Los fiscales De Luca y García Netto sostuvieron que la actividad de los manteros o vendedores ambulantes no se encuadra en ningún delito contemplado por la ley federal de marcas. Desistieron de procesarlos y concluyeron que es la justicia nacional y no la federal la que debe investigar este tipo de casos.
En una serie de dictámenes, los fiscales ante la Cámara Federal de Casación Penal, Irma García Netto y Javier De Luca, coincidieron en que la venta de productos no originales en la calle no afecta al bien jurídico que protege la ley federal de marcas.
En este sentido, indicaron que los productos, al ser notablemente de menor calidad, no generaban un daño a los titulares de las marcas. Por ello, los fiscales sostuvieron que vender objetos falsificados no es un delito comprendido por la ley de marcas, sino que se los deben encuadrar como delitos de la ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, serían de competencia nacional y no federal.
La fiscal García Netto tuvo que intervenir en una causa en la que le solicitaban revertir el sobreseimiento de un mantero que vendía anteojos y estuches falsos de las marcas Ray Ban,Adidas y Nike. Allí explicó que la baja calidad de los productos que se ofrecían a la venta unido al lugar en que se realizaba (por lo general en la calle), implicaba, sin dudas, que las personas que compran ese tipo de mercadería saben que no es genuina sino una mera copia. Además, «el precio de venta es otro dato a tener en cuenta”, añadió la magistrada.
En este mismo sentido, en una causa de comercialización en la vía pública de copias de CDs de música y DVDs de películas, De Luca señaló que la acción de las autoridades en esos casos «se limita a la detección y represión de los llamados manteros o vendedores ambulantes de objetos falsificados, a sacarlos de circulación e incautarse de la mercadería», sin realizar el más mínimo esfuerzo en la investigación para proseguir hacia arriba en la línea o pirámide delictiva.
En relación con el último punto, ambos fiscales expresaron que “las organizaciones que están detrás de la producción de estos productos imitados emplean a personas de bajos recursos económicos, sociales y culturales para llevar adelante su comercialización ilegal”.
