Félix Crous es el titular de una de las nuevas unidades fiscales creadas por la procuradora Alejandra Gils Carbó, la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar). Antes, Esteban Righi lo puso al frente de una Unidad de Asistencia para las causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Y antes todavía, fue fiscal ad hoc para el juicio por la Verdad que llevaba adelante la Cámara Federal de La Plata. Hoy, además, es uno de los referentes de Justicia Legítima, el espacio que busca modificar los aspectos más corporativos y conservadores en el interior del Poder Judicial. Crous cree que la denuncia judicial del senador radical Mario Cimadevilla, que cuestionó las designaciones de fiscales subrogantes y ad hoc y la creación de las procuradurías, está relacionada con el intento de frenar los juicios contra los represores de la última dictadura. “No me olvido que en este momento (el empresario Carlos Pedro) Blaquier, una de las personas más poderosas de este país, está sometido a un encausamiento por un proceso que logró destrabar un fiscal ad hoc de Jujuy”, advierte. Señala también que “los que dicen que se politiza la Justicia son los que usan la Justicia para hacer política. A la Justicia ya la politizaron ellos, al usarla como lugar donde dirimen todas las cuestiones que en las porfías políticas pierden”.

Luego de asumir como procuradora, Gils Carbó creó algunas nuevas fiscalías especiales para potenciar las áreas que consideraba necesario privilegiar. A las unidades creadas por Righi para ayudar y coordinar los juicios vinculados a los delitos de lesa humanidad le agregó un área específica para la búsqueda de niños apropiados durante la última dictadura. Y estableció, entre otras dependencias, la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría sobre Violencia Institucional (Procuvin), la Procuraduría sobre Trata de Personas y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Algunas de estas decisiones y designaciones de fiscales subrogantes o ad hoc fueron las que cuestionó Cimadevilla. En especial, apuntó contra Carlos Gonella, a cargo de la Procelac, que intervino en el expediente en el que luego quedó imputado el empresario Lázaro Báez. El juez federal Sebastián Casanello desestimó la denuncia al considerar que Gils Carbó actuó dentro de lo establecido en la ley del Ministerio Público y que el mecanismo de designar subrogantes y fiscales ad hoc fue usado por los antecesores de la procuradora en el cargo. El fiscal Guillermo Marijuán, que había impulsado la investigación, se opuso a que el caso se cerrara y apeló la decisión del magistrado. “Esto puede obedecer a distintas razones, más chiquitas o más complejas, pero todas miserables”, critica Crous.

–¿Cómo evalúa la denuncia sobre los nombramientos en las nuevas procuradurías y los fiscales subrogantes o ad hoc?

–Uno no puede creer que alguien seriamente haya creído que los nombramientos cuestionados eran irregulares. Lo de (el senador Mario) Cimadevilla es otro asunto, él puede creerlo o no, pero es más fácil entender la postura política de parte de un senador. Ahora, lo del fiscal que impulsa la acción es difícil de explicar, porque además él estuvo al frente de una unidad fiscal, la Unidad de Anses. Muchos de los fiscales que cuestionaron estos nombramientos han tenido fiscales ad hoc que los representaban en audiencias. Es un asunto consentido por la Cámara de Casación, ante quien yo, como fiscal de derechos humanos, titular de una Unidad, actué solo y tuve expresamente la potestad de actuar con la aquiescencia expresa del fiscal ante la Cámara de Casación.

–¿Eso fue antes de la gestión de Gils Carbó?

–Fue una de mis últimas intervenciones importantes en la Unidad de Derechos Humanos. Fue sobre un recurso de prisiones domiciliarias no revocadas de los represores Hipólito Mariani y César Miguel Comes. No sé si estaba o no Gils Carbó, pero no existía este despelote. Lo menciono por poner un ejemplo de que esto era conocido y admitido por las máximas jerarquías del Poder Judicial. Viene instrumentándose desde hace 15 años, tanto en las fiscalías como en la Defensoría. Fue cuestionado en unas pocas oportunidades sin suerte por los abogados de los represores.

