Empezó como ocurre casi siempre: con una llamada anónima. El 22 de febrero, día de su cumpleaños, Sebastián Basalo, director de la revista THC, fue denunciado por un vecino. Un tal «Osvaldo» lo acusó de tener cien plantas en su terraza. La policía envió la denuncia al juez. El juez envió a tomar fotos. Las fotos confirmaron que eran veinte. Lo normal hubiera sido el allanamiento para determinar, posteriormente, si se trataba de consumo o tráfico. Pero Basalo tuvo suerte: recibió la advertencia de un vecino que vio cómo fotografiaban sus plantas, y salió corriendo a presentar un hábeas corpus en Comodoro Py.
Tres meses después el juez Sergio Torres falló sobre el caso, lo sobreseyó y la militancia canábica consiguió un nuevo triunfo: la declaración de inconstitucionalidad del anteúltimo párrafo del art. 5° de la ley 23.737, que condena al cultivo para consumo personal, con penas que van de un mes a dos años de prisión. «Pero además, en este caso, el Estado trabajó en ver si un cultivo es para comercio antes de allanar y someter a una persona a un juicio penal”, explicó Basalo a Tiempo Argentino.
–¿Qué novedad implica la decisión de Torres respecto al fallo de la Corte de 2009?
–Después de la declaración de inconstitucionalidad de la tenencia para consumo personal hubo un montón de sentencias que acataron la línea de la Corte, extendiendo la inconstitucionalidad a los cultivos. Otros jueces incluso empezaron a aplicar otro fallo que habla de que si el Estado no logra demostrar comercio, es consumo. Es decir, que el comercio no se presume. Y esto se utilizó en casos con 29 ó 60 plantas. Lo importante de este nuevo fallo es que Torres les está diciendo a los jueces que no tiene sentido movilizar todo un aparato judicial y policial para una investigación que puede hacerse antes de allanar, y así evitar la vulneración de derechos reconocidos por la Constitución.
–¿Se podrá aplicar ese criterio en juicios futuros?
–Nosotros descubrimos las tareas de inteligencia antes y eso no es generalizable. Pero los jueces hablan a través de sus sentencias y el mensaje de Torres es claro: es necesario ahorrarse todo el procedimiento. Creo que muchos jueces van a poder hacer uso de ese criterio.
–¿Aún hay resistencia de jueces y fiscales?
–Se avanzó mucho en jurisprudencia, pero los fallos de la Corte no son obligatorios, se los suele respetar por una cuestión de economía procesal. Hay quienes sostienen que se debe seguir penalizando. Pero en este momento en el que está en juego la consigna de democratizar la justicia, se da una paradoja rara: para este tema el poder más conservador termina siendo más progresista que los otros dos. Porque no se terminará con la criminalización hasta que no se consiga la ley.
-El fiscal Carlos Stornelli rechazó la inconstitucionalidad con el argumento de que el consumo afecta al entorno social del consumidor, ¿esa idea aún tiene arraigo en la justicia?
-Tiene un gran arraigo, sobre todo donde más peligro acarrea: los fiscales. Creo que esos criterios están lejos del derecho y cerca de la moral. Y que la Constitución es muy clara en eso. «
