La presidenta Cristina Fernández enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar el Servicio Penitenciario Federal y convertirlo en una agencia desmilitarizada, con control civil y que hará foco en la reinserción social de los condenados. Así lo anunció ayer el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, al inaugurar las jornadas de debate sobre Soberanía Nacional y Latinoamericana organizadas por la Procuración del Tesoro de la Nación, que culminarán hoy con la presencia de exponentes locales y extranjeros. El proyecto del gobierno había sido adelantado por Tiempo Argentino el 9 de noviembre del año pasado, y se trata de la última de las grandes reformas propuestas por el Ejecutivo para el ámbito judicial, y que constituye un cambio de paradigma con respecto al actual sistema penitenciario.
Con la presencia de abogados, representantes estatales y presidentes de todas las Cortes provinciales, el titular de la cartera de Justicia hizo el anuncio para remarcar los avances en materia jurídica impulsados en los últimos años por el Poder Ejecutivo. Allí enumeró la unificación de los Códigos Civil y Comercial que entrará en vigencia en los próximos 50 días; la sistematización del digesto Jurídico, que permitió depurar la cantidad de leyes vigentes en nuestro país; la elaboración por parte de una comisión integrada por referentes de la oposición del anteproyecto de Código Penal; y el cambio del Código Procesal Penal, que adoptará el sistema acusatorio con fiscales instructores de las causas en remplazo del actual sistema inquisitivo, cuyas leyes de implementación fueron votadas por la Cámara de Diputados horas antes.
En ese contexto, Alak inscribió el envío al Congreso, en los próximos días, del proyecto para crear una «Agencia Federal Penitenciaria y de Reinserción Social» apoyada en la «desmilitarización» de todas las áreas que no tengan relación con la custodia de quienes están privados de la libertad. Pero que además, según adelantó este diario a principios de noviembre de 2014, ponga de relieve la modificación de las actuales estructuras penitenciarias para orientarlas a la resocialización de los presos desde el comienzo de las condenas, con control civil y un ambicioso objetivo final: contribuir a una política de seguridad pública, y también de reducción de los actuales índices de violencia dentro de los penales.
El objetivo del seminario, que culminará hoy y que puso en debate el rol de la soberanía desde la perspectiva jurídica, económica y cultural, expresó la necesidad de la conformación de un plexo normativo que apunte a la construcción de un derecho social y autóctono regional, más allá de los antecedentes e influencias del extranjero que sirvieron de bases para el diseño de esas normas.
Alak enmarcó la discusión jurídica en el debate por la creación de una Corte Penal Sudamericana como un organismo supranacional que entienda en materia de controversias regionales. Mencionó la limitación al endeudamiento en moneda extranjera y el diseño de una legislación para evitar el accionar de fondos buitre como parte de los desafíos pendientes en materia de soberanía.
La Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, consideró que «defender las políticas públicas que impulsa un Estado es un acto de soberanía», en la primera exposición, ante un auditorio colmado en el Hotel Panamericano en el que estuvieron también invitados los representantes de los abogados del Estado de los países que integran el Mercosur y la Unasur. «Cuando un Estado pone en marcha un conjunto de políticas, sus organismos de Justicia deben actuar para garantizar que se cumplan. Eso también es soberanía», señaló Abbona que precedió las ponencias del director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, del economista y referente del Plan Fénix, Aldo Ferrer, y del ex juez de la Corte y candidato del gobierno para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni.
Zaffaroni pidió ampliar la Corte
El ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni disertó ayer en el marco de las jornadas sobre Soberanía y expuso la necesidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia para que sea integrada por 15 miembros, que a su vez, conformen cinco salas según distintas especialidades.
Zaffaroni consideró que en Argentina «el control de constitucionalidad es muy débil» ya que «cualquier juez» puede definir la inconstitucionalidad de una norma y hasta que el caso llega a la Corte, se mantiene la vigencia de la ley. Allí volvió a remarcar que se debería reformar la Constitución, y cosechó aplausos cuando puso como ejemplo la diferencia de criterios jurídicos aplicables a alguien que fuma un porro de marihuana. «Mirá, con esta Corte sí (no es delito), pero mañana no sé», subrayó por el cambio de integración. «Nadie abarca todo el derecho», explicó para graficar que una mínima cantidad de sentencias se aboca a cuestiones de constitucionalidad y que el resto corresponden a otras ramas específicas de las que los jueces supremos deben descansar en su equipo. «Parte de la lucha por la soberanía es que nos enfrentamos con un enemigo poderoso que es el capital financiero. Estamos amenazados en la región y la defensa debe ser en el frente jurídico también», concluyó.
http://www.infonews.com/nota/226809/enviaran-al-congreso-el-proyecto-de-reforma-del-sistema-penitenciario
