Lo reconoció la Procuradora General de la Provincia, al revelar que el 93% de la defensa bonaerense es pública. Pese a este dato, descartó que el sistema penal sea selectivo. “Lo es la sociedad”, aclaró

Hasta la reforma procesal de 1998, a la provincia de Buenos Aires la regía un sistema judicial inquisitivo: sobre la figura del juez de instrucción recaía no sólo la investigación penal sino también el juzgamiento del imputado. Es decir: el mismo funcionario que acusaba, juzgaba. La garantía de la imparcialidad, intrínseca al debido proceso, quedaba limitaba por ende al pensamiento teórico penal.

Tras años de demandas y solicitudes, el Código Procesal Penal fue sometido a reforma. El pasaje del sistema inquisitivo al acusatorio implicó, entre otras cosas, la repartición del poder concentrado de aquel histórico juez de instrucción. Desde entonces, el fiscal investiga y el juez de garantías vela por los derechos y obligaciones de las partes en conflicto. En este esquema, la defensa pública se revitaliza y entiende acabadamente como derecho inalienable de los aprehendidos.

Pese a la estricta y clara división de poderes que dejó por saldo la reforma procesal, en Buenos Aires (como en otras tantas provincias argentinas) existe una única dependencia estatal capaz de representar a defensores y fiscales y brindar orientaciones político criminales a dos órganos judiciales complementarios aunque opuestos. La Procuración General, hoy a cargo de María del Carmen Falbo, tiene además la potestad de repartir los recursos económicos para el funcionamiento de ambas áreas.

En diálogo con El Atlántico, la funcionaria, que visitó la ciudad para inaugurar un encuentro de defensores, desestimó que sea necesario desconcentrar el poder que en su rol encarna. «Alcanza con tener equilibrio y yo lo tengo», aseveró. Además, habló sobre la creación de la policía judicial, sobre la descentralización fiscal y sobre las fallas y virtudes el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

-¿Qué porcentaje de la defensa provincial es pública y a qué responde?

-Arriba del 93%, incluso en algunos momentos ha llegado hasta el 95%. Más de 400 mil casos asistidos es el promedio oficial en la provincia de Buenos Aires.

Esto no obedece sólo a una cuestión económica, sino también a que es un ejemplo el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y la preparación que tienen nuestros defensores y que hacen que mucha gente se sienta confiada en recurrir a la defensa pública.

También es real que hay falta de recursos económicos en quienes requieren defensa oficial, que es un derecho y obligación constitucional. Desde el primer momento en que se aprehende a una persona por la presunta comisión de un delito, se le tiene que hacer saber que entre sus derechos y garantías cuenta con el de una defensa oficial. Si no quiere o no puede abonar a un defensor privado, tiene el derecho a uno oficial.

-Ese nivel de demanda de la defensa pública en la Provincia, ¿avala en parte las posturas que sostienen que el ingreso al sistema penal es selectivo? De hecho, las cárceles bonaerenses no se caracterizan por alojar una notoria diversidad de clase…

-Me estás queriendo de decir que lo que ingresa normalmente al sistema penal son las personas de menores recursos y la verdad que yo creo que hay delitos de todo tipo y para toda clase de personas. Hay delitos donde ingresan personas mucho más vulnerables y hay delitos en los que ingresa cualquier ciudadano. Imaginate que a veces hay delitos en los que se maneja una suma importante de dinero, y suele ser cometido por gente que no es tan vulnerable.

Yo creo que el sistema penal no es selectivo. En todo caso, lo es la sociedad que componemos, y el sistema penal está dentro de esa sociedad.

-¿No es cuanto menos esquizofrénico que una misma persona, en este caso usted como Procuradora, esté a cargo de los lineamientos de dos órganos complementarios aunque opuestos como las defensas y fiscalías?

-Exactamente, pero se hace con equilibrio. Yo, que dirijo, cumplo la función con equilibrio. Quiero aclarar, de todos modos, que de las 24 provincias argentinas, 20 tenemos el mismo sistema. Por ende, tan errado no debe ser.

