Estupefacción.

Este es el sentimiento que nos embarga ante la noticia de la destitución de
Guillermo Boiero como juez de ejecución penal de la Provincia de La Rioja.

Luego de una increíble imputación por haber concedido un permiso de salidas
a un preso para que acompañado por personal del Servicio Penitenciario
pudiese arreglar el techo de la casa de su madre que amenazaba ruina —
actividad jurisdiccional normal y habitual para la especialidad— la comunidad
académica y relacionada con el mundo de la Justicia esperaba confiada en la
imposibilidad que dicha acusación pudiese prosperar.

Esta fundada expectativa se vio corroborada con el discurrir del juicio político,
donde hasta los testigos de la acusación depusieron a favor del juez de
ejecución, y donde al cabo de la recepción de las pruebas, los encargados de
acusar manifestaron que nada tenían que decir, en un claro acto de
desistimiento de la pretensión punitiva.

Sin embargo, en un trámite sumarísimo, la Legislatura riojana votó la
destitución de Guillermo Boiero.

La Asociación “Pensamiento Penal” considera que la destitución de Guillermo
Boiero constituye un gravísimo ataque a la división de poderes y a la
independencia del Poder Judicial, de consecuencias imprevisibles para la
normalidad institucional, con trascendencia al resto del país, razón por la cual
acompañaremos al afectado directo, moral y legalmente, en el liso y llano
entendimiento que la totalidad de la comunidad resultamos afectados indirectos
y difusos de la ilegal y arbitraria medida.

Preocupación y alarma que se agudiza en la medida que percibimos —de
acuerdo a lo que informan los medios periodísticos y nuestras propias
fuentes— un claro intento hegemónico por parte del poder político, intentando
generar controles abusivos sobre la actividad de los jueces, como asimismo la
posibilidad que los mismos puedan ser puestos en comisión a la brevedad.

Nuestro país tiene tristes y sobradas experiencias de las consecuencias
derivadas de las emergencias, las que normalmente redundan en
avasallamientos institucionales y restricción de derechos y garantías. Es así
que instamos de modo enérgico a las autoridades de la Provincia de La Rioja
para que aseguren y garanticen el normal funcionamiento de las instituciones
de la República, recurriendo a los carriles institucionales pertinentes en caso de
observar la existencia de irregularidades que ameriten su intervención, pero sin
exorbitar sus propias facultades.

Finalmente, la Asociación “Pensamiento Penal” activará todos los mecanismos
legales a su alcance para lograr la revocación de la destitución de Guillermo
Boiero como juez de ejecución penal de la Provincia de La Rioja, en la
seguridad que ese es un modo de defender la legalidad y el Estado de
Derecho.

28 de abril de 2008