JUAN JOSE REYES
En la actualidad, las cárceles provinciales de las Unidades Regionales I y II tienen 195 internos, de los cuales 142 no tiene sentencia judicial firme. Solo 53 están procesados y 31 tienen prisión preventiva.
Un exhaustivo monitoreo realizado en alcaidías y comisarías de las Unidades Regionales I y II de Santa Rosa y General Pico, respectivamente, pone en evidencia un problema que trasciende el análisis de los reclusorios, más allá del ámbito de la seguridad. A mayo de 2014, provenientes de causas en la Justicia provincial, hay 195 detenidos de los cuales 142, es decir el 73%, no tiene sentencia judicial firme. Solo 53 están procesados y 31 están con prisión preventiva. Actualmente, no tienen cupos en las cuatro cárceles del Sistema Penitenciario Federal (unidades 4, 13, 25 y 30), donde hay 461 presos.
Si se suman los encarcelados en el SPF y en las alcaidías y comisarías de la Policía de La Pampa, se alcanza una cifra de 656 personas privadas de la libertad. Casi el 50% de ellas lo está por delitos contra la propiedad y las personas; el 30% por delitos de instancia privada (abusos sexuales, violaciones, entre otros) y el 20% restante por otras causas, como homicidio, y lesiones.

Principio de inocencia.
Esta preocupante realidad muestra una de las deudas que la Justicia pampeana tiene con la sociedad: la inadmisible demora en la realización de la etapa instructoria de los casos, paso previo para llegar al juicio oral del que surgirá la primera sentencia.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la privación preventiva de la libertad (en la UR 1 alcanza al 38,5% de los detenidos), situación en la que se encarcela a un imputado que no tiene sentencia firme de culpabilidad, es un instituto que amenaza y muchas veces viola el principio de inocencia. Todavía esperan la sentencia, o bien ésta fue apelada y sobre ella aún no se ha expedido la cámara correspondiente.
Tal regla impide que se trate como culpable a una persona a quien se le atribuye haber cometido un delito, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto los órganos judiciales pronuncien una sentencia firme de culpabilidad. Como puede apreciarse en los números de los residentes carcelarios en La Pampa, casi las dos terceras partes de los que habitan no tienen sentencia judicial firme.
El uso de la prisión preventiva es sintomático del modo en que es pensada y aplicada la coerción penal. Ya sobre 142 casos sin sentencia firme hay 30 con prisión preventiva y en muchos casos sus procesos están en fase de investigación o esperan nuevo debate con el alto costo monetario que ello implica para las arcas provinciales.
Todos los datos y estadísticas brindados se sustentan en las planillas oficiales provistas al 2 de mayo último tanto en alcaidías como comisarías locales de la UR-I (Santa Rosa, Toay, Eduardo Castex y Catrilo) y en la UR II (General Pico, Intendente Alvear, Quemu Quemu, Trenel, Ingeniero Luiggi, Caleufu, Rancul y Parera).

