Agustina Iglesias Skulj, investigadora postdoctoral del ECRIM, ha sido entrevistada por una corresponsal de la cadena de TV Telesur, en relación con las políticas de lucha contra la trata de personas. La entrevista ha sido publicada por vez primera en CosechaRoja. Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica, portal de noticias perteneciente a la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano y a la Open Society Foundation.
Agustina iglesias Skulj:”Para acabar con la trata hay que legalizar el trabajo sexual”
Por Nuria Alabao. Cosecha Roja. – Agustina Iglesias Skulj es feminista y doctora en derecho penal. Desde la perspectiva de la criminología crítica investiga sobre migraciones y trata sexual, dos fenómenos que, como explica en esta entrevista, están íntimamente relacionados. Acaba de regresar a Argentina después de vivir algunos años en España y su regreso ha coincidido con la sentencia del juicio por la desaparición de Marita Verón y la aprobación de la nueva ley de trata. Esta legislación ha hecho que tenga que revisar el libro que estaba a punto de publicar: La trata de mujeres con fines de explotación sexual: una aproximación político-criminal y de género. En él critica fuertemente la mirada abolicionista del trabajo sexual y explica que su legalización es un requisito imprescindible para luchar contra la trata.
Respecto a la sentencia del juicio por la desaparición de Marita Verón,¿consideras, como se ha apuntado en los medios, que han sido desestimados los testimonios de a las víctimas porque eran trabajadoras sexuales?
El fallo afirma que estos testimonios no son concluyentes porque se contradicen. Por ejemplo hay mujeres que declaran haber visto a Marita en dos lugares distintos al mismo tiempo. Sin embargo, en estos casos suele haber un prejuicio extendido que es el que afecta a las trabajadoras sexuales hayan sido o no, víctimas de trata, ya que no encajan en el rol de víctima ideal. Para el pensamiento patriarcal ellas mismas se han colocado en esa situación e implícitamente “aceptan” la explotación sexual a la que son sometidas y por ello su palabra no tiene suficiente credibilidad.
En este caso y en los demás de trata sexual de mujeres, es necesario romper con los binomios desde los que se investiga y se juzga: los estigmas que están asociados a la prostitución –producto de un régimen patriarcal que divide a las mujeres entre putas y buenas mujeres– son los mayores impedimentos a la hora de prevenir y castigar la explotación sexual.
El caso de Marita Verón ha sido paradigmático en la construcción de una imagen de víctima de trata que puede ser cualquiera independientemente de su clase social o condiciones de existencia: ella no se dedicaba anteriormente al trabajo sexual, no era de clase baja, ni inmigrante. Y esa es un poco la imagen que mucha gente tiene de la trata ahora: que en la mayoría de casos es fruto de secuestros y que por tanto nos afecta a todas por igual.
En general la trata, y por eso se llamaba “de blancas” cuando surgió a finales del siglo XIX siempre estuvo envuelta en muchos mitos. El movimiento de mujeres se problematizó a partir de esa imagen: unas pobres niñas blancas inocentes que eran secuestradas, drogadas y obligadas a ejercer la prostitución en otro país. Lo que esta imagen oculta son los factores complejos que están en su origen: un momento de flujos migratorios femeninos intensos, feminización de la pobreza, cambio en los modelos familiares. Así como unas relaciones de género profundamente desiguales.
Por otra parte, la trata, en vez de ser analizada a través de todos esos factores, se construye mediáticamente a partir de relatos emotivos sobre mujeres inocentes que nada tienen que ver con el trabajo sexual. A nadie se le ocurre que a una migrante interna o internacional –que muchas veces es madre soltera con hijos a su cargo– frente a las opciones que le da el mercado laboral y de acuerdo con el nivel educativo al que accedió, puede ver el trabajo sexual como una opción apetecible. Una opción que brinda flexibilidad suficiente para poder compaginar el trabajo y la maternidad, y que les ofrece mejor remuneración que cualquier otra ocupación a la que puedan optar. De eso nunca se habla y es eso de lo que tenemos que hablar.
