tanto, comienza a solucionarse la problemática del escaso personal con el que se empezó a trabajar el 10 de febrero pasado. Consideran que a mitad de año podrá alcanzarse un «amesetamiento» en aspectos que todavía se están experimentando en el día a día. En cuanto a cuestiones legales, un primer incidente respecto a la facultad de fiscales para ordenar detenciones buscará llegar a la Corte Suprema santafesina esta semana, ante la necesidad del Servicio Público de la Defensa de que se siente precedente (ver recuadro).
«Fue un mes con cosas muy buenas y otras que estuvieron a un nivel regular, considero que el balance general es de unos seis puntos: bueno; porque en esto de la carga de trabajo cero arrancamos con pocos recursos y prontamente hay puntos en los que el sistema colapsa porque hay muchísimos delitos. Hay 6.200 denuncias presentadas por hechos cometidos en la ciudad», dijo Baclini. Al mismo tiempo, destacó que la fiscalía de calle Montevideo al 1900 contará con 70 pasantes que cumplirán dos turnos de cuatro horas para asistir en diferentes tareas a empleados y fiscales. Mientras tanto, finalizó un concurso interno, y se espera el traspaso de 60 empleados para comenzar a trabajar en un cargo mayor. También hay diez empleados nuevos que entrarán dentro de dos semanas, y se están concursando 18 cargos de fiscales. «Creo que a mitad de año vamos a poder estar con un panorama de manejo para funcionar al 50 o 60 por ciento», añadió.
Al detallar las cifras que alcanzó su área en poco menos de un mes, Baclini indicó que en la fiscalía se recibieron cientos de denuncias, y la más rápida se tomó en 2.26 minutos, mientras que el tiempo máximo fue de casi una hora. El resto de las presentaciones ingresaron por las comisarías y otros puntos de denuncias. «El tiempo de toma de denuncias depende de si la persona viene a hacer una denuncia porque busca la constancia o si quiere dar detalles de lo que viene a denunciar y también necesita asistencia». Muchos de los casos son con imputados no identificados (1.748). Además hay 337 denuncias de violencia familiar y 89 de violencia de género. En cuanto a las unidades especiales de investigación, hay más de 30 homicidios investigados, de los cuales (sin contar los últimos cuatro) entre personas detenidas, prófugos e identificables se estaría alcanzando una tasa de esclarecimiento alentadora, con un 70 por ciento; mientras que unos siete casos (de 26) siguen siendo NN.
Baclini lamentó que hay testigos que «temen hablar porque creen que pueden ser la próxima víctima».
En Delitos Económicos se iniciarán dos investigaciones de oficio que están «reservadas» por el momento.
En Delitos Sexuales hay 45 denuncias, de las cuales 9 casos son con acceso carnal a la víctima.
Con respecto a las audiencias orales y públicas, el encargado de gestionarlas, Beltramone, indicó que se concretaron 120 audiencias y destacó que ya se lograron cuatro juicios abreviados, relacionados con delitos contra la propiedad. Las audiencias se realizan todos los días, incluidos fines de semanas y feriados (23), subrayó. El promedio de duración es de 15 minutos, una vez iniciada la audiencia, aunque todavía hay demoras con respecto a la puntualidad.
Por su parte, Franceschetti destacó un «gran aspecto positivo» del nuevo sistema, y apuntó a «otras cuestiones que hay que ir mejorando». «Si miramos dos meses para atrás, vemos que hoy en un plazo de 24 horas se puede resolver de cara a la sociedad, con la presencia efectiva de un abogado para el imputado, es algo destacable. El hecho de que los jueces pongan plazos de prisión preventiva apunta a que las cuestiones se investiguen y resuelvan con más celeridad. Esto era impensable dos meses atrás, es de gran ganancia. Nosotros hemos garantizado presencia de un defensor desde el 10 de febrero hasta ahora, para garantizar sus derechos y sus condiciones de detención en el lugar donde estén. También hay desajustes -terció-, cuestiones operativas, pero mucha voluntad de los actores para resolver».
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