«No es necesario fundamentar», dijo el senador provincial Ricardo Kaufmann, del Frente para la Victoria. De esta manera se refirió al rechazo de los legisladores del Partido Justicialista y del PRO a la designación de Enrique Font para el cargo de auditor general de gestión del Ministerio Público de la Procuración. No importó el concurso que el candidato había ganado con una diferencia de 16 puntos sobre el segundo; no importó que el jurado no hubiera sido impugnado, y tampoco había que dar explicaciones. Pero la discusión no termina, porque los fundamentos y las razones parecen más que necesarias, con el significado político del episodio y su proyección en la reforma del proceso penal en Santa Fe, esa antigualla que asombra a los especialistas y sufren quienes son víctimas de su funcionamiento, como el caso testigo del albañil Rubén Luis Godoy, diecinueve años preso por un crimen que no cometió.
«Hubo un mensaje de la oposición al gobierno de la provincia: no importa lo que digan los jurados, nosotros tenemos los votos para cambiar las cosas», dice Font. Fue el 3 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa rechazó por 42 votos contra 22 la designación del criminólogo, después de haber sido elegido por un concurso, el 9 de noviembre del año pasado. La negativa encendió la polémica, que derivó en otros incidentes, como la cuestión de privilegio promovida por el senador Raúl Gramajo a raíz de una nota periodística.
—¿El rechazo del pliego fue una sorpresa?
—Conversando con gente de la Legislatura, del PJ y del oficialismo, lo que todo el mundo me adelantaba era que no debía haber problemas. Había ganado el concurso con una diferencia inusual, no hubo impugnaciones y me sobraban antecedentes para el cargo. Yo me esperaba algún nivel de discrepancia ideológica, porque hay sectores de la legislatura con los que tengo marcada discrepancia y más que eso, algún nivel de fricción: haber pedido la integración de una comisión investigadora por la represión de diciembre de 2001 y después haber integrado una comisión no gubernamental generó tensiones con los bloques del reutemismo. Hay sectores de la policía, a veces usando a Apropol de vocero, que hacen una crítica intensa contra quienes tenemos posiciones sobre democratización de la seguridad y control de la institución policial. También los sectores más conservadores del Poder Judicial, los que han hecho su carrera a la sombra de los esquemas anteriores de designación, los que no lograron investigar a un solo policía por no justificar su crecimiento patrimonial: un sector que prescribe causas, que no investiga. No se me escapaba este cúmulo de cuestiones, pero lo que todo el mundo me decía era que jamás se había rechazado un pliego. Un legislador para votar en contra de un pliego tiene que encontrar algo fuerte y sólido, más con un dictamen tan claro de un jurado, con un jurado que no fue cuestionado por los participantes. Cuando me enteré cómo se conformó la comisión de acuerdos, me preocupé.
—¿Por qué?
—Era una constelación más bien representativa de estas posiciones que estoy marcando. Creo, de todos modos, que se cruzaron muchas cosas. Fue un mensaje para el gobierno, claramente. El mensaje fue: no nos importan los concursos, los votos los tenemos nosotros y las decisiones van a tener que venir a hablarlas. De hecho, fue lo que terminó ocurriendo: dos semanas después el ministro de Justicia Juan Lewis se reunió con la Comisión de Acuerdos. Tendría que haberlo hecho antes de que llegara mi pliego, para saber qué pensaba esa comisión. En la entrevista, pregunté si daba por leído el plan de trabajo. No, me dijeron; era obvio que unos cuantos no lo habían leído. Faltó un trabajo previo del Ministerio de Justicia: no se conocía qué era el cargo. en los argumentos para rechazar el pliego quedó claro que los legisladores lo confundían en términos de sus funciones con el cargo de fiscal general, que hace un año está concursado y ostenta Julio de Olazábal.
—¿En qué consiste el cargo de auditor?
—Es un cargo de auditoría, de monitoreo. El auditor establece indicadores, marca buenas y malas prácticas, sobre los fiscales y los fiscales adjuntos, ni siquiera sobre los fiscales regionales. Monitorea el cumplimiento de las instrucciones del fiscal general, articula con organizaciones de la sociedad civil para ver si hay quejas, denuncias y demás y tiene una función disciplinaria bastante particular en un sistema acusatorio interno: es quien toma la acusación del funcionario que pudo haber cometido una falta grave. En paralelo, es un órgano de apoyo a la gestión del fiscal general. Básicamente, no da instrucciones a los fiscales. bueno, las preguntas y el único argumento que dieron para el rechazo del pliego tenía que ver con decir «va a dirigir a los fiscales y para eso tiene que ser abogado; va a litigar». Yo acredité casi diez años de ejercicio de la profesión
—También te impugnaron, en los medios, por haber sido funcionario del gobierno de Binner.
