¿Por qué una reforma del Poder Judicial ahora?
La oportunidad es la que se resuelve políticamente en base a una valoración de méritos o reclamos. En mi opinión la reforma debió haber sido mucho antes. También es cierto que apareció en la escena pública un reclamo general de modificaciones de fondo.
¿Qué visión general tiene de las iniciativas parlamentarias?
Los seis proyectos que mandó el Ejecutivo son buenos. Incluso el de cautelares. Es probable que en la redacción original quedaran algunas áreas desprotegidas, como el derecho a la vivienda o los de los pueblos indígenas. Pero se complementó y hubo espacio para el debate. El sentido general del proyecto está muy bien: las cautelares deben ser siempre la excepción.
El debate sobre el proyecto de cautelares giró siempre en torno del caso Clarín.
Todos los reclamos contra el Estado son patrimoniales. En el fallo de la Cámara Civil y Comercial los jueces dicen algo contrario a lo que sostuvo la Corte cuando analizó este caso. En la limitación de las licencias disponibles para medios no hay un tema de libertad de expresión en juego sino uno de orden patrimonial.
¿Cuáles cree que son los ejes fundamentales de la reforma?
De todos los proyectos, los que me resultan más ricos y transformadores son el del ingreso democrático al Poder Judicial y el de modificación en la composición y acceso al Consejo de la Magistratura.
En los cuadros intermedios de Tribunales hay quejas por los ingresos por concurso.
Es necesario reglamentarlos. Los ingresos por concurso existían y Carlos Menem los sacó. El último que se hizo lo gané yo en 1990, para ser secretario de la Cámara Federal. Hoy están suspendidos, y los pocos que hay es porque algunas dependencias los sostienen, como la Defensoría General y varias Cortes provinciales. El concurso debe ser la regla. El que dice que le va a cortar la carrera reclama por privilegios de una aristocracia nepotista. ¿Desde cuándo sólo la antigüedad es una razón para hacer carrera? No tiene que haber derechos adquiridos para nadie. Sólo debe primar la idoneidad y el criterio de incorporar a los mejores, en vista de que se le reclama eficiencia al Poder Judicial. Las quejas en esta línea son espasmos corporativos que se replican de arriba hacia abajo. Y los comparten tanto empleados como magistrados. Algo de eso vimos la semana pasada, con las sospechas que hubo por el corte de luz el día del paro. En realidad fue un lock out patronal organizado por la “mesa de enlace” judicial.
También se cuestiona la adhesión de candidatos a consejeros de la Magistratura en las boletas partidarias.
Lo que hace el proyecto es reconocer algo que ya está previsto en la Constitución: en toda instancia electiva, el elemento central son los partidos políticos. No está mal que un miembro del Consejo de la Magistratura blanquee su visión del mundo. De hecho es mucho más saludable que se sepa a que no salga a la luz. Eso hace de esa temática algo menos ambiguo y detectivesco. En mi opinión, una persona que asume una función pública de esa jerarquía y no tiene una mirada más amplia no está en condiciones de ser juez. Creo que alguien que se declara apolítico no debería ejercer la magistratura.
¿No puede afectar su independencia de criterio o generar alineamientos en función de la previsión acerca de cómo le irá en las elecciones a cada partido?
Dependerá de si uno es oportunista. El partido tiene que elegirte y vos tenés que elegir el partido. El mundo está lleno de alcahuetes pero no siempre encuentran a alguien que quiera hacerles caso.
¿Está de acuerdo con la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios y de los fallos?
Lo de las declaraciones juradas está previsto en la ley de Ética Pública. En cuanto a los fallos, ya son públicos. Son actos de gobierno y, por lo tanto, públicos.
Algunos especialistas advierten del riesgo de la difusión de informaciones sensibles en los fallos
En algunos juicios civiles y penales podría tomarse en cuenta esa preocupación. Me imagino que en casos como los de adopción, insania o que tengan derechos personalísimos en juego o se pueda afectar el pudor. Pero siempre y cuando no haya un interés público de por medio. La regla debe ser la publicidad de los actos de gobierno. El principio republicano establece que todo lo que no es justificadamente secreto, debe ser público.
¿Qué va a pasar con el manejo presupuestario entre el Consejo y la Corte?
El Consejo de la Magistratura es el verdadero órgano de gobierno del Poder Judicial y, por lo tanto, responsable de su administración. Lo que sucedió fue que cuando estuvo en la presidencia del Consejo, Cabral (Luis María, juez de un Tribunal Oral Penal y subrogante en la Cámara de Casación) cedió parte del presupuesto propio a cambio de que la Corte tuviese una actitud permeable con los miembros del cuerpo.
¿Qué proyección tiene hacia adelante Justicia Legítima?
Por ahora crecemos y hacemos actividades. Cuando firmé la solicitada me llegó una cadena chiquita de mensajes por Facebook y pensé que íbamos a ser 20. Cuando se terminó de hacer la firmamos 600. En el encuentro que hubo en la Biblioteca Nacional éramos 2000 y hubo quejas de gente que quedó afuera. Hay algo de carácter aluvional en el grupo, caracterizado por mucho debate. Ahora el desafío es que le podamos dar una organicidad y transformarlo en una instancia de poder capaz de incidir sobre el sistema judicial. No tenemos por objetivo disputar la Asociación de Magistrados, que hoy no tiene más importancia que la de una institución decadente, rancia, que ya no representa a quienes formamos parte del Poder Judicial. Es como si quisiéramos ganar el Jockey Club. Nunca participé de una Asociación en cuya declaración de principios sólo hay protección de sus propios intereses.
