El cargo que desempeña el costarricense Francisco Dall’Anese en Guatemala es infrecuente. En un país que no es el suyo, a este prestigioso jurista lo llaman comisionado. Preside la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), institución impar. Fue creada por las Naciones Unidas, en acuerdo con el gobierno guatemalteco, a fines de 2006. Su tarea consiste en investigar a grupos ilegales vinculados con el Estado, desarticular aparatos clandestinos de seguridad y asesorar al gobierno en la dura faena de terminar con los temibles focos de violencia paraestatal.
Como la Argentina es uno de los 27 países donantes de este proyecto impulsado por el secretario general de la ONU, el comisionado vino la semana pasada a Buenos Aires para renovar el apoyo. La principal contribución argentina consiste en el envío de diez gendarmes, que forman parte de la seguridad.
Dall’Anese le está muy agradecido al embajador argentino en Guatemala, Ernesto López. «Cada vez que tocamos sectores poderosos se inician campañas contra la fiscalía, se cuestiona la institucionalidad, se apela a la soberanía nacional y otras cosas y siempre el apoyo del embajador argentino es fundamental en nuestro trabajo.»
Experto en lucha contra la corrupción, Dall’Anese ganó su fama de implacable cuando, como fiscal general de Costa Rica, mandó presos a dos ex presidentes de su país. También sobresalió en el combate contra el crimen organizado y dio varios golpes al narcotráfico, en especial a los carteles colombianos.
-¿Cuál es el delito que más persigue la Cicig?
-No perseguimos todo, depende de que el caso sirva para transferir capacidades al Ministerio Publico y que tenga algún impacto. Hemos tenido casos de corrupción, casos de Los Zetas de México, narcotráfico, lavado de dinero, homicidios. En general tomamos los que tengan que ver con aparatos clandestinos vinculados de alguna manera con el Estado. Hace poco fue detenida una ex directora general de la policía acusada de tener un grupo dedicado al exterminio social. También hay un ministro de la Gobernación acusado de eso.
¿Exterminio social?
-Ejecuciones extrajudiciales. Salían a matar gente.
– ¿Cuál fue el caso más importante?
-Un caso que no se debe a mi gestión, sino a la de Carlos Castellana, el anterior comisionado. La masacre de la cárcel de Pavón, donde se logró encontrar evidencia física que prueba ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos enquistados en el Ministerio de la Gobernación.
Hablemos de su experiencia en Costa Rica. ¿Cómo se hace para combatir la corrupción con eficacia?
-La corrupción es un tema muy difícil de investigar. Lo mejor sería prevenir, es más barato. Siempre lo comparo con un homicidio, que es mucho más fácil de investigar. En un homicidio por lo menos uno tiene la escena del crimen, rastros, intercambio entre el criminal y la víctima. En la corrupción todo es contabilidad, cheques, contratos, transferencias bancarias. Con un barniz de juridicidad muy difícil de detectar. Tienen que venir los técnicos, auditores forenses, para intentar descubrir dónde están las trampas, que normalmente no se advierten en la contabilidad. Por lo mismo, en el momento en que se logran las pruebas de la corrupción es muy difícil absolver. Cuando se llega a juicio usualmente se tiene la prueba física y se dispone de poca prueba testimonial. Pero, más allá de eso, usted necesita contar con una policía científica que no tenga compromisos políticos y que trabaje al margen de los partidos. Es decir, que sean policías de carrera, como el organismo de investigación judicial de Costa Rica.
¿Que depende de quién?
-De la Corte Suprema. No depende del Ministerio de Seguridad Pública ni del de Gobernación. Y luego necesita mucha independencia en la fiscalía.
– ¿Quién nombra al fiscal general en Costa Rica?
-La Corte Suprema, por períodos de cuatro años. Yo fui juez de carrera toda la vida y cuando me postulé a fiscal general nadie me preguntó cuál era mi color político. Iniciamos causas contra tres ex presidentes y un presidente en ejercicio.
– ¿Quiénes eran?
-Rafael Angel Calderón Fournier [N. de la R.: 1990-94] y Miguel Angel Rodríguez Echeverría [1998-2002], secretario general de la OEA en ese momento, ambos condenados, el segundo en apelación. Y se abrió una causa contra José María Figueres Olsen [1994-98], que no tuvo suceso porque nunca se encontró prueba en su contra. Al poco tiempo de mi renuncia para ir a trabajar a la Cicig, abrí de oficio una causa contra el presidente Oscar Arias Sánchez [N. de la R.: segundo mandato en 2006-2010; premio Nobel] cuando era el presidente en ejercicio, por una concesión para explotar una mina a cielo abierto en contraposición a lo que había resuelto la Sala Constitucional en virtud de la concertación del medio ambiente. Se abrió la causa, pero yo me fui a Guatemala y ya no supe en qué terminó.
¿Eso encuadra como corrupción?
-Si se logra probar que hubo dolo -hay que demostrar que hubo intención- sería un prevaricato, lo que significa dictar resoluciones contrarias a derecho.
¿Es posible, entonces, juzgar a altas autoridades en ejercicio en casos de corrupción?
