La Cámara de Diputados sancionó este martes por la noche el proyecto que plantea reformas al Código Procesal Penal que permitirá “acortar los procesos judiciales” y otorgarle más agilidad y transparencia a la Justicia.
Por otra parte, la Cámara baja sancionó una nueva capitalización para la empresa de energía Enersa. Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad.
En una breve sesión, los diputados entrerrianos sancionaron este martes el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que fue presentado por el Poder Ejecutivo provincial, a instancias del Superior Tribunal de Justicia.
El diputado que actuó como miembro informante fue Martín Uranga, quien destacó “los avances” que trae aparejados la reforma, que produce “un acercamiento entre el ciudadano y el Código Penal”.
El legislador dijo que la experiencia por la que se ha atravesado en los cinco años en que se aplicó en diversos puntos de la provincia ha permitido que se corrijan algunos inconvenientes que quedarán remediados con esta reforma.
Tras hacer hincapié en las ventajas de la reforma, aseguró que “promueve la celeridad de los procesos” y aseveró: “Es un paso adelante”.
En tanto, el radical Antonio Rubio justificó el acompañamiento del bloque de la UCR a la reforma y afirmó que permitirá “el acortamiento de los procesos penales”.
Finalmente tomó la palabra la diputada oficialista Rosario Romero, quien destacó que las reformas “profundizan la oralidad” y corre del eje central “a los expedientes”.
“Permitirá que las partes involucradas actúen con menos formalismo y más eficacia”, enfatizó, al tiempo que adelantó que en septiembre se va a comenzar a instrumentar en la capital provincial.
Días atrás, cuando en comisión se le dio despacho favorable al proyecto, Romero había explicado que el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal “tiene dos características fundamentales”, por un lado “le saca al juez de instrucción la potestad de investigar y se la da al fiscal y, por el otro, permite que “prácticamente todo el proceso sea oral”.
Con esta modificación “se termina con la vieja figura del juez de instrucción y se pone a un juez de garantías que imparte equilibrio entre las partes. En este nuevo proceso, las partes que toman relevancia son, por un lado el fiscal y, por el otro el defensor”.
La titular del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, dijo días atrás: “Para nosotros es importantísimo poder contar con un nuevo sistema de enjuiciamiento penal porque le dará más agilidad y transparencia a la Justicia debido a que todas las instancias serán orales y públicas”.
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