Publicado el 29/11/2013 – El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo José Llugdar, anunció ayer la implementación de medidas tendientes a garantizar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidades, con lo que se profundiza la política que se viene aplicando desde 2005.
En un encuentro que mantuvo con periodistas de medios locales, el magistrado comentó que el Poder Judicial santiagueño adhirió a un protocolo especial para brindar soluciones a quienes padecen capacidades diferentes.
Se trata del Protocolo para el Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad en el ámbito del Poder Judicial, que ‘se aplicará en forma progresiva a los fines de efectuar las adecuaciones necesarias para el cumplimiento de los estándares establecidos, tanto en materia de infraestructura como en materia legal’.
Asimismo, Llugdar afirmó que se busca promover el efectivo acceso a la Justicia, de las personas con discapacidad, mediante la toma de conciencia por parte de los operadores del sistema, lo que significa la remoción de las barreras socioculturales, actitudinales y lingüísticas.
Agregó, que de esta manera, la Justicia provincial cumple con los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, a la que adhirió oportunamente la Argentina y nuestra provincia.
Capacitación de personal
‘Por un lado, se apunta a suprimir las barreras arquitectónicas que aún subsisten en las sedes tribunalicias’, refirió el letrado. Además señaló que está previsto que se capacite a magistrados, funcionarios y empleados judiciales en la atención especializada de estas personas.
Paralelamente, se buscará agilizar las causas y trámites en los que sean parte discapacitados. En tanto, es política de las autoridades insertar laboralmente a personas con capacidades diferentes en los distintos ámbitos de la administración de Justicia.
La iniciativa tomó cuerpo a partir de la participación del Dr. Llugdar en la reunión de representantes del Poder Judicial de todo el país, que se efectuó en la ciudad de Buenos Aires entre el 11 y el 14 de noviembre, donde se abordó el programa para la cohesión social para América latina, que es impulsado por la Unión Europea.
Justamente el art. 13 de la Convención Internacional sobre la materia se refiere al acceso a la Justicia de los ciudadanos. Desde hace ocho años, el Superior Tribunal de Justicia prioriza la atención de los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, como los menores de edad; víctimas de abusos sexuales y de violencia de género y doméstica.l