-Sí, es posible. Tiene que haber una investigación muy sólida. Pero creo que el Ministerio Público no debe perder el tiempo cuando tiene sólo alfileres. Si va a actuar, tiene que hacerlo con una alta probabilidad de condena. Es mejor que la gente quede insatisfecha porque el Ministerio Público desestimó la causa a que el país entero quede frustrado y deslegitime a los jueces por haber tenido que absolver tras una investigación muy débil, con pruebas livianas o dubitativas.
– ¿Cómo se consigue que la justicia sea independiente del poder político?
-Se requiere un régimen independiente para los fiscales. En Costa Rica, como le digo, yo era juez de carrera y me postulé para fiscal general. Los magistrados son elegidos por períodos de ocho años, pero nunca se ha dejado de elegir un magistrado. De manera que son vitalicios e inamovibles.
– Usted era, como decimos acá, el jefe de los fiscales?
-Exactamente, el jefe del Ministerio Público. Que es el que nombra, remueve, traslada fiscales, pero también decide junto con el Consejo Fiscal la política de persecución. Sabemos que hay escasez de recursos para perseguir todo, entonces hay que priorizar lo que se quiere perseguir.
¿Y usted a quién decidió no perseguir?
-Por ejemplo, en los casi siete años que yo estuve al frente de la Fiscalía decidí -y fui muy criticado por eso- no perseguir delitos contra la propiedad intelectual. Para perseguir esos delitos e ir a rescatar los intereses de las grandes compañías yo hubiera tenido que restar recursos a secuestros, tráfico de drogas, violaciones, tráfico de niños, etcétera.
– Seguramente sabe que nuestro jefe de los fiscales, el procurador general de la Nación, acaba de renunciar y que estamos en pleno proceso de designación del sucesor.
-Me enteré de que había renunciado el señor Righi, a quien conocí cuando yo era fiscal general de Cosa Rica. Pero más no sé.
– Precisamente se discute en estos días el grado de autonomía que debe tener el procurador respecto del poder político, porque el candidato oficial se manifiesta abiertamente a favor del gobierno de Cristina Kirchner.
-Yo no quisiera intervenir en asuntos internos de la Argentina, pero si en Costa Rica alguien expresamente manifestara que es partidario del gobierno, posiblemente no se lo elegiría. Sin embargo, el actual fiscal general estaba como viceministro de Gobernación, renunció a su cargo y fue elegido por la Corte Suprema. No tener vinculación política es una garantía a priori, pero hay que tener cuidado con que las vinculaciones políticas no dejen de lado a personas que podrían aportar muchísimo para el país, porque una vez en el cargo podrían desempeñarse con total independencia e imparcialidad.
– ¿Quiere decir que alguien politizado igual puede tener un comportamiento independiente?
-No sé cuál es el grado de politización de la persona de la que usted habla y tampoco quiero enterarme, pero si hay alguien, como en el caso de Costa Rica, que no participó en campañas políticas, siempre fue fiscal de carrera, estaba en la República Dominicana ya jubilado, el gobierno lo llama para ser viceministro de Gobernación sin tener militancia y después la Corte Suprema lo escoge para fiscal general, no creo que el servicio que prestó al gobierno le vaya a hacer daño a la imparcialidad del Ministerio Público. Todo depende de las circunstancias.
– Me da la impresión de que el candidato argentino no se le parece al caso que usted describe. De todos modos, otra de las dificultades para que prosperen causas de corrupción, por ejemplo, por presunto enriquecimiento ilícito, ha consistido en que los propios funcionarios cuestionados impulsan investigaciones que por distintos motivos les resultan amables, lo que deriva en cosa juzgada. Buscan evitar ser juzgados en el futuro, fuera del poder.
-En 1996, Costa Rica aprobó una reforma por la que la prescripción de causas penales para funcionarios públicos en ejercicio del cargo y con inmunidad no corrían sino cuando dejaran el cargo. Una vez que termina un presidente se inicia la causa y la prescripción empieza a correr de cero a partir del momento en que dejó el cargo. Entonces se amplían los plazos. Esto facilita mucho la persecución penal.
– En la Argentina es frecuente la politización de los casos de corrupción bajo el supuesto de que las denuncias siempre responden a intencionalidades políticas.
-Cuando se politizan esas cosas que son muy serias, lo que se termina deslegitimando es el sistema, los partidos, los políticos. Es una irresponsabilidad tratar de convertir cualquier acto con el que uno no está de acuerdo en una sospecha de corrupción. Los presidentes, los diputados, toman decisiones. Lo que hay que demostrar es si las decisiones obedecen a intereses espurios, para favorecer a alguien, o fueron para favorecer al pueblo.
– Nosotros estamos habituados a ver maniobras judiciales, incluidos ascensos, corrimientos de jueces o amenazas de remoción, que de una forma u otra empujan los casos sensibles a una vía muerta.
-Si lo que usted me dice es verdad, significa que no hay un auténtico poder judicial. Porque el poder judicial tiene que resolver sin temor a la remoción, sin temor al despido. El juez debe tener garantías absolutas para resolver con la ley, no para hacer lo que él quiera. Y el fiscal también debe tener independencia.
