El 19 de febrero, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, nombró a Félix Crous al frente de la inédita Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar). Después de 20 años de trabajo como fiscal, Crous afronta el desafío de responder desde el Ministerio Público Fiscal a una de las demandas sociales más urgentes.
–¿Qué puede cambiar con la creación de la Procunar?
–El tema del narcotráfico no tenía un abordaje lo suficientemente uniforme, ni profundo. La idea es construir una política de persecución penal con criterios más profesionalizados. La información que hoy proviene de los fiscales es una información incompleta porque es sólo cuantitativa. Tampoco tenemos un sistema fluido de interacción con otros agentes del Estado, y menos con los que no son estatales como la gente que milita políticamente, las iglesias, las organizaciones comunitarias o las propias víctimas. Estos actores trabajan el tema desde hace mucho tiempo y lo hacen desde las antípodas de la visión policial. Por eso merecen tener un lugar en la toma de decisiones.
–¿Por dónde se empieza?
–Rosario está antes que ningún otro tema. Rosario puso en la agenda una realidad que es la disputa territorial a la política de parte del narcotráfico. Ya no es la hipótesis de que el narcotráfico financia la política, sino al revés, el narcotráfico no puede permitir que el territorio esté organizado por otro que no siga su propia lógica, y por eso confronta con, por ejemplo, los militantes de base.
–Rosario también evidenció la connivencia con la policía
–La policía está integrada al negocio. Todas las fuerzas de seguridad están atravesadas por la corrupción. Eso lo sabemos todos. Es una obviedad. El sistema necesita una reforma que se viene postergando hace 20 años pero nadie toma la decisión
–¿Qué medidas concretas se necesitan?
–Hay que desmontar toda una forma de trabajo judicial. Para empezar, los fiscales deberían estar a cargo de las investigaciones. Hoy eso sucede sólo si el juez lo quiere. También es importante entender el principio de oportunidad. Eso quiere decir que hay que tomar decisiones racionales y justificar por qué se persigue una cosa y no otra. Si no caemos en una profecía auto cumplida: como yo sé que no puedo con todo entonces no lo hago. El Poder Judicial es un universo de mártires voluntarios. Y encima tienen la coartada perfecta que es este sistema irracional que les demanda una actividad ciclópea que les da la excusa para fracasar aunque no hagan nada. También hay que crear una policía de investigaciones judiciales donde se seleccione a lo mejor.
–¿Más policías?
–Lo voy a decir claramente. Hay un progresismo tonto que cree que este es un problema que puede prescindir de la seguridad. Nosotros creemos que ningún recurso estatal complejo y virtuoso puede funcionar sin un esquema de policía territorial eficaz y democrático. Hoy existe un dique de contención que falla. Y hablo de la policía en los territorios. Más policía no es más patrulleros, sino una mejor que no participe del negocio. Probablemente haya que ir a un modelo de súper policía, como en Italia, habrá que estudiarlo bien, pero sin eso que es seguro no hay posibilidad de tener una intervención eficaz.
NEGOCIO. Crous aclara que no es un secretario de seguridad y pide no confundir su trabajo con el de la Sedronar. Lo suyo, dice, es la investigación y la acusación criminal, aunque avise que le interesa conocer la complejidad del fenómeno porque «cuando llega al proceso penal hay un enorme fracaso estatal previo».
–¿Qué es importante tener en claro en su cargo?
–Existe otro prejuicio del progresismo ingenuo que te dice que el narcotráfico es una salida laboral para la gente que no tiene trabajo. Yo no voy a decir que esa realidad no existe. Lo que digo es que en municipios con un Estado más presente, con más recursos, con otra situación socioeconómica, el problema sigue estando. Si querés entender al narcotráfico primero tenés que entender el negocio y recién después podes ponerle el derecho penal encima. Al narcotraficante hay que verlo como alguien que vende una cosa, sin regulación y sin impuestos, y con un costo-riesgo enorme que es la persecución penal.