—De eso se fueron desdiciendo. El argumento que dieron en la Asamblea Legislativa es que no quisieron dar argumentos. Hubo un debate entre los diputados, que se puso ríspido en un momento cuando un diputado de Cien por Ciento Santafesino dijo que lo iba a agarrar en el baño a otro… Fue una sesión fea. En ese contexto, el senador Kaufman, presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado y de la Comisión de a Acuerdos, dio este argumento: no tiene experiencia en la justicia, no tiene experiencia como abogado. Que no tengo experiencia en la justicia, es verdad; que no tengo experiencia como abogado, no es cierto, porque es uno de los requisitos para el cargo y acredité mis años de trabajo como abogado. Lo curioso es que para fundamentar este argumento empieza a explicar el cargo y se confunde, habla de las funciones del fiscal general. El auditor general podría ser un sociólogo. Lo que hace es investigación empírica de lo que el fiscal general dice que hay que hacer, establece indicadores cualitativos y cuantitativas, una base de datos para monitorear. El sistema nuevo no va a ser escrito, con lo cual hay que hacer monitoreo en tiempo real, o sea, observaciones de audiencias, encuestas de calidad a las personas que fueron víctimas de un delito, vínculos de trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Otra cosa extremadamente criticable: el control de la Legislatura es un control político; el control técnico para desempeñarse en el cargo es lo que hace el jurado. Una fiscal general, digamos, entiende bastante más que Ricardo Kaufman respecto de cómo se hace una auditoría o como funciona una fiscalía. Además yo aporté 67 avales institucionales y personales, donde están todas las instituciones con trayectoria en esta materia, que básicamente están confirmando lo que dice el jurado, que tengo capacidad técnica, cierto recorrido y además independencia política.
—¿Por qué te parece, entonces, que fue rechazado?
—Pasaron muchas cosas. De parte del gobierno, se durmieron. Se quedaron tranquilos pensando, como pensábamos todos, que el pliego se iba a aprobar. No hubo una construcción de consenso con los diputados, ni hubo un trabajo del Ministerio de Justicia en términos de explicar el cargo y los concursos: algo que antes hacía el diputado Pablo Javkin. Del lado de los nueve bloques del justicialismo, salían de una interna por elecciones de autoridades partidarias bastante tensionada, de disputas duras por la presidencia de la Cámara de Diputados y la conformación de las comisiones y de cómo se posicionaban respecto de los proyectos que envía el gobierno. Mi pliego quedó en el medio de todas esas cosas: quedó en el medio de la rosca chica. Es entendible que una Legislatura tenga esas cuestiones pero no es razonable que no pueda construir una lógica más coherente en términos de política pública. Lo que se estaba discutiendo no era la relación gobierno-oposición era básicamente la designación de un funcionario por un cargo clave de la reforma que había ganado un concurso. Esto fue impulsado por un sector. Es decir, Alejandra Vucasovich del Pro, Ricardo Kaufman, Mario Lacava, Rubén Pirola —el obeidismo—. Y se pliega alguien que yo no esperaba, Lisandro Busatto, que viene del Frente para la Victoria. No lo esperaba porque mi posición tiene mucha afinidad con las posiciones que tiene el gobierno nacional en materia de seguridad y justicia desde 2003. El voto de los diputados y senadores del Frente para la Victoria es inconsistente con las posiciones del gobierno nacional y con las posiciones de Agustín Rossi, y también inconsistente con iniciativas como la de crear una comisión investigadora del triple crimen de Villa Moreno.
—Además se generó un incidente con el senador Raúl Gramajo.
—Yo no lo tomo como una cuestión personal. Sé que es senador, pero no tengo idea de su obra. Creo que no saben cómo justificar una decisión que esperaban que pasara como pasan estas decisiones. La gente que hacía carrera en el viejo Poder Judicial está acostumbrada a presentarse a veinte concursos, a que le vaya mal hasta que los planetas se alinean y sale designada. Eso implica que en las anteriores diecinueve veces se callan la boca. Yo no soy de los que funcionan de esa manera, me presenté a un concurso y lo gané, con avales y apoyo de militantes políticos incluso de sectores que votaron en contra de mi pliego. ¿Por qué plantean una cuestión de privilegio? Ahora estamos hablando de libertad de expresión; vamos de mal en peor con las posiciones de algunos legisladores. Todos los medios gráficos de Rosario salieron con notas muy críticas sobre el tema, pero el senador se la agarra con una cooperativa de trabajadores de prensa.
—¿Qué proyección tiene el rechazo del pliego?
—El mensaje que dio la oposición en la Legislatura es: no nos importan los concursos, no nos importa dar argumentos sobre lo hacemos. Hace pensar que lo que quieren es volver a los viejos tiempos donde los jueces se designaban por acuerdos políticos, en un estudio jurídico. Hay muy buenos funcionarios judiciales; y de otros no sabemos cómo llegaron al cargo, porque el sistema no es transparente.
Fuente: http://www.lacapital.com.ar/ed_senales/2012/6/edicion_176/contenidos/noticia_5051.html