Robos y abusos lideran el ranking.
La radiografía del funcionamiento de las cárceles en las decenas de comisarías y las dos alcaidías locales en las dos principales circunscripciones judiciales y del SPF en La Pampa es impactante. A la fecha hay en las unidades penitenciarias 656 personas privadas de la libertad, de las cuales 572 son hombres y apenas 84 mujeres.
Pero más preocupante es si se ahonda la problemática en la justicia local. Allí podrá observarse, según los datos oficiales obtenidos, que sobre un total de 195 internos privados de su libertad en cárceles y alcaidías de la justicia pampeana, 142 (el 72,9%) son internos que están en algunos casos bajo el régimen de prisión preventiva, es decir sin condena firme, mientras que suman 53 (27,1%) los que han recibido sentencia definitiva en la justicia pero todavía no tienen cupos asignados en las Colonias Penales.
En las cárceles locales y en menor medida en los reclusorios federales afincados aquí, la mayoría de los presos está imputada por robos o intentos de robo, infracciones a la ley de drogas o por delitos contra la seguridad pública. Pero lo que llama poderosamente la atención es la cantidad creciente de delitos por abusos a la integridad sexual. El caso de la segunda circunscripción, con asiento en General Pico, es más grave aún. La cantidad de presos que están dentro del radio de la UR-II, al 2 de mayo pasado, era de 88 presos, donde casi un 32%, es decir 28 de ellos, lo están por abusos sexuales, violaciones o facilitación de la prostitución.
En cambio en la I Circunscripción dicho guarismo cae al 15,2% y porcentualmente crece más en los delitos contra la propiedad y las personas. Por edades de los reclusos en las dos principales regionales de la provincia, el 33% viene de una franja etaria de 18 a 24 años; 35% de 25 a 34 años; 22% de 35 a 44; 7% de 45 a 54; 2% de 55 a 64 y 1% a más de 65 años.
Entre los que tienen sentencia firme predomina ampliamente la condena por tres años de prisión (21 casos); 6 y 8 años (5 cada uno); 4 años (4); 11 años (3); 14, 13, 10 y 5 años (2 cada uno) y uno con 17 y 20 años respectivamente.
Pero la Justicia no es la única responsable de esta deuda, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Ministerio Público Fiscal (MPF) le han reclamado reiteradamente al Gobierno que acelere el nombramiento de nuevos cargos (hay 1.142 empleados) y los 369 millones de pesos asignados al Poder Judicial son escasos (169 millones al STJ; 71 al MPF; 25,5 a las cámaras de apelación; 77,6 a primera Instancia y 24 millones de pesos a los Juzgados de Paz, entre otros.

Las mujeres casi no delinquen.
Solo hay cuatro mujeres entre los 166 detenidos por la justicia local, muy pocas en comparación con las existentes en las cárceles con control federal en la provincia. Estos casos corresponden a cuatro causas muy conocidas: una mujer de General Pico que está siendo juzgada por facilitación de corrupción de menores; un caso de lesiones graves entre féminas; un abuso sexual agravado y una causa por drogas, con competencia de la justicia federal.
En el ámbito del SPF hay 84 mujeres entre rejas, es decir, una relación muy superior ya que trepa al 18,3% de los presos cuando en el ámbito regional apenas alcanza al 2,5%. Los expertos consideran que existe una cascada de aspectos que influyen en la baja tasa de criminalidad de las mujeres, especialmente biológica y sociocultural. Las variables que redundan en la escasa tasa de delitos femeninos son la influencia del entorno y las medidas de control informal (la familia y la escuela, entre otras), las cuales son muchos más severas y eficientes con la mujer.
De tal suerte que pocas veces hacen necesaria la intervención de las instancias de control formal (la policía, los tribunales, las cárceles) que ponen límites a sus transgresiones. Se cree que el delito en la mujer está influenciado por lo que vive en su entorno. El incremento de los delitos contra la salud pública (consumo y tráfico de estupefacientes) es el causante del aumento de la población reclusa femenina.

La situación en las cárceles federales.
La sobrepoblación en las cuatro cárceles con control federal en La Pampa sigue en constante aumento, razón por la cual muchos presos (el 27% ya tiene condenas firmes) siguen alojados en celdas de comisarías y alcaidías. Es que el SPF resulta chico para tanta cantidad de delitos y los cupos asignados escasean. La totalidad de presos recluidos en colonias penales e institutos correccionales de mujeres, asciende a las 461 personas.
La más importante, y más antigua también, ya que su fundación data de abril de 1940, es la Colonia Penal de Santa Rosa (Unidad 4) con celdas individuales distribuidas en cuatro pabellones de alojamiento con esquema en paralelo en el que hay 322 detenidos. También en la capital pampeana está el Instituto Correccional de Mujeres Nuestra Señora del Carmen (Unidad 13) desde abril de 1942 con 70 internas. Además desde marzo de 1982 funciona el Instituto de Menores «Dr. Julio Antonio Alfonsín» (Unidad 30) destinada al tratamiento personalizado de jóvenes-adultos entre 18 y 21 años con 21 internos. En General Pico está el Instituto Correccional Abierto (Unidad 25) con un régimen carcelario abierto con 48 internos funcionando desde 1964.

http://laarena.com.ar/la_ciudad-en_la_pampa__el_73__de_los_presos_no_tiene_condena_firme-114063-115.html