Juan José Reyes – La mayoría de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, con el aparente visto bueno del Procurador, y el asentimiento de otras Circunscripciones -el pedido surge de los fiscales santarroseños-, quieren mostrar su descontento ante el Poder Ejecutivo por la marea de trabajo que tienen, además de ganar menos que los jueces de ambos fueros (control, audiencia de juicio, de cámara, ejecución y del menor). El pedido de audiencia de los fiscales se dirige al Procurador General, Mario Alberto Bongianino, pues se respeta el organigrama judicial, pero apunta al Ejecutivo, puesto que el Poder Judicial pampeano es un organismo sin autarquía financiera.
Servicio rengo.
Desde que comenzó a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal (CCP) se elevó el caudal de trabajo de la justicia pampeana y la dotación de empleados, que si bien creció, está colapsada. En la nota aducen: «Desde la implementación del sistema acusatorio-adversarial se ha incrementado la planta de personal y se han realizado adquisiciones que hacen a mejorar el desenvolvimiento de nuestra función, pero ello no ha logrado optimizar el servicio de justicia y, frecuentemente advertimos circunstancias que se hace necesario modificar a efectos de cumplir acabadamente con nuestros deberes, y asegurar el acceso a la justicia en el fuero penal de todos los justiciables».
La propuesta elevada al Procurador General puntualiza en la necesidad de exponer la preocupación (de los fiscales) en orden a «los recursos escasos» con que cuentan para efectuar las tareas diarias y la posibilidad de optimizar el rendimiento de los mismos a través de una reasignación de actividades. Abonando el pedido de los fiscales, justo es decir que un reciente informe periodístico realizado desde el propio MPF menciona entre las falencias del nuevo sistema la escasez de personal, espacio físico reducido, falta de algunos insumos, además de que no han sido creadas la Oficina de Control de Probation ni la de asistencia a la víctima. Si bien es un comienzo de una protesta más formal, es un «rotundo» tiro por elevación hacia el poder político.
Equiparación con jueces.
La nueva herramienta jurídica, que cambió de cuajo el sistema de investigación de los delitos en la provincia, trajo innumerables problemas. A partir de aquel momento esa facultad quedó en manos de los fiscales y no de los jueces como ocurrió hasta febrero del año pasado. En otro párrafo de la nota, los firmantes afirman que con la entrada en vigencia del nuevo CPP, se produjo un «cambio de paradigma» en el órgano acusador «que se concreta en mayor competencia y responsabilidad», lo cual no se corresponde con el sueldo que perciben, si se compara la actividad que despliegan con la de los otros funcionarios judiciales.
«Nuestros salarios son inferiores a funciones que tienen sólo competencia específica y acotada, cuando la nuestra es durante todo el proceso penal, desde el anoticiamiento de un suceso criminal hasta el dictado de sentencia definitiva; no pudiendo dejar de soslayar la actividad que desplegamos en los procesos residuales», explican.
Si bien la notificación intenta «presionar» al jefe de los fiscales al tratamiento del tema en esferas políticas, dan a entender que hay asentimiento de Bongianino: «Sabemos que esta realidad es compartida por Ud. y por otros operadores judiciales, pero a la fecha aún no se ha ejecutado ninguna modificación, en lo que a nuestros ingresos respecta y consideramos que el tiempo transcurrido da muestra del esfuerzo y contracción que hemos impreso a la función, lo que estimamos merece ser reconocido, a través de una remuneración justa y acorde a la tarea efectuada».
Cierto es que sus salarios no están acordes a las nuevas funciones las cuales demandan mayor carga horaria y más responsabilidad, con lo cual piden al menos en un principio una equiparación en las nóminas salariales con los jueces de control.
¿Cuánto ganan y qué pretenden?
Desde el punto de vista de la remuneración que perciben por nómina salarial, puede darse a conocer un dato revelador y poco conocido por el resto de la sociedad. En la actualidad, los agentes fiscales se encuentran salarialmente en un promedio del 25% por debajo de lo que cobran los jueces y camaristas (que ganan, en promedio, alrededor de 30 mil pesos) o del mismísimo Procurador General (llega a los 42 mil pesos) y más lejos aún de los ministros del Superior Tribunal de Justicia (orillan los 50 mil pesos, cuando el gobernador tiene un ingreso de 20 mil mensuales).
El otro tema sensible, que lleva largas décadas de discusiones y que la propia presidenta de la Nación ha puesto como tema de debate, refiere a la denominada «intangibilidad del salario» de algunos funcionarios judiciales por ser aquella una garantía constitucional. En la práctica no es más que una indemnidad tributaria para los magistrados, reconocido por la Ley del Impuesto a las Ganancias, lo que de hecho incrementa los salarios.
Lo que no puede objetarse es que los fiscales hoy quieran al menos equipararse en sueldos con los jueces, pues ahora el fuerte del trabajo recae en ellos. Pero en esos momentos hablar de emolumentos tan elevados, aparece como una desconsideración con los menguados salarios de los propios empleados judiciales y ni que hablar de los de los empleados públicos en general. Empezó una pelea que en poco tiempo más involucrará a toda la justicia provincial, aunque en cuestión de dinero quien tiene la última palabra es el poder político.
