Todavía hoy en día, seis Estados de la República Mexicana mantienen vigente en sus códigos penales el homicidio por “razón de honor”, una tipificación del delito que contempla una rebaja de la pena para el responsable del asesinato, cuando el hombre “sorprendiendo a su cónyuge, en un acto carnal o próximo a su consumación, la mate”. La condena aplicada en estos casos acaba siendo muy baja, aunque varía dependiendo de la legislación de cada territorio.

En Michoacán, una de las seis entidades territoriales que junto a Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Yucatán y Zacatecas conservan “la razón de honor”, el castigo oscila entre los tres días y los cinco años. Se da la paradoja de que robar una vaca constituye en algunos casos un delito mayor que matar a una esposa.

Además de estas seis, otras 10 entidades federativas del país aplican una disminución de la pena por homicidio con la atenuante de “emoción violenta”, una causa o estímulo tan poderoso como para producir obcecación u otro estado de una dimensión semejante.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) denuncia que estas disposiciones dejan abierta la posibilidad de seguir atentando contra la vida de las mujeres bajo la justificación de “arrebato pasional”. También advierte de que son contrarias a las declaraciones internacionales de derechos humanos de las mujeres que México ha suscrito. Entre ellas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de Naciones Unidas.

La presidenta de la Comisión especial para el Seguimiento de los Feminicidios en la Cámara de Diputados, Teresa Incháustegui, considera necesario trabajar para que haya una armonización legal de los códigos penales de los distintos Estados, pero reconoce las “enormes resistencias” que todavía se encuentran en organismos como la Cámara baja para poner en marcha estas medidas. “En las últimas tres legislaturas presentamos siete iniciativas para tipificar el feminicidio. De ellas, tan solo dos lograron pasar la votación y ahora ambas se encuentran paralizadas en el Senado”, afirma Incháustegui. Una de ellas, lleva esperando allí alrededor de ocho años.

Para Incháustegui, las instituciones también contribuyen a discriminar a la mujer. “Es otro tipo de violencia, la violencia institucional. Cada año hay unas 15.000 violaciones en México y solo en el 25% de los casos se penaliza al agresor; de todos los expedientes por homicidio, únicamente hay sentencia en el 1%”.

El caso de Grettel Rodríguez, una joven de Yucatán que casi muere a manos de su novio cuando ella le comunicó que quería dejar de verlo, fue especialmente polémico. Tras asestarle en el año 2009 varios navajazos con un cuchillo de cocina en el rostro, el brazo, el estómago, y el cuello —abriéndole la yugular—, el agresor fue detenido cuando trataba de huir. Tiempo después, en el juicio, se reclasificó el delito cambiándolo de “tentativa de homicidio calificado” a otro de “lesiones con la agravante de calificadas”. En total, una pena de un año, ocho meses y 25 días de prisión para el acusado, al que por aquel entonces ya solo le faltaba un mes para salir de la cárcel.

En este caso, tras la puesta en libertad de su expareja y el acoso al que se vio sometida, Grettel Rodríguez logró recurrir la sentencia.

Según los datos de un estudio elaborado entre ONU Mujeres, la Cámara de los Diputados e Inmujeres, en el año 2009 hubo 1.858 feminicidios en México. Los homicidios contra mujeres crecieron de forma exponencial en Durango (casi un 500% de 2007 a 2009), Baja California, Chiapas o Chihuahua.

“La violencia basada en patrones de masculinidad se está convirtiendo en una epidemia en México”, afirma la diputada. Incháustegui apuesta también por incorporar la educación en igualdad al currículo escolar. “Los comportamientos violentos están en todas partes, en la televisión, por ejemplo. No pasa un día sin que en una telenovela veamos a un hombre pegar a una mujer, matarla o violarla”.

La última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar arroja datos preocupantes. Tomando la opinión de mujeres de 15 años en adelante, el 42,5% de las que tienen pareja considera que una buena esposa debe obedecer al cónyuge en todo lo que este ordene. Asimismo, el 43% asegura que ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su compañero sentimental.

La violencia física se da más en aquellas mujeres que son económicamente dependientes de su pareja; la emocional, por la contra, sucede en las que trabajan fuera de casa. Estas últimas son las que desafían en mayor medida el esquema tradicional de estereotipos asignados a las mujeres.

Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/05/actualidad/1330981386_402961.html