Además, es una norma constitucional. Cuando yo juré, me pusieron al frente de fiscales, defensores, asesores y curadores. Pero por supuesto que quien es el operador del sistema debe tener el suficiente equilibrio y la suficiente claridad como para saber de qué manera tiene que conducir las políticas desde esa institución hacia cada uno de los sectores.

Hay una diferencia en las políticas que se dirigen hacia la función de los fiscales y los defensores, porque el defensor no es ni más ni menos que un abogado que defiende los derechos de un imputado. En cambio, el fiscal debe hacer la acción de persecución penal. Entonces, las instrucciones de la política criminal a implementar por la Procuración General deben dirigirse fundamentalmente a ello y debe dar cierta libertad, o libertad al fin, a los defensores para que utilicen todas las herramientas que el sistema y la Procuración les da.

En igualdad de pares está la defensa y la fiscalía. El sistema es integrado, pero con independencia; cada uno cumple su rol y función tal como lo establece el sistema acusatorio.

-Más allá de que usted tenga capacidad para sostener ese equilibrio, ¿no cree necesaria la división del Ministerio Público? ¿Usted no estaría de acuerdo con una reforma?

-No se trata de estar de acuerdo. Para ello hay que modificar la constitución provincial.

-¿Y estaría de acuerdo en que se modifique la Constitución Provincial? A nivel nacional ya se hizo…

-Yo no me voy a oponer jamás a lo que dice la Constitución. Además, no veo que esté mal la función que hoy estoy desarrollando. Yo cumplo con las normas. Y eso no es una cuestión de gustos, sino de acción y ejecución de políticas.

Yo creo que los defensores tienen una absoluta libertad dentro de esta Procuración.

-Sabemos que los presupuestos, en todos los órdenes, delimitan grados de libertad. ¿En la Provincia, defensa y fiscalía cuenta con igualdad de recursos para peritajes y pruebas?

-Sí, claro. Totalmente. Ellos acceden a lo que necesiten. Es más: a la defensa la hemos reforzado, en estos últimos dos años, con profesionales interdisciplinarios. Todo depende, claro, del tipo de Departamento (judicial) del que estemos hablando.

Es verdad que en un momento la defensa fue la cenicienta del sistema, pero cuando se impulsó el sistema acusatorio se fortaleció el papel de la defensa, y la prueba está en que antes había, a lo mejor, dos o tres defensores por Departamento, y hoy son más de 500 en la Provincia.

POLICÍA JUDICIAL

-Desde diversos sectores se exige la creación de una policía judicial. De hecho, ya hay en manos de legisladores varios anteproyectos de ley. ¿Usted entiende necesaria su implementación en la provincia de Buenos Aires?

-Sí. Yo lo estoy reclamando. En el ámbito de la Secretaría de Justicia que presidí se hizo la comisión de creación del sistema acusatorio y una de las normas fundamentales que pusimos, y lo dice la propia ley del Ministerio Público, es la policía judicial civil y desarmada bajo la órbita de la investigación fiscal.

Y además, mi antecesor formó en el ámbito de la Procuración General un grupo de instructores judiciales de policía judicial. Ellos están muy preparados y se han formado hasta con el FBI. Ellos son el semillero de la futura policía judicial, que aclaro que no se saca de una galera. Por más de que salga una ley, hay que capacitar, hay que formar, y sobre todo hay que buscar el perfil y elegir quienes la integrarán. Tienen que ser personas preparadas, honestas y comprometidas con la función pública.

-¿Cómo imagina su materialización?

-En principio, no podría abarcar todos los delitos. Mi idea es que, por ejemplo, en el Conurbano tenga que estar un grupo de policía judicial en cada departamento judicial. Lo mismo con Mar del Plata y La Plata. En el interior, en cambio puede pensarse una organización regional.

Hoy, los fiscales generales cuentan con grupo de instructores. En estos últimos meses hemos creado una planta un poquito mayor y ya estamos distribuyendo personal.

Ese grupo de instructores judiciales de policía judicial es el que acude cuando los fiscales generales, a través de algún fiscal que le haya pedido la colaboración para una investigación, concurren. Por eso que yo los llamo los bomberos de la Procuración. Fortifican y ayudan en delitos graves en donde están involucrados, por ejemplo, funcionarios o agentes policiales.

