Además, faltan cifras oficiales sobre madres encerradas y niños afectados por la detención de sus madres, advierte el OVG, que presenta su informe el próximo 28 de noviembre en La Plata.
En la Unidad Nº 33 del Complejo que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tiene en Los Hornos, donde vive el 26% de las detenidas de la provincia, del total de 286 mujeres encarceladas sólo 89 han sido condenadas. El resto sólo ha sido procesada. Esta relación entre condenadas y procesadas espeja lo que ocurre en el resto de las cárceles bonaerenses, según el anticipo del informe anual del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo provincial.
La libertad debe ser la regla durante la sustanciación de un proceso penal y la prisión preventiva, en cambio, una medida excepcional, por ser “la más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito”, estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004. Pero en las cárceles de la provincia de Buenos Aires los números siguen reflejando una tendencia contradictoria a la premisa internacional.
En las mujeres detenidas, el OVG relevó los efectos particulares que produce la prisión preventiva, y expresó que en los últimos años se ha incrementado la población femenina en cárceles bonaerenses, principalmente por la aplicación de la conocida ley federal de drogas Nº 23.737.
Desde 2006 aumentó sostenidamente la cantidad de detenidas, por una “criminalización de mujeres pobres” imputadas sobre todo por la aplicación de esta ley de tenencia y tráfico de estupefacientes. Entre 2011 y 2012 se iniciaron 2.211 causas a mujeres por los delitos tipificados en ella (por ejemplo, tenencia simple o facilitación gratuita de estupefacientes, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización), según datos proporcionados por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense.
En cuanto a los niños y niñas afectadas por la detención de sus madres, se desconoce la cantidad precisa. Tampoco se sabe qué porcentaje exacto de mujeres están encarceladas con sus hijos, ya que según el OVG las autoridades del SPB no llevan un registro actualizado sobre estas dos cuestiones. Como parámetro, en la Unidad 33 el 90% de las detenidas son madres y sólo el 24% (70 mujeres) convive con algunos de sus hijos menores de 4 años.
Propuestas
Entre las iniciativas del OVG está elaborar un protocolo de “buenas prácticas” que contemple la particular situación de las mujeres y niños/as, desde una perspectiva de derechos humanos y género. En ese sentido, el organismo se encuentra elaborando junto a la Procuración General una serie de “Lineamientos para el tratamiento de la situación de mujeres imputadas de delitos”. Propone, por ejemplo, que los agentes fiscales al momento de solicitar medidas restrictivas de la libertad procuren evitar que la privación preventiva se aplique de manera generalizada sin analizar los efectos particulares que la medida produciría sobre los hijos/as a cargo de la mujer.
El OVG plantea a la vez como acción desde la Corte establecer criterios de interpretación de la normativa vigente en materia de prisión domiciliaria y revisar la interpretación actual en cuanto a los requisitos para el dictado de medidas preventivas en el caso de mujeres con hijos/as.
Como anticipó OTROS CÍRCULOS, el monitoreo del OVG alerta además acerca de la violencia en el sistema de salud y las falencias en prevención y acceso a la justicia para las bonaerenses que enfrentan situaciones de violencia. La versión completa del “Monitoreo de Políticas Públicas y Violencia de Género”, coordinado por Laurana Malacalza, Irma Colanzzi y Carolina Racak, se presentará este 28 de noviembre en La Plata.
