En el curso de 2015, después de una demora de 21 años, en los tribunales de Lomas de Zamora, se realizará el juicio oral y público contra ocho –o tal vez nueve– policías bonaerenses involucrados en la llamada Masacre de Wilde, donde murieron cuatro hombres que fueron literalmente fusilados por los agentes, quienes los confundieron con unos presuntos delincuentes a los que estaban persiguiendo. Luego de una investigación llena de obstáculos y contramarchas que en algún momento llevaron a la absolución de todos los policías involucrados, la Justicia –en septiembre del año pasado– elevó a juicio la causa contra ocho de los once uniformados señalados desde el principio como los autores de los más de 240 disparos que terminaron con la vida de cuatro personas, mientras que una quinta se salvó de casualidad. La acusación se limitaba a los ocho agentes, porque dos de los policías habían fallecido y un tercero, Marcos Ariel Rodríguez, estaba prófugo. Ahora, con Rodríguez finalmente detenido (ver aparte), la intención del juez de Garantías Gabriel Vitale es que los nueve compartan el banquillo de los acusados en el mismo juicio oral, sin tener que esperar una segunda parte.

Hoy se cumplen 21 años del cuádruple crimen, a manos de un grupo de integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús, uno de cuyos jefes era en ese entonces Juan José Ribelli, luego detenido, procesado y finalmente absuelto en la causa por el atentado contra la AMIA. Ese 10 de enero de 1994 fueron acribillados a balazos el vendedor de libros Edgardo Cicutín, el remisero Norberto Corbo y sus dos pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa. El ataque de los policías fue en dos etapas, contra dos automóviles en los que iban las víctimas. En el auto donde iba Cicutín estaba también el librero Claudio Díaz, el único sobreviviente.

Los primeros ocho policías que serán llevados a juicio, acusados por el fiscal Sebastián Scalera, son el comisario inspector Roberto Mantel, el comisario Hugo Reyes, el capitán Osvaldo Lorenzón, los subtenientes Marciano González y Pablo Dudek, y los ahora policías retirados Julio Gatto, que trabaja como empleado, y Marcelo Valenga, que hoy es comerciante, igual que el ex prófugo Marcos Ariel Rodríguez, que tenía un negocio en la ciudad cordobesa de La Falda. Los otros dos acusados en la primera etapa de la investigación, a cargo de la jueza Silvia González, fueron los policías César Córdoba y Carlos Saladino, ya fallecidos.

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, que ya había rechazado los pedidos de nulidades presentados por el abogado Luis Galtieri en favor de los primeros ocho policías imputados, también hizo lo mismo con una presentación similar en favor del ex prófugo Rodríguez. “La causa está ahora en la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que seguramente va a rechazar los recursos, posiblemente en febrero; nosotros confiamos en que no van a producirse más dilaciones porque los recursos de la defensa no pueden prosperar, porque incluso en algún caso ya fueron rechazados en otra etapa del proceso y creemos que este año vamos a tener el juicio oral”, dijo a Página/12 Ciro Annicchiárico, quien representa a Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín, y a los hijos del vendedor de libros.

Respecto de los ocho imputados mencionados en el primer auto de elevación a juicio, Annichiárico dijo a este diario que tienen “información de que dos de los procesados que van a ser llevados a juicio están todavía en funciones, y con cargos altos, en la Policía Bonaerense”. Sobre los pasos a seguir, antes de la apertura de la audiencia, el abogado recordó que en la provincia de Buenos Aires las pruebas ofrecidas por las partes forman parte del texto de la elevación a juicio, aunque antes del comienzo del debate los jueces del tribunal deciden “cuáles pruebas se van a admitir y cuáles no”.

La causa por la Masacre de Wilde, luego de un largo y penoso recorrido para los familiares de las víctimas, fue reabierta a partir de un fallo producido en diciembre de 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que consideró que se trató de una “grave violación de los derechos humanos con aptitud para comprometer la responsabilidad internacional del Estado” argentino.

El 10 de enero de 1994, entre once y quince integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús, vestidos de civil, interceptaron el paso de los ocupantes de un Dodge 1500 y un Peugeot 505 en el que supuestamente creyeron que viajaban presuntos delincuentes. Los agentes, en forma sucesiva, atacaron a los ocupantes de los dos vehículos y realizaron unos 240 disparos de Itaka. En esas circunstancias fueron asesinados Cicutín, Corbo, Mendoza y Bielsa, mientras que Claudio Díaz pudo salir con vida. La causa llega a juicio oral como “cuádruple homicidio y tentativa de homicidio”, en relación con Díaz.

En distintas investigaciones, judiciales y periodísticas, se señaló que el feroz operativo podría haber sido intencional, porque al parecer al menos algunos de los policías involucrados estaban buscando a unos narcotraficantes que se habían quedado con algo que los uniformados reclamaban como propio. Eran los años de Pedro Klodczyk como jefe de policía del ex gobernador Eduardo Duhalde.