– El problema es cuando se propaga el divorcio entre la ley y la práctica. Los recovecos procesales y las dilaciones a veces parecen más importantes que la ley misma.
-Mire, una cosa es la administración de justicia y otra es la administración de la administración de justicia. No es posible que un juez o un fiscal tengan un expediente detenido sin control administrativo alguno. Tiene que haber informes y plazos. En 2003 había en Costa Rica casi cien mil causas a punto de prescribir y se estableció un sistema de seguimiento y control de casos. Eso hizo que no prescribieran.
– Si la mayoría de las decisiones gubernamentales favorece a unos y perjudica a otros, ¿cómo se establece el límite entre una decisión genuina, aun siendo equivocada, y un acto de corrupción?
-Hay que probar que hay una direccionalidad de la intención muy clara. Cuando se tiene la prueba de que se habló de adjudicar una licitación a un señor para que se haga rico y además les pagan a los que votaron o a quien toma la decisión final, ahí está la corrupción. En los demás casos no se puede presumir que se tomó una decisión por corrupción o no. Siempre las decisiones políticas benefician más a unos que a otros.
– Nosotros tenemos como ventajas la inamovilidad de los jueces y los jueces bien pagos con un sistema jubilatorio muy beneficioso. Sin embargo, en materia de corrupción los resultados son insatisfactorios. Está extendida la idea de que muchos jueces actúan en casos de corrupción mirando para dónde sopla el viento. El viento político.
-Juzgar y condenar la corrupción es lo más difícil. Todo tiene un barniz de legalidad y si no se logra desmontar los pagos, los beneficios ilegales y demostrar que la plata terminó en billeteras particulares, se llega a un juicio en el que el juez a la mínima duda debe fallar a favor del acusado.
– También está el problema de la condena social.
-Como diría un compatriota suyo, Roberto Gargarella, los jueces tienen que resolver contramayoritariamente. Si hay que absolver, por más que la mayoría quiera la condena y no hay pruebas, pues se tiene que absolver. Y si hay que condenar, por más que la mayoría quiera la absolución, pues habrá que condenar.
– Y nos falta incluir a otro actor importante, la prensa.
-La prensa, y lo digo por mi experiencia como fiscal general, es el gran aliado de la fiscalía cuando da pistas sobre delitos. De hecho, los casos de los ex presidentes se inician con las publicaciones de La Nación de Costa Rica, con los reportajes de Giannina Segnini y Ernesto Rivera, que es mitad argentino y mitad tico. Un aliado importante es la prensa, que avisa y dice: «Mire, vamos a publicar esto». Entonces le decimos: «Bueno, dennos un par de días». Negociamos un plazo antes de que se publique para apresurar nosotros la investigación. Cosa que al periodista le interesa, porque más allá de una primicia, una noticia que logre una condena posterior, con una investigación concienzuda y profesional, es mejor.
– El gobierno argentino suele asociar a la prensa que investiga casos de corrupción con acciones de intencionalidad política.
-Eso tiene que ver con la madurez de la judicatura. Una judicatura bien orientada no puede resolver con los folios de los periódicos, sino con las pruebas que tenga en el expediente. Sabemos que los periodistas son animales políticos, igual que los jueces: todos tenemos nuestras preferencias políticas. Pero el juez que conozca su oficio, más allá de sus posiciones políticas, debe entender que su juicio se tiene que basar en pruebas. No se juzga con las páginas de los periódicos, que en todo caso pueden servir para iniciar un expediente. Aparte de eso, que diga el periodista lo que quiera. El periodista puede confundirse y emitir un juicio de culpabilidad. Allá él con su conciencia. Para eso están los jueces. Pero lo peor que le puede pasar a la democracia es que se persiga a la prensa para evitar noticias.
MANO A MANO
No ha de resultar tentador ir a hacer justicia al tercer país más violento del mundo, pero este tico, que antes fue el fiscal general de Costa Rica, tiene la vocación necesaria. Oración en la que se puede poner de manera indistinta vocación o coraje. Guatemala registra 42 homicidios por cada cien mil habitantes por año, sólo superada por El Salvador (66) y por el campeón, Honduras (82). Para comprender mejor estos números basta decir que en la misma estadística la marca argentina es de 4,3.
Que el trabajo de Dall’Anese no es sencillo lo confirma el detalle de que para ir todos los días de su casa a la oficina (dos cuadras) este jurista de 52 años necesita tres vehículos: el suyo, blindado, va en el medio. Adelante y atrás, custodias artilladas.
Sobre un total de 162 personas (fiscales, policías, abogados internacionales, analistas financieros), más de sesenta empleados de la Cicig son de seguridad, incluidos los diez gendarmes argentinos. La Cicig colaboró hace poco en la reconstrucción de la escena del crimen del cantautor Facundo Cabral, investigación de la que además participó el entonces miembro de la comisión Manuel Garrido, hoy diputado nacional del radicalismo.
«¿Si yo tengo miedo? En este trabajo no hay que pensar en eso», dice. Se ve que mucho no piensa, porque cuando le pregunté cómo era su vida en Guatemala me dijo «normal».