–No parece haber mucho riesgo si sólo son detenidos los eslabones más frágiles de la cadena
–Eso pasa porque se investiga mal o porque se investiga bien y se encubre. Un claro ejemplo es la entrega vigilada. Se la presenta como un trabajo de inteligencia sofisticado pero encontrás al destinatario y no al remitente. Sabemos quién compró la droga, pero no quién la vendió. También hay cosas más perversas, como las operaciones que están controladas del principio hasta el fin y que después se presentan como grandes golpes. Eso es marketing y sirve para quedar bien con las agencias internacionales.
–¿Cuál es el principal problema a atacar?
–El problema no es la cocaína, el problema son el alcohol, los psicofármacos y sobre todo la pasta base que es una porquería. Es el gatillo fácil químico. Una industria para matar pobres. El negocio de los que la venden está asegurado porque es altamente adictiva y la destrucción de la subjetividad hace que los clientes sean pibes absolutamente domesticables, que pueden robar para la cana y que cuando no les sirvan más los maten porque nadie va a reclamar por ellos después. Se llama la regulación ecológica. Es un nivel de perversión enorme. Un adicto a la cocaína es un lord inglés al lado de un pibe que fuma paco.
Otro tema son las drogas de diseño, en la Ciudad de Buenos Aires se murieron tres pibes en una fiesta. Nadie sabe qué mierda se metieron adentro esos pibes pero para fabricarlas necesitás meter a tres bioquímicos en un departamento de dos ambientes.
–En este contexto, ¿dónde queda la discusión sobre la despenalización de la marihuana?
–La despenalización del consumo personal de la marihuana es una discusión marginal a esta altura. Es una exquisitez, porque está despenalizada de hecho. Yo digo que mejor hablemos seriamente de los efectos nocivos de la marihuana si los tuviera y dejemos de estigmatizar al que la fuma. «
Investigó el terrorismo de estado
Antes se asumir al frente de la Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad, Félix Crous se desempeñaba como titular del área de asistencia para causas por violaciones de los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. Crous, además, fue uno de los fiscales del juicio oral por la apropiación ilegal de bebés nacidos en maternidades clandestinas que funcionaban en los centros de detención y represión durante la última dictadura militar.
En aquel proceso histórico se logró la condena de Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por considerarlo responsable de la ejecución de un plan sistemático de apropiación de niños, delito sin antecedentes en otros regímenes militares en la región.
Además de Videla, el Tribunal Oral Federal 6 sentenció al ex presidente de facto Reynaldo Bignone y a otros nueve acusados por el robo 34 bebés nacidos de mujeres cautivas entre 1976 y 1983. Bignone recibió una pena de 15 años de prisión. El robo de bebés fue el primer delito que se comenzó a investigar tras la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y la promulgación de los indultos.
Textuales
«Mi Sangre» y los colombianos: «La presencia de colombianos en el país no me preocupa. ¿Vos creés que para tener una estructura narco necesitás de los colombianos? ¿Alguien piensa que los argentinos no tenemos conocimiento paramilitar o no sabemos sacar dinero del país? Nosotros les podemos enseñar a ellos.»
La complicidad del sistema:
«Les presté atención a las denuncias del fiscal Luis Angelini contra su colega de San Isidro Julio Novo, por encubrir al narcotráfico. No es que no hicimos nada. Pero por ahora no puedo decir mucho sobre el tema. Sí que tenemos potestades amplias para averiguar todo lo que necesitemos averiguar.»
La frontera: «En Salta hay una economía de frontera, donde el contrabando hormiga incluye el tráfico de drogas, pero qué haces. ¿Levantás un paredón como hizo Estados Unidos? Hacés un Tijuana y destruís todo el sistema económico local. Llegás con el Estado para sustituir el negocio pero, ¿estamos en condiciones de hacerlo?»
