a supuesta maniobra de sobreprecios en la adquisición de repuestos para los patrulleros durante buena parte de 2013 terminó por involucrar al exjefe de Policía Ramón Frías, quien fue imputado por “abuso de autoridad” por el fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo.

La irregularidad se verificó en el Departamento Transporte, que estaba a cargo del comisario inspector Juan Carlos Contreras (aún en actividad), imputado de “defraudación calificada reiterada”, lo mismo que cuatro civiles que habrían contribuido para la provisión de autopartes con precios muy superiores a los vigentes en el mercado.

Si bien esos movimientos se produjeron en un nivel jerárquico inferior, la vinculación del comisario general (retirado) Frías con otro tipo de imputación es por haber nombrado presuntamente de manera irregular a un asesor civil que era quien definía las contrataciones, según trascendió de fuentes judiciales.

La investigación se inició a mediados del segundo semestre de 2013, cuando la entonces ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recibió un sobre con una denuncia anónima que inmediatamente fue cursada al Tribunal de Conducta Policial. Este organismo realizó las primeras comprobaciones y presentó después la causa ante el fuero Anticorrupción. El caso recayó en el fiscal Gustavo 
Hidalgo, quien hacia fines de octubre del año pasado comenzó la investigación judicial.

En aquel momento, el procurador Pablo Reyna se presentó para constituir a la Fiscalía de Estado como querellante, como posible damnificado.

Ahora, unos 10 meses después de recibir el caso, llegó al grado de sospecha necesaria para dictar las imputaciones a Frías, Contreras y cuatro civiles. Entre el viernes y ayer se produjeron las indagatorias, comenzando por el exjefe de Policía, quien el viernes se presentó, negó los hechos y se abstuvo de declarar.

La maniobra

Ahora que se “abrió” la causa, pueden conocerse con cierta aproximación cuáles son los hechos descriptos en la intimación de los imputados.

La maniobra descripta en estas primeras actuaciones señala que el Departamento Transporte de la Policía determina cuáles son los proveedores o los talleres, cómo se entregan los productos y concreta el control de los arreglos efectuados a los móviles policiales.

Asimismo, es la sección que controla y autoriza las facturas e inicia el expediente para el Departamento de Finanzas.

Tras el análisis de los movimientos efectuados en Transporte entre marzo y septiembre de 2013, la instrucción a cargo de Hidalgo determinó una actuación dolosa por sobreprecios. Se advirtió que las compras se realizaban con una adquisición directa, cuando es norma que en determinados montos debe haber concurso de precios o licitaciones.

Se presume que el asesor designado por Frías era quien adjudicaba la provisión de esos bienes y servicios exclusivamente a otros tres civiles. Luego, el comisario inspector Contreras convalidaba la acción con el papeleo de facturas y autorización administrativa.

Hidalgo cuestiona al asesor haber dirigido o direccionado las compras a esos tres civiles (sus nombres no trascendieron) que sobrefacturaban, a Contreras por autorizar esa operatoria y a Frías por haber nombrado irregularmente al primero.

Respecto del “abuso de autoridad” achacado a Frías, fuentes judiciales explicaron que es un delito que se imputa a quien ordena, ejecuta u omite hacer algo contrario a las leyes o a la Constitución, en este caso el nombramiento sin respeto a reglamentaciones ni control.

Consultas efectuadas por este diario con allegados a la investigación sostuvieron que los mencionados son los únicos sospechados.

Explicaron que, por el momento, no hay otras dependencias policiales o funcionarios o civiles involucrados. También señalaron que el tiempo de la presunta defraudación es entre marzo y septiembre u octubre de 2013.

Fuera de su alcance

Por su parte, el abogado de Frías, Alejandro Pérez Moreno, explicó que el desempeño del exjefe de Policía es ajeno al movimiento de esas supuestas irregularidades que se habrían cometido en “cuatro estamentos (departamentos) policiales previos, cuyos jefes son comisarios de alto rango”. En tal sentido, el penalista dijo que esas áreas son Transporte, Logística, Finanzas y Administración.

“Frías no firmó un solo papel, cheque, contratación, factura… nada”, graficó Pérez Moreno en referencia a los hechos de la investigación.

Y coincidió en que la imputación es “porque durante su gestión se nombró a un auditor externo que es un civil, quien fue contratado por la fuerza para que dentro de su auditoría fiscalice y asesore a los encargados de hacer esas contrataciones”.

El abogado justificó esa designación en la realidad de aquel momento: “Había muchos autos destruidos y existían compras de repuestos que no se usaban”. “Por eso se contrató a un asesor, para optimizar esos recursos”, concluyó.

El rol cuestionado

El fiscal le cuestiona a Frías haber nombrado a un civil para que direccione, supuestamente, las compras del área de Transporte. El exjefe lo justifica asegurando que se trató de una persona que “colaboró” para ordenar esa división, ante distintas sospechas.

http://www.lavoz.com.ar/sucesos/frias-fue-imputado-por-nombrar-un-civil