Con el objetivo de atacar lo que definen como “retroalimentación del delito”, los diputados bonaerenses del Frente Renovador buscan abrir un nuevo debate legislativo con eje en justicia y seguridad, a través de una propuesta de modificación del Código Procesal Penal de la Provincia que apunta a aumentar los controles sobre el origen de los fondos en el pago de fianzas, “para evitar el ingreso de dinero de procedencia ilegal a través del pago de cauciones reales”. La iniciativa, presentada por la diputada Valeria Arata, propone modificar tres artículos del Código Procesal Penal (el 177, el 182 y el 189), relacionados a las cauciones establecidas por la Justicia al disponer la excarcelación de un imputado, que tienen como objetivo garantizar su futura comparecencia. Específicamente, apunta a las cauciones reales, es decir el pago de una fianza, que puede cumplirse depositando una suma de dinero, títulos públicos, divisas extranjeras u otros papeles de crédito y el proyecto apunta a establecer un mecanismo de intervención de los organismos de recaudación que deberán controlar el origen de esos fondos. RECURSOS ILEGITIMOS En concreto, se propone que cuando el juez establezca una caución real deba dar vista a la Afip y a la Agencia de Recaudación de la Provincia (Arba), “para verificar el origen y la legalidad de los fondos que integran la misma.”, según se destaca en el proyecto, en el que se expresa que “ es irrazonable que en los casos en los que se otorga dinero para obtener la excarcelación de un imputado, éste tenga un origen ilegítimo”.
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