La Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) exhortaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Neuquén a “adoptar medidas para garantizar la integridad física” de personas privadas de su libertad. Luego de un visita realizada a la ciudad de Neuquén en septiembre pasado, las organizaciones, reclamaron también que se tomen medidas para “prevenir la práctica de la tortura y los malos tratos”. También pidió el esclarecimiento del crimen de Cristian Ibazeta.
Las tres organizaciones reclamaron a través de un documento que evalúa la situación carcelaria en la provincia de Neuquén, que se respeten los derechos de los internos e internas, sobre todo a partir de la puesta en marcha del Comité Provincial contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y “la adopción de una cultura de transparencia de los lugares de detención a organismos externos”.
En ese contexto, se hizo un pedido especial para que se garantice “la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y la necesidad de impulsar investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en esta provincia”.
También reclamaron la puesta en marcha de un comité local de prevención a la tortura y a otros malos-tratos, “de conformidad con los requisitos del instrumento internacional a lo cual adhirió Argentina, siguiendo así los pasos de otras provincias en el país que ya han adoptado tal medida, es el caso de las provincias del Chaco, Río Negro, Mendoza, Salta y Tucumán”.
Luego de recorrer unidad de detención y mantener reuniones con autoridades provinciales, las organizaciones consideraron que es de una gran preocupación “los violentos incidentes recientes ocurridos en la Unidad 11”, entre ellos los castigos aplicados contra detenidos el pasado julio, y el asesinato de Cristian Ibazeta, principal testigo de un juicio de tortura.
Con respecto al crimen de Ibazeta, “como en todas aquellas denuncias por malos tratos o torturas, debemos señalar el rol fundamental que deben cumplir los órganos jurisdiccionales en lograr individualizar a los responsables y sancionarlos penalmente, para erradicar la impunidad de los delitos que se cometen contra la integridad física, psicológica y la vida de las personas privadas de libertad”.
Sostienen que las autoridades neuquinas “están obligadas a iniciar sin dilaciones una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles. Además, en los casos en los que las conductas que lesionan los derechos reconocidos por la convención, e involucran la participación de agentes estatales, como es el caso, los Estados tienen una especial obligación de esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”.
Aseguran que una respuesta favorable de los funcionarios judiciales frente a los casos denunciados de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes “resulta de vital importancia para lograr avances sustanciales en los expedientes judiciales y las condenas que estas prácticas aberrantes merecen”.
Más información
Asociación Pensamiento Penal (APP)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
