Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud) criticó ayer la reubicación temporaria de los menores detenidos en el Irar en cárceles de adultos, tal como resolvieron cuatro juezas de Menores de Rosario. Pero también aconsejó al gobierno provincial que cambie la órbita bajo la cual está el Instituto de Menores. «La experiencia de muchos años nos corrobora que los ministerios de Gobierno o Justicia malamente pueden cumplir con una función que no les es propia. Para ello está el Ministerio específico que es el de Educación», sentenció.
A pedido de la presidenta del Colegio de Abogados de Rosario, Araceli Díaz, y de Carmen Maidagan y Lilian Echegoy, de la Coordinadora de
Trabajo Carcelario, Carranza escribió sus conclusiones que serán giradas al gobernador Antonio Bonfatti.
«La urgencia de reacondicionar la infraestructura del Irar es evidente. Pero limpiar y reestructurar las instalaciones no implicaría necesariamente el traslado temporal de los menores de edad a una prisión de adultos», dijo Carranza, quien postula que «la situación del Irar sería una oportunidad para revisar la situación jurídica de los menores de edad privados de libertad, y eventualmente beneficiar con su libertad a aquellos que lo ameriten, cumpliendo así con la convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que establece que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda».
En este sentido «se podría hacer la limpieza y reacondicionamiento sin retirar del Irar a los menores de edad allí alojados. Vaciar un pabellón, trasladar sus ocupantes a otro, y refaccionar el pabellón vacío; y así sucesivamente, hasta refaccionar todos los ambientes. Ello no sería difícil pues se trata de una población fluctuante de entre 30 y 40 menores de edad para distribuir en seis pabellones y celdas individuales existentes. Esta opción incluye la posibilidad de entusiasmar a los menores de edad con la tarea y hacerla con su cooperación».
Carranza también propone «trasladar a los menores de edad a otra posible instalación existente que no sea una prisión de adultos» y solo acepta que sean llevados «temporalmente a una prisión de adultos mientras se llevan a cabo los trabajos en el Irar, pero solo si se los lleva a un pabellón o compartimiento completamente separado de los privados de libertad adultos, y solo por un tiempo determinado».
Por las dudas, aclara que «si se utiliza esta opción es importante ser muy realistas en lo que se proyecta, ya que las soluciones temporales suelen resultar permanentes».
Carranza recuerda que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los estados partes deberán «implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos y fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, hacer que los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad».
Por eso, remarca Carranza, «Ilanud promueve en los países de América Latina y el Caribe que los establecimientos para alojar a las personas menores de edad privadas de libertad no estén a cargo de los Ministerios de Justicia o de Gobierno sino de los Ministerios de Educación. Lo que eventualmente podría quedar a cargo de tales ministerios sería la custodia perimetral, pero no las funciones al interior de los institutos, que deben ser esencialmente educativas y estar a cargo de pedagogos».
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