El intendente de Cholila, Miguel Castro, presentó ante el procurador general Jorge Miquelarena, la recusación de los fiscales de Esquel Fernando Rivarola y Martín Zacchino, quienes nuevamente retomaron la causa por el acceso de la Ruta 71 a Cholila, obra vial que fuera inaugurada el pasado año por la Presidente de la Nación. Además pedirá juicio político para ambos.

Según se comunicó oficialmente, Rivarola “insistentemente volvió a proceso la causa conocida como ´Ruta 71´, aún después de haber sido él mismo quien considerara, en agosto, que todos los hechos denunciados se ajustaban a las normativas legales vigentes”.

“No obstante, él quiere ir más allá en determinar si los valores de la tierra canjeada son equivalentes y eso es imposible luego de ocho años realizada la operación”. Según Castro, “no podemos andar haciendo una tasación cuando es una operación que se hizo ocho años atrás, cuando no estaba la ruta, no había asfalto, no había cloacas, no había luz, cuando el valor fiscal de la tierra era diferente al de hoy y la oferta económica era diferente. Esta es exclusiva facultad de quienes resolvimos, los concejales por unanimidad, todos los bloques políticos de dos períodos constitucionales distintos más el intendente”. Según interpretó, “el fiscal se mete en un terreno que es exclusivo del poder político, no del Poder Judicial. Ahí deja de tener la objetividad necesaria para investigar y me siento absolutamente perjudicado por eso”.

En declaraciones a la prensa ayer en Rawson, Castro remarcó el carácter de “animosidad personal que expresan los fiscales hacia mi gestión y particularmente hacia mi persona” en alusión a Zacchino y Rivarola, quienes habrían iniciado numerosos procesos judiciales, con el simple pretexto del desprestigio social, ya que ni siquiera han alcanzado la instancia de juicio o en su defecto han sido completamente desestimados por los jueces competentes, dice un comunicado del municipio de Cholila.

En tal sentido, el intendente denunció una “perversa metodología de cuestionamiento público que llevan adelante estos fiscales de Esquel, amparados en la complicidad del sistema procesal que les permite la exposición mediática de sus casos sin siquiera contar con las mínimas pruebas del delito denunciado. Estos señores mal utilizan las normativas procesales para hacer política desde la Fiscalía, patrocinando el desprestigio público y la condena social, a sabiendas que sus causas nunca lograrán la condena judicial por falta de pruebas o peor aún, por inexistencia de delito”.

Con los mismos argumentos de la recusación planteada ante Miquelarena, Castro confirmó que se elevará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, con sede en Comodoro Rivadavia, para que formalmente se analice la solicitud de jury para ambos fiscales.

Al sumar detalles de la denuncia, Castro reveló que los fiscales habrían realizado la ejecución de procedimientos sin autorización del juez competente, como así también el cambio de piezas procesales en los legajos de las causas que se llevan adelante, hechos por demás ajenos a toda normativa y ética judicial. “Hay cuestiones graves. Por ejemplo, el cambio de una pieza procesal en el legajo, que es gravísimo. Se cambió una hoja, eso está documentado”, aseguró el intendente.

“Si esto me lo hacen a mí, que soy una persona pública y puedo defenderme, no quiero pensar lo que pueda pasar con quienes no tienen iguales herramientas de defensa”, reflexionó el jefe comunal. “Percibo un problema casi personal. Hay un ensañamiento innecesario con mi persona y mi gestión, porque me terminan involucrando en cualquier legajo o a algún funcionario mío que terminan sobreseyéndolo. ¿Saben cuál es el problema más grave? Que en estos diez años nos han denunciado a mí y a otros funcionarios, pero nunca nos llevaron a juicio. Siempre hacen la apertura con la foto para tener la condena social encima, pero los fiscales no logran la condena penal; no les preocupa porque la credibilidad pública ya está esmerilada”.

 

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