Por eso a veces en el caso de la trata sexual, como en la trata en general lo que se produce son condiciones de explotación laboral. Según los informes producidos en el país, el rapto no es un elemento típico de la conducta aunque sea la imagen más extendida. Normalmente hay un engaño, te ofrecen un laburo y después ahí viene la explotación sexual o laboral. Es similar a lo que sucede en un taller clandestino o con las mujeres explotadas en tareas domésticas.
Lo bueno que tiene Argentina en comparación con otros países sobre todo de la Unión Europea es que se le ha dado mucha importancia a la lucha contra la trata laboral. En España, Reino Unido o en Italia, donde la cuestión es básicamente un tema de seguridad y de control de fronteras, el enfoque es completamente distinto. Directamente se usa la trata para impedir la inmigración irregular y poder expulsar y penalizar con la excusa de que se está protegiendo a las víctimas. Además se da el hecho diferencial de que aquí en Argentina la trata es fundamentalmente un problema de migraciones internas.
¿Se podría decir entonces que la mayor parte de mujeres explotadas en la trata son mujeres que habían optado por el trabajo sexual?
En realidad no se sabe. No hay datos. Es un tema complejo. Lo insensato es identificar trata con prostitución como se hace a veces y que supone frivolizar un tema muy complejo.
A partir del fallo se ha acelerado la aprobación de la nueva ley de trata que endurece las penas y establece medidas destinadas a garantizar los derechos víctimas. ¿Qué valoración te merece esta ley?
Es riesgoso hacer una valoración de la ley en abstracto, habrá que esperar a que empiece a aplicarse y ver cómo se activan las distintas medidas. Ahora bien, se pueden hacer algunas precisiones.
En primer lugar, la ley hace hincapié en un aspecto fundamental que es la protección de los derechos humanos de las víctimas, brindando una serie de garantías para hacer efectiva esa protección. Este es un aspecto muy positivo. También es positivo el papel fundamental que se le da a la formación de los distintos actores que van a intervenir en cada uno de los momentos. Es imprescindible que se garantice la protección de las víctimas, si no, todos los esfuerzos que haga el Estado Argentino serán infructuosos. Tampoco hay que perder de vista que el concepto de prevención tiene que abrazar políticas estructurales de derechos económicos y sociales –con perspectiva de género– que vayan influyendo sobre los factores de vulnerabilidad de las mujeres.
Sin embargo, la modificación que realiza esta ley de los artículos del Código Penal sobre prostitución no me parece del todo afortunada. El modelo argentino fue desde sus comienzos abolicionista-reglamentarista. Es decir, la prostitución no está prohibida, pero sí se criminaliza todo el entorno de la misma, con mayor o menor intensidad dependiendo de la época. La reglamentación da lugar a la opresión disciplinaria y facilita las condiciones de desarrollo de la explotación sexual o laboral de las mujeres, ya que abre la cancha para la corrupción policial y la clandestinidad.
De la nueva redacción del artículo 125 bis del Código Penal podría inferirse que se persigue el castigo de los clientes. Este ha sido un punto fundamental de la reivindicación del abolicionismo: sin clientes no hay trata. Si bien la norma no hace alusión a ellos directamente, con los verbos utilizados tales como “promover” o “facilitar”, habrá que esperar a ver la aplicación que de ella hagan los jueces. Ya que, debido a su ambigüedad, con ella podría llegar a penalizase a los clientes.
En esa misma sesión donde se aprobó la ley, algunos legisladores se hicieron eco de esta demanda de penalización de los clientes aunque no se llegase a aprobar directamente. Este año también se prohibieron los avisos de comercio sexual. ¿Crees que este tipo de medidas contribuyen a combatir la trata o la desigualdad de género?
