El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiere aprovechar la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para introducir sanciones de hasta 600.000 euros para quienes alteren el orden público en misas u otras ceremonias religiosas. Así consta en el borrador del anteproyecto de la ley que maneja Interior y al que ha tenido acceso El Confidencial. Fernández Díaz, que siempre ha hecho gala de sus firmes convicciones católicas, espera presentar la norma en el Consejo de Ministros de este mismo viernes. Su objetivo es que la ley entre en vigor antes del próximo verano, según fuentes del Ministerio.
El borrador incorpora numerosas sanciones administrativas para conductas que hasta ahora no eran perseguidas por la legislación española, como manifestarse en las proximidades del Congreso, usar casco o capucha para cubrirse el rostro y tomar imágenes de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los insultos a los policías, las protestas en infraestructuras críticas, el escalamiento a edificios oficiales y los escraches también serán castigados con contundencia.
Además, el articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana absorberá las faltas contra el orden público, que quedarán fuera del Código Penal tras la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya en trámite parlamentario. A partir de ahora, esos comportamientos serán perseguidos por vía administrativa. En algunos casos, el borrador elaborado por Interior se ha limitado a copiar los artículos del Código Penal que desaparecerán sin alterar su redacción. Pero el departamento que dirige Fernández Díaz también ha hecho importantes modificaciones.
Infracción muy grave
La más significativa de todas ellas, que hasta ahora había pasado desapercibida, permitirá a las delegaciones del Gobierno y a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa castigar la provocación de desórdenes públicos en oficios religiosos. Según el régimen sancionador de la ley, este tipo de hechos se considerarán infracciones muy gravessujetos a multas que oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros.
Los Príncipes, García-Escudero y Rajoy en la misa funeral en honor de Fraga. (EFE)Fuentes de Interior aseguran que, en este asunto, el borrador sólo se limita a reproducir una de las faltas que desaparecerá del Código Penal por la reforma impulsada por Gallardón. En efecto, la propuesta del departamento de Fernández Díaz copia casi literalmente el artículo 633 del Código Penal, todavía vigente, que establece que “los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgados, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas serán castigados con las penas de localización permanente de dos a 12 días y multa de 10 a 30 días”. La Ley de Seguridad Ciudadana utiliza una redacción similar para referirse a los mismos hechos. Pero Interior ha aprovechado la adaptación para colar en el texto la obligatoriedad de respetar el orden público en los “oficios religiosos”, dos palabras que no aparecen en el artículo original.
La cuantía de las multas se dispara
Desde el Ministerio del Interior reconocen el cambio pero lo enmarcan “en los esfuerzos que intenta hacer la ley para proteger el mayor número posible de eventos públicos”. “En todo caso”, matizan las mismas fuentes oficiales, “se trata únicamente de un borrador inicial que está sujeto a cambios”. “Hay cosas que pueden desaparecer antes incluso de que sea presentado en el Consejo de Ministros”, insisten.
Interior no sólo ha innovado en su propuesta con la persecución de los desórdenes en ceremonias religiosas. También ha utilizado el borrador para elevar sustancialmente la cuantía de las penas económicas. Con el Código Penal actual, infringir el artículo 633 implica una multa que puede ir de 20 euros (los dos euros mínimos de multa diaria con 10 días de condena) a 12.000 (el máximo de 400 euros de multa diaria con 30 días de condena). Pero en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, los mismos hechos serán castigados con sanciones que oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros. Como mínimo, supondrá un incremento del 150%.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. (EFE)La opinión pública no ha tenido en cuenta las advertencias de Interior de que sólo se trata de un borrador preliminar. El anuncio ha generado una enorme controversia en la calle y en las redes sociales que amenaza con arreciar durante la tramitación parlamentaria de la norma. Su mera presentación ha sido suficiente para reactivar los clichés más negativos que rodean tradicionalmente al PP. Tanto los partidos de la oposición como las plataformas que más han protestado contra la gestión del Gobierno han coincidido en denunciar que la norma supone un retroceso inaceptable en los derechos civiles. El PSOE ya ha adelantado que llevará la ley al Tribunal Constitucional si acaba siendo aprobada en los términos en los que está actualmente redactada.
Preocupación en Moncloa
La inquietud se ha instalado en el Gobierno y el PP tras varias semanas de relativa calma social. Fuentes de Génova consultadas por este diario afirman que el ministro ha vendido el anteproyecto por su cuenta, sin informar a otros ministerios afectados, al partido y al Grupo Parlamentario Popular. Las mismas fuentes señalan que esa estrategia ha descolocado a los portavoces, dirigentes y miembros del Gobierno y denuncian que llevan 48 horas respondiendo sobre el contenido del borrador de la futura ley de seguridad sin conocerlo en primera instancia más que por los medios de comunicación, informa Ángel Collado.
Así, ante las primeras noticias sobre algunos detalles del texto, los portavoces del PP en el Congreso tuvieron que ponerse en contacto con Interiorpara conocer el contenido del borrador y poder responder a las acusaciones y descalificaciones de la oposición. Primero tuvo que lidiar con las explicaciones el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, y después eludir el debate el resto de los ministros y el propio presidente del Gobierno en el pleno de control al Ejecutivo que se celebró este miércoles en la Cámara Baja.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso. (EFE)Desde Génova achacan el problema, más que a algunos detalles del texto como las llamativas multas por faltar a los agentes del orden, a una mala ventadel borrador por parte del Ministerio. El resultado es que la despenalización de determinados delitos se ha convertido, por las malas interpretaciones, en una imagen de lo contrario, de regresión para las libertades de manifestación e incluso de expresión por iniciativa del PP, según reconocen en los mismos medios.
Para frenar la campaña de la oposición, el PP reaccionó anoche convocando de urgencia para este jueves en Génova a Fernández Díaz y a los consejeros de Interior de las comunidades autónomas en las que gobierna. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, presidirá el encuentro. También acudirá Javier Arenas, en calidad de vicesecretario de asuntos autonómicos del partido.
