El tema quedó reflejado en el acuerdo plenario Nº 4075/12, fechado el miércoles 28 de noviembre. Y la negativa de sus colegas fue una de las mechas que encendió el escándalo interno que Panizzi alimentó luego con sus declaraciones a Jornada.

Según dijo el juez, “es necesario implementar los principios de escrupulosidad y autolimitación para evitar, por ejemplo, el gasto desmesurado de viáticos, viajes fuera de la provincia por motivos baladíes, el uso infundado o cuestionable de los vehículos oficiales, la designación de funcionarios que no acreditan idoneidad para el cargo y comportamientos contrarios a las leyes de la fidelidad, las del honor y las de la hombría de bien”. El párrafo –con forma de acusación- aclara que “no pretendo dar noticia de la comisión de delitos ni de faltas; ni tampoco, claro, es mi intención construir con este proyecto nuestro propio patíbulo”.

Por eso, en el texto que refleja aquella reunión en la sede del tribunal en Rawson, Panizzi propuso “dar difusión incluso en la página web del Poder Judicial remuneraciones, ausencias, licencias y viáticos de los señores ministros del STJ”. Según explicó, la inquietud “tiene su base ideológica en la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública y su finalidad es acentuar la aplicación de los principios de transparencia, escrupulosidad y autolimitación”.

El ministro de la Sala Penal se preocupó por avisar que su iniciativa, “para evitar cualquier malinterpretación, aclaro desde ahora, que no está dirigida a nadie en particular, sino a todos nosotros”. Panizzi recordó que la Ley de Ética y Transparencia “establece normas y pautas relacionadas al buen desempeño de todos los funcionarios y se aplica con carácter imperativo a los ministros del Superior Tribunal de Justicia”

“Por ello, los ministros del STJ deben informar de sus actos de modo directo, otorgándoles transparencia, con la debida información pública y publicidad, en estricto cumplimiento del principio de transparencia de la función pública”.

Según Panizzi, para cumplir con la Ley de Ética y Transparencia “es preciso dar cuenta de nuestros actos a la sociedad y mostrar los gastos funcionales de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, de modo que sea ampliamente abierto a los ciudadanos”. Y detalló que “esto no está referido al manejo del presupuesto del Poder Judicial, sino a los gastos funcionales de cada uno de los ministros”.

Por las mismas razones legales, “es necesario dar a conocer nuestras remuneraciones y las licencias de las que gozamos, las ausencias en las que incurrimos, sus motivos y las licencias pendientes de ejecución, de cada uno de los ministros”.

En su artículo 4°, la norma “sienta los principios éticos de la función y del servicio público y determina la necesidad cívica de preservar la ética y transparencia en todas sus formas; de tal suerte que toda conducta reñida con tales principios puede ser denunciada, incluso cuando no estuvieren expresamente indicadas en el texto de la ley”.

“El mismo artículo –dijo Panizzi en el acuerdo- consagra que el derecho de los ciudadanos al control de la ética en la función judicial deber ser garantizado. Es un deber y una responsabilidad, que deben ejercerse con sujeción a las normas del orden jurídico y de la moral pública por medios idóneos y hábiles”.

En resumen, para el juez debían establecerse mecanismos que aseguren “el cumplimiento de las normas éticas y permitan mostrar la mayor transparencia en las decisiones y desempeños de los ministros sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan”.

Para lograr los objetivos que señaló, “propongo dar difusión a las remuneraciones de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, a las ausencias en que hemos incurrido y a las licencias gozadas durante los años 2010, 2011 y 2012, como también, el total de dinero que hemos cobrado en concepto de viáticos en ese período y las licencias pendientes de todos nosotros”.

La idea del juez generó un largo debate sobre el tema. Pero se impuso por mayoría la posición del ministro Daniel Alejandro Rebagliati Russell, quien manifestó que el proyecto sometido a consideración del pleno no podía ser votado favorablemente debido a que “no da respuestas a las objeciones que se han formulado en este debate, las que por sus características impiden votar la propuesta del modo en que se lo ha presentado”.

Según la intervención del ministro de la Sala Penal, los sueldos, viáticos y licencias que “se pretenden hacer objeto de publicación se encuentran reflejadas en instrumentos públicos susceptibles de control por parte de otros organismos del Estado provincial y de acceso al conocimiento de terceros, tal como lo estipula la ley de libre acceso a las fuentes de información”. Adhirió todo el resto. #