Tendremos que reunirnos entre varios actores y discutir el perfil y el modo de implementación de esta policía tan necesaria.

DESCENTRALIZACIÓN DE LAS FISCALÍAS

-En el último tiempo, funcionarios y dirigentes marplatenses reclamaron por la territorialización de las agencias fiscales, no sólo para la toma de denuncias sino además para hacer más efectivo el control sobre la fuerza de seguridad. ¿Es viable esa descentralización fiscal en Mar del Plata?

-Si Mar del Plata quiere barriales, el Conurbano querría ciento de miles (sic). No alcanzarían los funcionales judiciales. Que sea un fiscal es imposible, porque además de tomar denuncias está para instruir, para hacer juicio. De última, la policía judicial creada podría encargarse de cumplir con esas tareas en la zona de jurisdicción de cada comisaría. Pero de ninguna manera un fiscal o un ayudante fiscal, porque los funcionarios están para instruir y para atravesar un juicio. No podemos animarnos a hacer algo semejante. Además, no nos alcanzaría el presupuesto, por más grande que sea el que nos dé el gobernador.

Encima, no sería efectivo. La descentralización vale cuando hay una distancia importante entre la Departamental y el destino en cuestión, como es el caso de Miramar y Balcarce, que se reproduce en otras 300 descentralizadas a lo largo y ancho de la Provincia. Pero hacerlo acá no creo que sea viable.

FUERO JUVENIL

-Operadores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata han denunciado una falta de acompañamiento del Poder Ejecutivo en lo que respecta al trabajo conjunto con los menores en materia de resocialización…

-Es real que hay que fortalecer mucho la parte de los centros de recepción y de los grupos que trabajan en la apoyatura, tanto zonales como distritales. Pero lo concreto es que hay un complemento, sin duda, porque sino no hubiésemos podido hacer nada. Pero sí es verdad que eso tiene que crecer y fortalecerse mucho más. El Fuero es muy nuevo y todavía no ha llegado la cultura de estas dos patas diferentes a la de mayores (sic).

Aunque este último año se notó muchísima más la apoyatura oficial, sí hay que saldar lo relativo al traslado del detenido menor, que no puede estar en un patrullero dando vueltas de ninguna manera. Hay que mejorar muchos aspectos todavía.

JUICIO POR JURADOS

En uno de sus últimos discursos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que es una necesidad de la democracia argentina que se incorpore al sistema judicial el mecanismo de juicio por jurados, que ya opera en provincias como Córdoba.

Al ser consultada sobre esta posibilidad, María del Carmen Falbo bajó el tono de voz, reclinó su cuerpo sobre el cómodo sillón, se alejó del micrófono y con cara de “prefiero no contestar”, respondió: “No sé si estamos lejos o cerca, pero es un tema que hay que trabajarlo mucho”.

ENCUENTRO DE LA DEFENSA PÚBLICA

La entrevista con María del Carmen Falbo se sucedió luego de que la funcionaria dejara inaugurado el Encuentro de la Defensa Pública Penal de la provincia de Buenos Aires, que se realizó hasta ayer en la ciudad.

Junto a Cecilia Boeri, defensora general de Mar del Plata, Falbo contó algunos de los detalles que hicieron a este evento judicial: “Por primera vez, esta actividad se desarrolla en conjunto con los defensores de mayores y de menores. Es un entrecruzamiento interesante de experiencias y resultados. Está organizado por el Consejo de Defensores de la Provincia, que integran los defensores generales que están bajo la órbita de la Procuración General”.

Entre otros temas, en talleres de debate se ahondaron cuestiones relativas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, al sistema acusatorio de mayores y a los lineamientos que hacen a la ejecución de la pena.

Estuvieron presentes, entre otros, autoridades de Necochea, Trenque Lauquen, Dolores, Bahía Blanca y Azul. El fiscal general Fabián Fernández Garello también se acercó hasta el Hotel Ástor para compartir la jornada con Falbo.