El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y la Fiscalía General serán los primeros en asistir hoy a la Legislatura Unicameral para referirse al proyecto de adhesión provincial a la Ley Nacional de Estupefacientes por el cual la Justicia provincial asumirá la competencia para la persecución y juzgamiento de delitos de narcotráfico considerados de menor envergadura.
Según trascendió, las encargadas de llevar la posición del Poder Judicial serán las vocales del TSJ Aída Tarditti y María Esther Cafure de Battistelli, y la fiscal General, María Cáceres de Bolatti, quienes plantearían modificaciones a la iniciativa oficial.
Con respecto a la creación del Fuero provincial de Lucha contra el Narcotráfico, previsto en el artículo 3 del proyecto del Poder Ejecutivo, las integrantes del Poder Judicial pedirían a los legisladores que se comience con dos Fiscalías nuevas, y no con tres, como indica el proyecto enviado por el Ejecutivo, más un Juzgado de Control.
También se solicitará a los legisladores que la ley no entre en vigencia de inmediato sino en un tiempo de entre cuatro a seis meses, que permita capacitar a empleados, jueces, fiscales y al Tribunal Superior.
El tema presupuesto también se planteará en la reunión de comisión. Según el artículo 2º del proyecto oficial, el Gobierno “requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, Servicio Penitenciario y prestación de Justicia”. Dicha situación despierta la desconfianza de los operadores judiciales, quienes temen que dichos fondos no lleguen nunca.