Los países que han aplicado el modelo abolicionista, como es el caso paradigmático de Suecia, no han logrado los resultados buscados de evitar la “venta del cuerpo de la mujer” y lograr una sociedad con mayor igualdad.
En Suecia y desde 1999 se criminaliza todo el contexto de la prostitución, no sólo el proxenetismo. Ello ha derivado en la clandestinización, lo que conduce a mayores niveles de indefensión de las personas que se dedican a esta actividad e incluso de aquellas que están obligadas. Al criminalizar a los clientes, se generan nuevas formas de ofrecer y de comprar servicios sexuales, se recurre a lugares menos visibles, y se utilizan otros recursos como internet, pero no por ello deja de existir.
Estas medidas exponen a las mujeres a mayores niveles de vulnerabilidad, que no pueden pedir ayuda a sus clientes –como muchas veces sucede en estos casos– ya que ellos mismos están cometiendo un delito. Se han realizado algunos estudios como los del Instituto de Criminología de la Universidad de Estocolmo que analizan todos los efectos negativos que se han derivado de la sanción de esta ley. Gracias a ellos queda claro que si bien la prostitución no ha descendido de manera relevante en estos años, sin embargo sí ha aumentado el contagio de VIH, ya que las organizaciones que repartían preservativos ya no pueden hacerlo. Así como tampoco pueden prestar otro tipo de asistencia a las trabajadoras sexuales. También han aumentado los niveles de marginalidad y de estigmatización para aquellos –tanto mujeres, como varones y trans– que encuentran en la prostitución un medio de vida. Es decir, la principal consecuencia es mayores niveles de vulnerabilidad de los sujetos que en principio se busca proteger.
Sin embargo, en países que han optado por un modelo de legalización del trabajo sexual como Alemania u Holanda, otorgar derechos a estas mujeres mejora sus condiciones vitales, evita la connivencia policial, y las dosis de violencia y discriminación que sufre este colectivo. Si esto beneficia a las políticas de trata, creo que sí. Porque si se establece un estatuto autónomo de trabajo, será más fácil detectar las situaciones de explotación y las cuestiones relativas al consentimiento que ahora confunden la voluntariedad de dedicarse a la prostitución con aceptación de situaciones de explotación. Dotar de derechos a un colectivo siempre tiene mejores efectos que la anulación de su autonomía y su agencia.
En estos últimos tiempos, en Argentina se están haciendo propuestas que tienen que ver con formar cooperativas de trabajadoras sexuales donde ellas mismas lideren y administren su trabajo. Yo no hablo de regulación, hablo de legalizar y normalizar el trabajo sexual para que las mujeres que escogen esta actividad la puedan desarrollar en mejores condiciones. La imposibilidad de optar por la prostitución de la que parte el abolicionismo, deriva de una concepción de la libertad estrictamente liberal. Nadie es “libre” en ese sentido frente al sistema de trabajo capitalista, nadie escoge libremente su trabajo o las condiciones del mismo. Seamos honestas, pongamos más esfuerzos en proteger el trabajo de estas mujeres, en lugar de seguir perpetuando su estigmatización y fomentando la precarización de sus vidas y de sus derechos. Creo que este es un paso fundamental que tienen que dar los feminismos. ¿Por qué no ponemos el mismo empeño en acabar con las situaciones de explotación en el empleo doméstico o en las maquilas?
Hay un argumento a favor de la prohibición de la prostitución que dice que si hay consentimiento en algunas ocasiones –para ejercer la prostitución– esto supone un problema a la hora de condenar el delito de trata ya que las mujeres son forzadas a decir que consienten.¿Sería la legalización realmente una traba para la persecución de la trata?
Este planteamiento en realidad lo que hace es perjudicar a las mujeres. El Estado tiene medios para perseguir la explotación, independientemente de que la persona consienta o no consienta. En realidad hay un principio del derecho que dice que nadie puede consentir violaciones a los derechos humanos. Lo que pasa es que el abolicionismo lleva repitiendo lo mismo desde hace ciento veinte años, pero eso no lo convierte en verdad. Lo cierto es que vincular la lucha contra la prostitución con la prevención de la trata de personas tiene consecuencias negativas para la propia lucha contra la trata.
