VALERIA GIL / GONZALO TERRA

El Frente Amplio propuso eliminar las penas a la «mendicidad abusiva», a la «falta de respeto a la autoridad» y a la «desobediencia pasiva» del proyecto de Faltas que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Acercarse a vehículos estacionados, detenidos, o en movimiento, solo con el fin de ofrecer limpieza de vidrios o para vender artículos. Así como pedir dinero por la vigilancia de automóviles en la calle (sin la autorización municipal) configurarían una falta, según el proyecto remitido por el Ejecutivo al Parlamento.

Las conductas mencionadas hacen parte del proyecto de ley de Faltas y se incluyen dentro del concepto de «mendicidad abusiva». Pueden ser castigadas con una pena de siete a 30 días de trabajo comunitario o prisión. Sin embargo, la bancada del Frente Amplio entiende que el artículo debe ser eliminado de la futura ley por no ofrecer garantías.

Las modificaciones a la iniciativa enviada al Parlamento suponen un nuevo intento del Frente Amplio por flexibilizar los proyectos de seguridad que están contenidos dentro de la propuesta del Ministerio del Interior para mejorar la convivencia ciudadana y reducir el número de delitos cometidos.

El diputado Nicolás Pereira (CAP-L) dijo a El País que los legisladores del Frente Amplio le plantearon al gobierno borrar del proyecto de faltas la «mendicidad abusiva». «La idea que nosotros tenemos es que se condene a la actitud violenta, pero no la actividad que desarrolla la persona, como puede ser la limpieza de vidrios», explicó el legislador.

A su vez, el Frente Amplio se resiste a penar «la falta de respeto a la autoridad y desobediencia pasiva», tal como plantea el gobierno. Según el texto original de la iniciativa, «el que faltare el respeto a la autoridad, sin llegar a la injuria, o no cumpliere lo que esta ordenare, sin proclamar su desobediencia», puede ser condenado con hasta 30 días de prisión o con trabajo comunitario.

La Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) propuso eliminar este artículo del proyecto y la idea fue compartida por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). «Lo que planteamos fue eliminar la desobediencia pasiva, porque entendemos que no es adecuado en tiempos como los que corren tener un artículo de este tipo. Nos parece un poco autoritario, porque no hay cómo probar la falta de respeto sin insulto», dijo Pereira.

En el Frente Amplio entienden que la ley de faltas no puede penar otros delitos que ya tienen su castigo por la vía administrativa. Conducir a alta velocidad ya está penado en la normativa de tránsito, por eso «no tiene sentido colocarla también dentro de la ley de faltas», aseguró Pereira.

Por otro lado, el Frente Amplio planteó incluir en el proyecto un sistema por el cual se puedan plantear recursos de apelación a los fallos que emitan los juzgados de faltas, como forma de garantizar los derechos de los acusados.

El diputado socialista Julio Bango reconoció a El País que su sector mantiene algunos «reparos» hacia el proyecto de faltas, pero indicó que antes de expresar las diferencias públicamente se saldará una discusión en la interna partidaria.

La diputada socialista y exministra del Interior, Daisy Tourne, señaló semanas atrás a El País que hay artículos que le «llaman la atención» y agregó que «hay que profundizar la forma en que fueron redactados algunos de ellos para conocer su contenido real. No me queda claro tampoco a través de la exposición de motivos la hipótesis de trabajo. Para qué necesitamos esto, qué se entiende y por qué razón mejoraría la seguridad», indicó.

Fuentes de la bancada dijeron a El País que el Ministerio del Interior aún no se expidió acerca de los cambios planteados, pero indicaron que la cartera no está dispuesta a ceder en algunos de los artículos.

PROYECTOS.

Ayer se anunció en la bancada del Frente Amplio que sería remitido al Parlamento el proyecto de ley que crea un fondo para la reparación de los familiares de las víctimas de delitos violentos.

La iniciativa establece la creación de una pensión pagada por el Banco de Previsión Social (BPS) a las víctimas o a sus familiares desde el año 2002, contaron a El País fuentes del Ejecutivo. El diputado Aníbal Pereyra (MPP) señaló a El País que se cambió la financiación del proyecto y que se hará por Rentas Generales y no por el 1% de las ventas de las aseguradoras, tal como se preveía en la iniciativa original. Esto implica que se debe ingresar un segundo proyecto a la Asamblea General.

Pereyra dijo que «la iniciativa ya está pronta para ser firmada por los ministros» y será tratada a la brevedad en la Cámara de Diputados. En tanto, el próximo martes 6 de noviembre se considerará en el Plenario el aumento de penas para el tráfico de pasta base y la corrupción policial. Al contar con los votos para aprobarla, será la primera medida de seguridad del paquete acordado por el Ejecutivo que se convertirá en ley.

Por otra parte, en la próxima semana un grupo de trabajo dentro de la bancada del Frente presentará un nuevo articulado para la legalización de la marihuana. Bango dijo que se incluirá el autocultivo de cannabis personal y a través de los clubes de cultivadores, así como el consumo medicinal de la droga. Los legisladores se inclinan por definir que el Estado no sea el encargado de plantar cannabis, pero aún no hay una decisión tomada.

Proceso: Frente pidió incluir en el proyecto de faltas recursos de apelación a los fallos.

Marihuana: Frente presentará cambios al proyecto de ley en la próxima semana.