El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura ha tomado conocimiento, por distintas vías, de la emergencia suscitada en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires como consecuencia del riesgo de incumplimiento por parte del Estado Provincial de la obligación de proveer a las personas privadas de la libertad alimentación adecuada y suficiente.
Por tal motivo, este Comité exhorta a los poderes del Estado se inste a los organismos responsables a dar una respuesta urgente y definitiva que garantice la correcta alimentación de las personas privadas de la libertad. En este sentido, se han enviado notas a la Gobernadora María Eugenia Vidal, al Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, al Secretario de DDHH, Santiago Cantón y al presidente de la SCJB, Eduardo De Lazzari
La falta de acceso de las personas privadas de la libertad a una alimentación adecuada en la prisión constituye un trato cruel e inhumano e incumple el artículo 22 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos –Reglas Nelson Mandela-, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 75 inciso 22° de la Constitución Nacional.
En este marco, también es oportuno convocar a un espacio intersectorial para el abordaje integral de las condiciones de detención de cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires –Resolución N° 2.301 de la SCJBA- tal lo solicitado por diferentes organizaciones de personas privadas de la libertad y especialmente por los Centros de Estudiantes de distintas Unidades Penales.
Este Comité seguirá en contacto con las personas privadas de la libertad y sus familiares y aboga por establecer un diálogo abierto y sincero entre las distintas partes en pos de encontrar una vía de solución pacífica a la demanda de los detenidos y las detenidas en territorio bonaerense.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019