Lo primero es que se persiga menos la trata laboral. Segundo, que se banalice la cuestión de la trata. Tercero, que se le quite autonomía y capacidad de decisión a las mujeres que realmente optan por el trabajo sexual. Por último, que no haya una legalización del trabajo sexual y por tanto, que lo único que se haga sea establecer una práctica de gobierno de la prostitución distinta, pero que no afecta en nada a la trata.
Por otro lado, no es cierto que si hay decisión de dedicarse al trabajo sexual ello sea un impedimento para probar la trata. El consentimiento debe ser articulado con la vulnerabilidad. La forma de que el consentimiento no sea un obstáculo para perseguir el delito de trata sería incluir los medios comisivos descritos en el delito: engaño, intimidación, violencia, abuso de una situación de vulnerabilidad, etc. Los dos elementos son excluyentes. No es necesario invertir la carga de la prueba, es decir, no hay que demostrar que no hubo consentimiento de la víctima, hay que probar los medios comisivos.
El problema mayor, es la estigmatización de estas mujeres. Hay que salir de los modelos victimológicos actuales donde la mujer que es víctima tiene que demostrar que no tiene mácula para poder ser considerada una verdadera víctima. Es igual a lo que sucede en los casos de violación o de violencia doméstica donde las preguntas de la investigación terminan tarde o temprano por acusarla de llevar determinadas ropas o tener ciertas “actitudes”. No hay que enseñar a la mujer a no ponerse una mini o a tener actitudes sumisas, hay que enseñar a no violar, a no golpear.
Respecto al debate actual sobre trata, ¿qué medidas podrían ser más efectivas para combatirla?
Es un tema complejo, pero cualquier medida que se tome tiene que tener en cuenta el ámbito de la prevención. Una prevención entendida en un sentido amplio, con políticas que combatan las desigualdades de género, políticas económicas, sociales, educativas que les den opciones reales a las mujeres. Es decir, crear mecanismos y disponer recursos para que el mercado de trabajo no establezca condiciones de trabajo asimilables a la esclavitud y evitar que se fomenten espacios para que florezca la trata. Algunas medidas que pueden ayudar a prevenir y detectar de manera más eficaz la trata de personas serían un avance en la disminución de los niveles de trabajo en negro, la regulación de la actividad de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, mayores oportunidades educativas y laborales y el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo.
Para los casos de trata transnacional, las políticas de migración deben apuntar a brindar mecanismos de regularización que impidan la explotación de la mano de obra migrante. También intentar evitar que tengan que recurrir a redes más o menos organizadas que les faciliten el ingreso o la obtención de un trabajo, ya que eso conlleva la asunción de deudas para poder comenzar el proyecto migratorio.
En el ámbito de la represión del delito, habría que asumir la formación de todos los actores que tienen que detectarlo, crear programas que eviten la revictimización y poner la mirada en la corrupción policial para evitar la impunidad.
¿Qué modelos penales se están utilizando en Argentina para el desarrollo de estas leyes, en qué otras se inspiran o de dónde surgen?
Un ejemplo de país abolicionista es EEUU, que junto con Argentina, fueron dos países receptores de grandes flujos migrantes femeninos a comienzos del siglo XX. En Estados Unidos, la prostitución está directamente criminalizada –salvo en Nevada y algún que otro estado– y ello no ha impedido el desarrollo de esta actividad ni la trata de personas.
