Antes de comenzar la presentación del estudio del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA), «Persecución de delitos complejos» en Chile, su director ejecutivo, el master en Derecho de la Universidad de Wisconsin, Cristián Riego, hace un alcance. «Nos costó bastante acceder a la información, no ha habido mucha disposición, sobre todo de la Fiscalía, de permitirnos entrevistar a los fiscales, asistir y ver cómo trabajan, usar un método de observación y de entrevistas que es el que se usa en este tipo de investigaciones. Pero aún así lo hemos hecho», dice.
Se trata de una investigación realizada por el investigador del CEJA, organismo dependiente de la OEA, y magíster en derecho penal y procesal penal de la universidad Diego Portales, Eduardo Alcaíno, quien durante cinco meses estuvo inmerso en los procesos judiciales de delitos complejos como los robos con violencia.
«Uno de los principales resultados que encontramos es que de parte del Ministerio Público no existe una política para mejorar la persecución penal en ese tipo de delitos. Sino que más bien hay una percepción de parte de la fiscalía de que la investigación no tiene resultados, y sin perjuicio de ello, van a investigar de forma muy ritualizada y de protocolo sólo para justificar el archivo provisional», explica Alcaíno.
Esto porque hay dos falencias que develaron este estudio y que tienen que ver con números de 2011. «Las cifras son bastante críticas. Una de las principales formas de términos que tienen los procesos son el archivo provisional (Cuando no hay antecedentes suficientes para continuar con una investigación), llegando a un 78,5% en 2011. Y es mucho más crítico en aquellos casos en los cuales en el robo no hay un imputado conocido, es decir, cuando a la fiscalía le llega la causa sin saber quién cometió el delito. En ese caso, el archivo llega a un 84%. De acuerdo a eso, elegimos saber qué está sucediendo», añade el autor de la investigación.
«La pregunta que surge es por qué la investigación que ellos realizan no tiene resultado. Y es principalmente porque el método es totalmente ineficiente. Básicamente se trata de una orden del juez que se envía a la policía para que haga algo. Y esto tiene serios problemas porque el núcleo central de este método, es que se centra en la recabación de información de forma posterior. Incluso, las órdenes están llegando 30 días después. Entonces, claramente las posibilidades de esclarecimiento de delitos son bastante bajas y también muy burocrático porque implica todo un andamiaje para poder finalmente enviarla», agrega Alcaíno
LAS METAS DE LAS FISCALIAS Y POLICIAS: JUICIOS Y DETENCIONES
«Lo único que hace finalmente este sistema es recargar a las unidades policiales de pura tramitación en lugar de investigar. Y lo que provoca esto, es que los fiscales tengan una visión de que la policía tiene una especie de selección de cuáles investigaciones realizan y cuales no», prosige el investigador del CEJA.
«A su vez, también genera hecho de que la relación sea mediante manera escrita. Incluso ni siqiera por correo electrónico, sino que en papel, lo que provoca que las fiscalías tengan muy poco control de lo que hacen o no hacen las policías. Un fiscal no tiene cómo saber si un policía finalmente estás haciendo o no su trabajo. La cosnecuencia es que la relación entre fiscalías y policías se haya enfriado, por tanto no hay un trabajo en equipo. Los fiscales no se conocen con los funcionarios policiales. Es un trabajo de instituciones más que personal».
Si bien hay experiencias positivas según este informe, son aisladas y no responden a una política general de Gobierno, por ejemplo, desnudando que no existe una línea de trabajo a seguir y que la coordinación no existe, aparte de la cruda realidad de las metas a ambas instituciones, dejando de lado la calidad en el trabajo de persecución en los delitos.
«Hay algunas experiencias importantes en la Fiscalía Centro Norte, el trabajo que hacen en Santiago Centro y otras, pero lo más importante es que esto es un trabajo meramente excepcional. Es iniciativa de la fiscalía regional o de algún fiscal en específico, pero no hay una política por parte de la Fiscalía Nacional de hacer un trabajo sofisticado, de manera inteligente, de trabajo con la comunidad, con la policía», sostiene Alcaíno.
Y explica que «todo esto tiene que ver con los incentivos o no que tiene la policía para investigar o darle proiridad a este tipo de delitos. Lo que nosotros pudimos constatar es que el Ministerio Público no tiene incentivos para darle prioridad a este tipo de delitos. Porque a ellos evalúan a la fiscalía a través de Indicadores de Gestión, que son meramente numéricos. O sea, se les pide a los fiscales cierto número al día de determinados asuntos. Les piden determinados números de sentencias. Entonces, como les piden números, los fiscales obviamente como tienen una carga de trabajo importante, lo que hacen es dedicarse a aquellas causas que les toma menor dedicación, las causas más sencillas y las que le van a tomar menos tiempo. Eso se centra en el trabajo de imputados conocidos».
Por su lado, el director ejecutivo del CEJA y académico de la UDP, Cristián Riego, concluye que «en esta área no hay un protocolo de actuación bien pensado y que se aplique siempre. Lo que se va a hacer es muy al azar. Depende de cada caso, de la policía, de las personas. No hay un protocolo, una línea de procedimiento para decir ‘esto es lo profesional’. Hay azar que en la mayoría de los casos se traduce en no hacer nada al principio y que luego la fiscalía mande a investigar».
NO ES UN TEMA DE RECURSOS
«El problema es que si se les sigue inyectando recursos para que sigan haciendo lo mismo. O sea, poniendo más asistentes, más fiscales, en uno o dos años más vamos a estar hablando absolutamente lo mismo. Entonces, el Ministerio Público tiene que generar protocolos de trabajo distintos de manera de focalizar bien sus recursos», expone
«En ese sentido hay que generar procesos investigativos más innovadores y tomar una visión más global, no de caso a caso. De que detrás de los robos hay en Las Condes, por ejemplo hay un problema delictual y por tanto hay que generar estrategias para evitar eso. Uno podría inyectar recursos, pero no basta. Hay que generar objetivos comunes entre las policías y fiscalías. Aparte, hay que generar incentivos y espacios de rendición de cuentas, que es lo que no existe hoy. Ellos no se responsabilizan ni rinden cuenta. Al final cuando hay fracasos, es el Ministerion Público el que pone la cara», remata el autor del estudio que se presentará el próximo martes, a las 13 horas en la Facultad de Derecho de la UDP ante autoridades, adadémicos y protagonistas de la escena judicial del país.