–¿Estos planteos fueron resueltos en expedientes concretos?

–Por lo menos tres veces que recuerde. Una en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de menores, otra la planteó el represor Eduardo Ruffo y otra contra mí. Y en otras oportunidades en otras jurisdicciones del país. Contra mí lo plantearon cuando estaba en La Plata en 2002.

–¿Por haberlo nombrado ad hoc para los juicios por la verdad?

–Sí. Ese tema está recontrarresuelto. En ese momento, fue plantado por un fiscal de La Plata, no por un defensor. Ahora, hay un trasfondo en esto que para mí es central. Esto puede obedecer a distintas razones, más chiquitas o más complejas, pero todas miserables. Sin duda, es una movida vinculada y promovida a favor de la chance de bajar los juicios de lesa humanidad. No me olvido que en este momento (el empresario Carlos Pedro) Blaquier, una de las personas más poderosas de este país, está sometido a un encausamiento por un proceso que logró destrabar un fiscal ad hoc de Jujuy, que es Pablo Pelazzo, en una jurisdicción donde toda la Justicia fue su defensora y donde el Ministerio Público tuvo que ponerse como vanguardia para hacer lo que el Poder Judicial no hizo, hablo del juez Olivera Pastor, de la Cámara Federal de Salta… Esto tiene un sentido político nefasto y de mayor alcance. Los medios involucrados, los grupos económicos involucrados en la difusión mediática de esta postura también lo hacen en defensa propia. Lo que me pregunto es por qué lo hacen los fiscales.

–¿Puede haber una cuestión de celos, entre fiscales que a lo mejor no se sintieron considerados por la procuradora?

–Debe haber un poco de cada cosa. Yo conozco a los fiscales e idiotas útiles no hay ninguno. Utiles puede ser, idiotas no.

–¿Pero hay resistencias internas entre los fiscales a algunas políticas de Gils Carbó?

–Absolutamente. De algunos pocos fiscales. Es lo que está sucediendo. La mayoría ya trabaja coordinadamente y con entusiasmo con las procuradurías, al menos con la que yo conduzco, que fueron creadas para que todos trabajemos mejor.

–¿Resistencia a qué concretamente?

–Al cambio. Cuando digo al cambio, lo digo por lo siguiente: se viene sosteniendo desde hace veinte años que el Ministerio Público debe sufrir modificaciones importantes. Pasar a un sistema acusatorio, modernizar la estructura interna, una organización en la que los fiscales trabajen en equipo, se especialicen, sean más eficaces. Esto implica también terminar con las quintitas, los pequeños ducados y condados de la feudalización del Ministerio Público, donde cada uno en su islita tiene su poder propio, su negociación propia, arma sus alianzas, sus viajes y también así sus enlaces de intereses. El proyecto de un Ministerio Público que logre lo que tan fácilmente se declama, que es la coherencia interna y la unidad de actuación, ese ministerio público no tiene nada que ver con fiscales que actúan como jueces, como células aisladas incoordinadas. Hay un fenómeno paradojal. Se habla del poder que tiene el jefe o jefa de los fiscales, que es el procurador, ahora, cuando el procurador efectivamente funciona como cabeza del Ministerio Público, como jefe de los fiscales y pretende dar un diseño institucional, crear una política criminal, generar las instrucciones para que esa política criminal se cumpla, supervisar la actuación, auditar, es tiránico y autoritario. ¿Es el jefe o no es el jefe de los fiscales? ¿Es peligroso o es inocuo? La cuestión es evidente: se generan resistencias por las cosas que se hacen bien.