Sin embargo, EEUU se ha convertido en un controlador de las políticas contra la trata alrededor del mundo, ya que realiza anualmente un informe de calificación de los países e impone sanciones de carácter económico y de otro tipo a aquellos países que no cumplen los criterios que ellos establecen. Esta política de carácter intervencionista es parecida a la lucha contra las drogas, cuyos resultados conocemos bien en Latinoamérica. No está de más advertir que EEUU no aparece clasificado en estos informes. Se ha denunciado en la literatura académica y en el ámbito político su carácter profundamente arbitrario. ¿Quién controla al controlador?
Investigaste la aplicación del plan contra la trata del caso español.¿Qué conclusiones extrajiste?
Mis primeras investigaciones fueron sobre la Unión Europea y en particular España, porque hice mi tesis doctoral y mi investigación postdoctoral allá. Para resumir y corriendo el riesgo de generalizar, son todas negativas. En 2008 se elaboró un Plan de lucha contra la trata sexual de mujeres, que se extendió hasta este año. Los resultados no podrían haber sido más nefastos. Esto se explica, al menos, por dos cuestiones:
En primer lugar, porque la lucha contra la trata se desarrolló en el contexto de la lucha contra la inmigración irregular, lo que constituyó un objetivo prioritario de seguridad hasta que llegó la crisis económica. El Estado español parte de la premisa –ni verificada ni verificable– de que el 95% de las prostitutas son migrantes y que todas están obligadas a ejercer la prostitución y por lo tanto, todas son víctimas de trata sexual. Cuando se confunden, como en este caso, las cuestiones de “inseguridad” con la protección de los derechos humanos, nada puede salir bien. Y de hecho, la defensora del pueblo española no paró de denunciar las irregularidades habidas durante los procedimientos policiales para “detectar y rescatar” a las víctimas, que en general eran migrantes irregulares que terminaban por ser expulsadas del territorio y expuestas a nuevas victimizaciones.
Las medidas legales dispuestas para la obtención de un permiso de residencia para las víctimas, pese a estar contempladas, nunca funcionaron. De la mayoría se desconoce su paradero –lo que ha sido denunciado por varias ONGs que trabajan en este tema– .
Y una cuestión que no es menor, es que en España no se ha hecho nada en el tema de la trata laboral, como si el mercado que se ha beneficiado de la explotación laboral de los migrantes irregulares en las últimas décadas no existiese.
El resultado del Plan fue bochornoso y ahondó en la vulnerabilidad de las mujeres exponiéndolas a situaciones cada vez peores de violación de sus derechos humanos. En lugar de disponer mecanismos de ayuda y asistencia lo que se consiguió es el control de la inmigración irregular y el sometimiento a aceptar condiciones laborales de explotación en el ámbito doméstico, agrícola o textil. Por ejemplo, nunca se hizo nada respecto del gran número de mujeres latinoamericanas o africanas dedicadas a las tareas de cuidado en el ámbito doméstico y que tienen salarios míseros y con larguísimas jornadas laborales sin ningún tipo de control.
Sabemos que el trabajo femenino en general está precarizado, privatizado y explotado. Así que aquellas que optan por el trabajo sexual, porque de esta manera obtienen más recursos y condiciones más aceptables, son criminalizadas y expulsadas. Las otras, “las buenas mujeres” que por su “tesón, entrega y castidad” como valores prototípicamente “femeninos”, sufren condiciones de explotación laboral permanecen invisibilizadas, y se las persigue menos.
En Argentina afortunadamente con la sanción de la ley 26364 y ahora con la ley de reforma, desde el inicio se dio igual relevancia a la persecución de la trata laboral y sexual. Según creo se ha pretendido dar prioridad a la protección de derechos humanos frente a la cuestión securitaria del control de la inmigración irregular.
¿Cómo favorecen la trata las políticas de control de la inmigración?
Las políticas de control de la inmigración irregular siempre empeoran y fragilizan la vida de las y los inmigrantes que tienen que recurrir a otras personas para que les faciliten el “paso” con documentación falsa, o a través de formas clandestinas o para acceder a un empleo. El hecho de ser un migrante irregular también los hace más vulnerables porque tienen que aceptar condiciones laborales peores y con menores expectativas que si fueran “legales”.
