En un texto publicado en el sitio de la Procuraduría General de la Nación el fiscal Juan José Baric afirmó que hubo trabas judiciales y políticas.
La nota publicada lleva la firma de Ana Inés Cabral y relata que:
Las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal Federal de Santa Rosa de La Pampa, Juan Baric, dieron como resultado la imputación de cuatro intendentes de distintas localidades de la provincia, investigados por presuntas connivencias con las redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
El 9 de mayo de este año, luego de reiterados pedidos por parte de la fiscalía, procesaron al intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers, y al subcomisario Carlos Alanis, ambos acusados de ser cómplices del funcionamiento de una red en un local nocturno entre diciembre de 2007 y noviembre de 2009.
En el segundo, el 10 de junio, luego de tres años de dilatar la causa y tras varios pedidos por parte de la fiscalía, la jueza Federal subrogante, Iara Silvestre, ordenara los llamados a indagatoria del intendente de la localidad pampeana de Macachín, Jorge Cabak, y del comisario de la policía provincial Hugo Iglesias, investigados por encubrir a una red de trata de personas que operaba en local nocturno “Chicho Show”.
En este punto, las casualidades no parecen ser casuales: el 8 de julio, Baric apeló el sobreseimiento de la ex intendenta de General Acha, María Elena García; del secretario de Gobierno del municipio, Luis Javier Bassa y de Nicolasa Beatriz Cardenas, quienes habrían hecho la “vista gorda” con otro prostíbulo denominado “El Delfín”, donde Cardenas se desempeñaba como encargada. A Bassa se le imputa haber extendido la habilitación comercial de otro local nocturno llamado “El Amanecer”, que en realidad funcionaba como una «casa de tolerancia».
Finalmente, en agosto, el representante del Ministerio Público solicitó la imputación de David Bravo, otro intendente. El edil de 25 de mayo ya había sido condenado por la justicia provincial en otro caso por abuso de autoridad en el marco del mismo delito y a quien el Tribunal de Impugnación le ratificó la sentencia el mes pasado. Bravo está acusado de haber permitido el funcionamiento de un cabaret “Venus”, a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe “la habilitación de cabarets, night clubs, whiskerías, etc. dentro del territorio de 25 de Mayo”.
La causa de los intendentes Rogers y García se encuentran en la Cámara de Casación debido a las apelaciones presentadas por los abogados de los acusados. En el caso de Rogers, la defensa recurrió los procesamientos y la fiscalía la falta de prisión preventiva. En el expediente de García, Bassa y el resto de los imputados, el representante del Ministerio Público apeló el sobreseimiento que se dictó en favor de ellos. Las otras dos causas, en las que están involucrados Cabak y Bravo, aún se encuentran en ronda de indagatorias.
A pesar de sus imputaciones, tanto Rogers como Cabak y Bravo continúan en sus respectivos cargos. García es la única que renunció a sus funciones, pero por un caso de corrupción.
Trabas judiciales. Baric resaltó los grandes problemas que debió sortear por enfrentar al poder político: “En estos casos encontré, en un principio, una cierta mala predisposición a encarar el tema, ya sea por negligencia, desidia o fastidio. Escuché varias veces decir ‘son putas porque les gusta’. Escrito tras escrito, nos los iban rebotando por pavadas. Y por estar involucrados funcionarios, sin lugar a dudas fue el principal escollo. En la causa de Rogers, son cinco los imputados: el intendente, el comisario, el dueño del cabaret y los dos encargados. Los citaban a declarar en indagatoria a los tres últimos y con exactamente la misma prueba, sobre los dos funcionarios no ordenaban su indagatoria. Me llegaron a advertir que al peronismo de la Pampa no veía con buenos ojos lo que yo estaba haciendo.”.
Y continuó: “No solo no tuvimos apoyo por parte de los jueces, sino por el contrario. Metieron más trabas que nadie. Inclusive en la causa de Rogers, para que lo procesen tuve que presentar un escrito con mi firma y las de dos fiscales generales Marcelo Colombo y Alejandro Cantaro, que confiaron en el trabajo que veníamos haciendo desde acá. En ese documento, demoledor, hasta amenazamos a la actual Juez con que si no procedía a resolver la situación procesal de Rogers y el comisario Alaniz, la íbamos a denunciar a ella”.
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