–A Abel Córdoba, otro de los fiscales nombrados en una procuraduría especial, le prohibieron entrar a una cárcel de Córdoba y lo denunciaron…

–Abel Córdoba hizo en quince días por la dignidad de las personas privadas de la libertad más que todo el Ministerio Público en cien años. Literalmente, con sus visitas a Mendoza, al Chaco y a Córdoba. Sumo al fiscal Adrián García Lois, que ganó un hábeas corpus que había interpuesto juntamente con un defensor en Neuquén. El artículo 25 de la ley orgánica del Ministerio Público manda velar por la salud y la dignidad de las personas privadas de su libertad. Lo denuncia la ministra de una provincia que hace poco fue denunciada por tener un manicomio en condiciones de centro clandestino. Fue un funcionario federal a una cárcel provincial –tiene presos federales– a verificar una cuestión para la que tiene potestades por una ley federal, por la resolución que crea la Procuvin y también porque los hechos de violaciones a los derechos humanos generan responsabilidad para la Nación aunque el hecho generador lo provoque la provincia. Es una visita sorpresiva. Decenas de presos le cuentan que son torturados con cadenas, atados y drogados. Encuentra las cadenas, se lleva los elementos de tortura que estaban ocultos y la ministra de Justicia denuncia al funcionario federal. ¿Qué reclama? ¿Reclama las facultades indelegables de torturar presos en las provincias? Esta situación es demencial.

–Parece haber una tendencia creciente a judicializar decisiones políticas. Por ejemplo, se presentó una denuncia contra el presidente de la Corte por enviar al Congreso una carta con un párrafo menos. Una carta que le entregaron otros jueces y que al parecer incluso él mismo había escrito…

–La primera reflexión es que los que dicen que se politiza la Justicia son los que usan la Justicia para hacer política. A la Justicia ya la politizaron ellos, al usarla como lugar donde dirimen todas las cuestiones que en las porfías políticas pierden. También muestra lo barato que es litigar para quienes no lo necesitan y lo caro que es para los que sí lo necesitan. Es una falta de respeto al uso racional de un servicio público.

–Ahora se van a presentar amparos contra las leyes de reforma judicial…

–Ningún juez que forme parte de la Asociación de Magistrados puede resolver un amparo contra la modificación del Consejo de la Magistratura porque la Asociación ya se pronunció en contra.

–¿Y qué pasa con los magistrados que forman parte de Justicia Legítima?, ¿también prejuzgaron?

–Lo que sucede es que las leyes se presuponen legítimas. Lo excepcional es su declaración de inconstitucionalidad. Cuando alguien sostiene, en esta disputa sobre los modelos de Justicia, que una ley sancionada por el Congreso le agrada, no hace más que acompañar la presunción de legitimidad que la ley tiene. En todo caso, los que claramente no se han pronunciado son los conjueces nombrados por la ley de subrogancias.

–Justicia Legítima se pronunció en contra de que la Corte mantenga el control de los fondos. ¿No acuerdan con el planteo de que la administración del Consejo provocaría una parálisis en la Justicia?

–La Corte tarda años en resolver los casos judiciales. Por ejemplo, según se publicó el viernes, en una cuestión de competencia tardó tres años. Tarda tiempos absurdos en resolver asuntos, ¿Por qué vamos a pensar que va a ser eficiente como gestionador de las funciones administrativas? A menos que lo haga a costa de su tarea específica… Además, el artículo 114 lo dice claramente. Fíjense el nivel de hipocresía de los muchachos defensores de la república no democrática. Dicen que el 114 hay que interpretarlo literalmente cuando dice cómo se eligen los jueces, pero parece que vale menos cuando dice que el Consejo de la Magistratura es el órgano de administración y gobierno del Poder Judicial, ahí no está en juego la república, pero con lo otro sí. Es el mismo artículo, son dos renglones de diferencia.

–En términos generales, la reforma como se fue aprobando, ¿es buena, regular o mala?

