Los abogados del Codesddhh, Liliana Molinari y Martín Patiño, habían comenzado a valorar las pruebas y los testigos ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy cuando hubo un cuarto intermedio. Allí, los jueces Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz, ordenaron descolgar el crucifijo que estaba a sus espaldas.
La decisión, que había sido adoptada por pedido de las víctimas, venía a reflotar un tema que había planteado el entonces abogado querellante Juan Manuel Sivila, durante su alegato final del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, en el año 2013: “tan insidiosamente el terror habita todas nuestras prácticas cotidianas que inclusive aquí hemos llevado adelante todas estas audiencias bajo el signo de la tortura, me refiero a la imagen de esa persona torturada, allí arriba del estrado”, dijo Sivila en aquel momento, refiriéndose a la cruz que pende sobre el Jurado en casa todas las salas del país.
“En aquellos alegatos planteé que uno de los grandes déficits de los juicios en Jujuy era que no estaba completo el espectro de responsables. Faltaba el Obispo de Jujuy, (José Miguel) Medina, que era uno de los referentes importantes dentro de la corriente del integrismo católico, aquella fracción que había sido complaciente y cómplice de la dictadura militar”, dijo Sivila, actual fiscal ad hoc de Salta, a Infojus Noticias. “Lo grave eran, además, los efectos simbólicos que le atribuían varias víctimas a esa imagen como símbolo de tortura en un lugar donde se estaban juzgando torturas”, concluyó.
El Obispo José Miguel Medina murió en la impunidad promediando la década del ’80, cuando se desempeñaba como Vicario Castrense. Gran parte de los testigos del juicio anterior, y gran parte del actual, lo recuerdan dentro de los centros clandestinos pidiendo una confesión espiritual a los secuestrados, que luego transmitía a los jefes militares y policiales para que lo utilizara como información para la faz operativa de secuestros e interrogatorios. Hubo más de un miembro de la iglesia que actuó con esa modalidad: algún modo sui generis de oficial inteligencia. “Medina fue visto en todos los centros clandestinos del circuito represivo provincial, en el penal de Gorriti, En el Buen Pastor, en el de Guerrero”, explicó a Infojus Noticias Pablo Pelazzo, el fiscal ad hoc de delitos de lesa humanidad en Jujuy.
“La contracara fue el Monseñor Márquez, cura de Humahuaca, que acompañaba a los familiares a tratar de dar con los desaparecidos. Ellos estaban muy agradecidos con él, aunque estaba marginado”, expresó a esta agencia Dina Cardoso, sobrina del líder sindical minero que fue secuestrado y desaparecido, Avelino Bazán.
Roberto Trancoso, un sobreviviente del Penal de Gorriti, contó ante la justicia que “conoció a Monseñor Medina que les pedía declaraciones, preguntaba en que andaban, que hicimos, quienes nos llevaron a eso”. Venancio Cárdenas –obrero de la Mina El Aguilar- declaró, por su parte, que “Monseñor Medina llamaba a algunos compañeros para que se declaren culpables haciendo culpable a Bazán y (diciendo que de esa forma) le iban a dar la libertad”.
Las querellas del Codesddhh, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de víctimas particulares pidieron prisión de por vida para Carlos y Ricardo Ortiz, Marcelo Gutiérrez, Herminio Zárate, Antonio Vargas y César Darío Díaz. Están acusados de haber cometido privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidios y abusos sexuales. El turno del Ministerio Público Fiscal y las defensas será a partir del próximo 9 de mayo.
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