Las consecuencias de un sistema que produce irregularidad es la falta de derechos, lo cual también sirve como una amenaza en el proceso de la trata. Es decir, los tratantes amenazan con denunciar el estatus irregular de las víctimas. Este estatus irregular les impide denunciar o recurrir a las autoridades por ser “no-ciudadanos”. Esto se ha visto claramente en la última década en el diseño de las políticas migratorias de la Unión Europea, que ha arbitrado medidas restrictivas de la inmigración, que sin embargo no impidieron el paso de inmigrantes, sino que generaron grupos personas sin derechos, más vulnerables a la explotación laboral y sexual.
En tu trabajo analizas en qué concepciones de la sexualidad se fundan los mecanismos de lucha contra la trata desde una perspectiva histórica, ¿qué puede aportar esta perspectiva y cuáles son las principales consecuencias de estas construcciones?
La trata de blancas surge en un momento en el que se habían establecido una gran cantidad de reglamentaciones a propósito de la prostitución en las colonias. En las colonias francesas e inglesas, con gran afluencia de hombres alejados de sus familias, lo que se hacía era regular: establecer una serie de exámenes médicos y controles de los lugares para evitar la propagación de las enfermedades venéreas. De las colonias esas leyes pasan a los estados en Francia e Inglaterra, que es lo que se llaman: sistemas reglamentaristas Frente a eso hubo una reacción por parte del abolicionismo: una postura opuesta a reglamentar la prostitución porque formalizaba la explotación sexual de las mujeres y que era favorable a su prohibición. Esta postura fue impulsada por mujeres de clase alta o burguesa que tenían un perfil filantrópico, de benficiencia, y que querían ayudar a estas mujeres “caídas”. En ese momento coincide con una crisis económica en Europa, con la guerra y por tanto, la emigración de mujeres que ya se dedicaban a eso en sus países de origen o que se iban a dedicar a eso en los de llegada. Por ejemplo, en Buenos Aires, que fue uno de los mayores destinos de prostitución en ese momento. Entonces lo que hace ese movimiento filantrópico de mujeres, que parten de decir que las mujeres están siempre obligadas y no tienen voluntad propia, es relacionar ese fenómeno con el tráfico de esclavos. Entonces partiendo de la sensibilidad internacional respecto del tráfico de esclavos, se denominó como trata de blancas.
Pero el abolicionismo nunca logró con sus más de cien años de existencia acabar con la explotación sexual de la mujer o con la prostitución y por el contrario, lo único que produjeron estas políticas son mayores cuotas de estigmatización, precarización de la existencia y la perpetuación de un modelo de mujer de carácter patriarcal donde la sexualidad siempre es un campo de dominio del varón y nunca puede verse como la expresión autónoma de las mujeres. En Argentina surge después del golpe del treinta, en una combinación extraña de una cierta libertad femenina de la clase alta junto con valores conservadores. Este ejercicio filantrópico consistía en la transmisión de valores morales como el tesón, el esfuerzo y el trabajo, enfrentado a las “caídas”, que obtenían dinero a partir de su “degradación” moral en la prostitución. La construcción de la “mujer” se sirvió siempre de su contratacara: la puta. No en vano es el insulto más utilizado contra nosotras y es una forma de disciplinamiento, que por su naturalización y repetición se vuelve prácticamente invisible.
El movimiento internacional feminista ha impulsado el reconocimiento de los derechos humanos de todas. Sin embargo, cuando se trata de reconocer a las trabajadoras sexuales sus derechos o su agencia, vuelve a caer en cuestiones de sexualidad tradicionales, moralizantes y patriarcales. Tenemos no sólo que respetar la decisión de las mujeres, sino que el Estado tiene que protegerlas y dotarlas de derechos, tal como lo están planteando en otros países los presidentes Evo Morales y Rafael Correa.