–Para mí es muy buena y tiene algunos asuntos formidables, algunos menos vistos que son muy importantes, como la interdisciplinariedad en el proceso de elección de los magistrados. Eso tiene a largo plazo una potencia transformadora impresionante, porque incidirá sobre las condiciones subjetivas del juez y el consejero profesional no abogado tendrá capacidad, como en todo colegiado, de incidir en los otros electores. La elección popular es por definición descorporativizadora. Hay un profundo desprecio por parte del conservadurismo judicial por sus conciudadanos. Del acceso a los trabajadores judiciales ni hablar, es imprescindible… Hay un tema que ha tenido menos visibilidad, que es el de la capacidad del pleno del Consejo de la Magistratura nuevo de convocar concursos previos para cubrir las vacantes y subrogancias inmediatamente que se produzcan y evitar la corruptela de tener semijueces que saltan del mostrador, de ser abogados, al otro lado. Son jueces que no saben ser jueces o están atados por los intereses de cuando ejercían la profesión, que terminan su mandato y vuelven a ser defensores y han hecho estragos, por ejemplo en causas de derechos humanos.

–¿Por qué hay una resistencia del gremio al acceso igualitario?

–De la conducción del gremio. Me consta que los trabajadores judiciales no resisten esta reforma del modo en que lo resiste la conducción del gremio. Lo digo, lamentablemente, porque por Julio Piumato tengo respeto y cariño y valoro su trayectoria, pero me parece que acá está jugado a una interna política más grande, que es el encuadramiento de la CGT de Moyano y las posiciones que en este tiempo tiene, claramente es una posición opositora. Ha llevado el gremio a esta situación absurda de oponerse a cosas que siempre reclamó. Nadie dice que el gremio va a quedar afuera del mecanismo de selección, esto no fue reglamentado todavía. Esta es la mesa de enlace judicial. Si un gremio es aplaudido por la patronal que siempre lo despreció, yo me preguntaría si está en el camino correcto. Nada de esto perjudica a los trabajadores judiciales, sobre todo a los futuros trabajadores. A menos que se esté defendiendo el derecho de ser trabajador judicial por acomodo. Hay un lockout patronal que garantiza el paro e incluye hostilidades contra los que no quieren parar. Igual, para los judiciales, no laburar con la habilitación de tus jefes te garantiza un paro impecable. La vieja y rancia familia judicial consigue un doble beneficio con esta posición del sindicato: un aliado impensable en su resistencia a la democratización, sindicato que a su vez se quiebra o debilita por esta alianza. Sólo pierden los trabajadores.

–En términos de reforma, ¿qué faltaría? Ya sea que lo deba implementar el Ejecutivo, o desde adentro del Poder Judicial.

–Hay que insistir con la conducción de los recursos por parte del nuevo Consejo de la Magistratura. Hay algunas cosas más finitas que no merecen ser nombradas en el marco macro, pero el tema de los recursos y de la gestión siempre ha sido de difícil resolución en el Poder Judicial, ya sea por ineptitud o interés. Cuando la cosa está desprofesionalizada nadie controla. Nadie controla qué pasa con los bienes incautados, qué pasa con la gestión de los bienes de las personas que están sometidas a insania. Donde hay dinero, hay una zona bien vidriosa. Hay que insistir con que la Corte tenga sólo facultades jurisdiccionales y haya un organismo de gestión y gobierno, como en todos los lugares del mundo, que no sea la Corte. Y lo segundo es avanzar rápidamente hacia sistemas procesales que acompañen estos cambios organizacionales, que oralicen todo lo oralizable, que en la Justicia penal les saquen a los jueces la misión ambigua de ser jueces y fiscales, dependiendo del humor con que se hayan levantado ese día y que el Ministerio Público tenga la conducción del proceso penal. Y que todo lo que sea pasible de ser incorporado por jueces del pueblo se incorpore, como resolución de conflictos vecinales. Hay que involucrar directamente al pueblo en la resolución de los conflictos porque la cuestión jurídica no es una disciplina hermética. Hacer justicia no es patrimonio de iniciados ni de hechiceros de la tribu. En las culturas antiguas eran los más ancianos y los más sabios, no los magos, los que hacían justicia. Los magos hacían otra cosa, curaban a los enfermos, pero no justicia. Resolver conflictos no es una misión que exija erudición. En muchos casos esa erudición oculta la ineptitud para hacer justicia. Hacer justicia exige otros cuantos valores que son difíciles de encontrar en muchos jueces.

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