Desde el inicio de la gestión actual del Ministerio de Seguridad un total de 78 empleados policiales de la provincia fueron pasados a disponibilidad por encontrarse implicados en situaciones de apariencia irregular o de presunta índole delictiva. El 40 por ciento de esos funcionarios desafectados prestaba servicios en el departamento Rosario.
El pase a disponibilidad es una medida disciplinaria provisoria que supone grado razonable de sospecha contra aquel que la recibe pero que puede levantarse en caso de que, al completarse los sumarios internos de la fuerza o judiciales, no se encuentren méritos para la destitución del cargo, o bien quede claro que el empleado es ajeno a la conducta denunciada.
El efectivo alcanzado por la medida debe, mientras tanto, hacer entrega del arma reglamentaria y de la credencial policial. Queda momentáneamente privado de destino y además se le impone una afectación sobre su haber mensual.
La cifra de 78 policías puestos en disponibilidad en cinco meses es la más alta que se recuerda en el arranque de una gestión de gobierno. El período indicado va desde el 12 de diciembre pasado hasta la fecha, que es el lapso que el ministro de Seguridad, Leandro Corti, lleva en funciones. La disponibilidad no supone declaración de culpa y los que sean capaces de sortearla deben ser reintegrados a sus funciones. Pero su sentido no es inocuo: parece llevar adherida como mensaje la intención firme de no tolerar acciones oscuras o inadmisibles en la mayor fuerza de seguridad provincial.
Los delitos. De acuerdo a la información oficial los delitos presuntos atribuidos a los policías son variados. Abarcan facilitamiento de evasión, incompatibilidad de funciones, abandono de servicio, abigeato de ganado menor, robo calificado, abuso de armas, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, encubrimiento agravado, coacciones y amenazas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias y falsedad ideológica de instrumento público.
En Rosario, que con 5 mil empleados es la mayor regional policial, desde el 12 de diciembre al presente fueron puestos en disponibilidad 32 efectivos. En Santa Fe, que le sigue en dimensiones, hay 19 funcionarios de la fuerza bajo la misma medida disciplinaria.
Estas resoluciones tienen como perfil significativo haber alcanzado a empleados de jerarquías menores pero también a oficiales con mando. En la Unidad Regional II, por ejemplo, está en disponibilidad un comisario inspector que fue hasta marzo jefe de la Tercera Zona de Rosario (ver página 33), donde se produjo el hecho más cruento en lo que va del año, el asesinato de tres jóvenes en la villa Moreno. Este alto oficial fue desplazado junto a su chofer a raíz de la investigación de este suceso, por delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, por los cuales ya tienen ambos imputación judicial.
Otra medida de este tipo conocida la semana pasada fue aplicada en la capital provincial a un subcomisario de la Unidad Regional I que fue acusado a viva voz en un procedimiento por una persona con antecedentes por comercialización de drogas por recibir sobornos para poder desarrollar su actividad ilícita.
A principios del mes pasado en Rosario habían relevado a cinco empleados policiales de distintos niveles, un comisario entre ellos, que cumplían funciones en la alcaidía de la Jefatura de Unidad Regional II, por su presunta responsabilidad en la evasión de un interno de la mencionada dependencia. La cartera de Seguridad está informada, ahora, de que el preso que se escapó dijo haber estado en connivencia con la guardia. Eso lo habría dicho al ser capturado en un caso que la fuerza, según fuentes internas, no documentó.
Viejos problemas. Estas medidas también entrañan desórdenes históricos con graves efectos tanto administrativos como en la práctica policial. Tiene que ver con la tardanza de sumarios que demoran años en resolverse. Eso ha ocasionado situaciones injustas para efectivos a los que, sin que se les compruebe culpa, permanecen largo tiempo con sus ingresos afectados, fuera de servicio e incapacitados para ascender.
A veces es al revés y las resoluciones que no llegan amparan a empleados infieles. Es el caso de Luis Alberto Gastaminza, de 51 años, quien pasó a disponibilidad tras afrontar una serie de causas penales. El hecho de estar imputado en varios ilícitos, el último el homicidio en 2010 de un policía que se dedicaba al delito, no implicó su destitución. Su sumario interno se mantuvo durante años abierto e inactivo.
Otra evidencia increíble del colapso administrativo quedó de manifiesto con la detención de ocho policías rosarinos —luego procesados por robo— por ingresar sin orden judicial al domicilio de un comerciante chino. Esto ocurrió en Avellaneda al 1600 el 30 de septiembre del año pasado. Cuando estos policías estuvieron detenidos se detectó algo asombroso: tres de ellos esperaban sentencia por un delito previo y estaban en disponibilidad. Sin embargo prestaban servicio activo en el Comando Radioeléctrico.
Mejorar el control. Corti dijo a La Capital que para evitar estas situaciones la cartera a su cargo ordenó que los sumarios administrativos sean sustanciados por el Departamento Judicial (D-5), dependiente de la Jefatura de policía provincial, con el propósito de llevar un riguroso control por parte del ministerio «que impida que los expedientes abiertos se conviertan en un trámite eterno con los efectos perniciosos que eso implica».
Hay una situación técnica que debe ser zanjada. Cuando un policía está en disponibilidad por una causa que tramita también en Tribunales el sumario interno no puede cerrarse hasta que el expediente judicial concluya. «Por eso hubo reuniones con los titulares de la Cámaras Penales a fin de que se lleven a un ritmo razonable los casos en que haya funcionarios policiales acusados», dijo el ministro.
