Más de 200 personas integrantes de defensorías públicas de todo el país, se reunieron en Paraná con el objetivo de “compartir experiencias, buenas prácticas, y desarrollar modelos de afirmación de lo que estamos buscando todos, que es la autonomía de la defensa pública”, dijo a UNO la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
Las II Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial se llevaron a cabo el lunes y martes en la capital de Entre Ríos, provincia que tiene un modelo de defensa pública autónomo, a diferencia de otras donde el defensor depende de un fiscal o del Superior Tribunal de Justicia: “El objetivo es que siguiendo una resolución dictada por la organización de Estados Americanos, y tomando el modelo de la Constitución Nacional, en todas las provincias se tienda a tener una defensa pública autónoma, porque entendemos que de esa manera no solo se defiende mejor, con mayores armas en las causas penales, sino que también se puede garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables”, explicó Martínez.
En este sentido, la defensora general dijo que “en aquellas provincias donde la defensa pública es autónoma, tiene presupuesto propio y puede manejar sus recursos, las defensas son muchos más fuertes, porque cuando depende de otro poder normalmente es relegada, y los recursos van primero para los jueces, después para los fiscales y en último término para los defensores”.
“Lo central es el manejo del poder”
Tal vez este relegamiento de la defensa de los acusados de delitos tenga que ver con cierta tendencia de la sociedad hacia la acusación, pero esto no sería novedoso: “Es histórico -aseguró Martínez-. Nosotros antes formábamos parte del Poder Judicial, y es cierto que a veces tiene mejor prensa la labor del fiscal y la del juez, porque a la gente a veces le cuesta entender parte de nuestro trabajo”. La otra parte a la que se refiere la defensora general, además de la asistencia legal a personas acusadas de delitos, “es garantizar el acceso a la Justicia de la gente pobre: interponer amparos de salud, acciones civiles, tiene que ver con la violencia de género, esto también lo hacemos los defensores, y está legitimado por la opinión pública. Pero muchas veces, como tenemos que defender a los acusados de delitos porque es nuestra obligación, es mas fácil que se produzca una descalificación mediática. Pero lo central es el manejo del poder, siempre el que tiene el poder va a readjudicar los recursos para sí mismo”.
“Ir a los barrios”
Para Martínez, el acceso a la Justicia por parte de las personas sin recursos y sin la posibilidad de contratar a un abogado particular, “ha mejorado mucho y sigue mejorando. Es un proceso muy largo, porque son cuestiones que traen siglos, revertir este proceso requiere un cambio cultural y social”.
Para esto destacó un programa del Ministerio de Justicia con la Defensoría General de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, y con el Colegio Público de Abogados, que tiene como objetivo “ir a los barrios de emergencia, a las villas miserias, y ofrecer asesoramiento gratuito en el lugar. Y lo hace tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, en distintos lugares donde hay bolsones de pobreza. Porque a veces -aquel que necesita una asistencia legal- no tiene plata para pagar el colectivo”, explicó la defensora.
En Entre Ríos se viene implementando el programa La Justicia va a los Barrios, donde un juez de Paz, un defensor y el equipo de violencia familiar atienden en instituciones educativas. Se asiste a las personas tanto para trámites de certificaciones del Registro Civil, informaciones de la Caja de Jubilaciones y Anses, etcétera, como a niños y adolescentes víctimas o en conflicto con la Ley.
“Es urgente dictar un régimen penal juvenil”, reclamó Martínez
La incidencia de niños y adolescentes en delitos y el límite de edad para ser juzgados o penalizados, fue y sigue siendo una controversia en la sociedad que aún no ha tenido respuesta política ni institucional. Actualmente, el límite de edad para determinar si un menor es o no responsable de un delito son los 16 años, y algunos sectores pretenden bajarlo a los 14.
Ante esta situación, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, reclamó: “Es urgente dictar un régimen penal juvenil. La Ley que tenemos es viejísima, de la época de la dictadura militar y es la más atrasada de todo el continente americano. Es una Ley que está en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, y todos lo sabemos pero no entendemos por qué seguimos sin tener una Ley acorde con los estándares internacionales actuales”.
En este sentido, Martínez explicó a UNO que “niños se entiende hasta los 18 años, no podemos bajar de 16 a 14”. Por eso, “tenemos una deuda muy grande como país, porque tenemos un instrumento legal muy desactualizado”, finalizó la defensora.
