Lo hizo ante la Mesa Informatizada del Ministerio Público Fiscal, acusando al funcionario por amenazas que le habría proferido tras un fallo emitido por la jueza. La respuesta no tardó en llegar, ya que el funcionario minimizó el hecho y sostuvo que desde el ministerio a su cargo se están analizando la responsabilidad institucional y funcional de la jueza.
Debido a las dimensiones polémicas que abarcó su decisión, la jueza remitió sendas notas comunicando los pormenores de este hecho al Superior Tribunal de Justicia, al Consejo de la Magistratura, como así también al Colegio y al Consejo de Abogados de Resistencia. Todavía ninguna de esas instituciones y organismos se expidió sobre el caso.
Si bien la magistrada se excusó ante NORTE de dar detalles, igualmente se supo a través del portal Chaco Día por Día, a las diez menos diez del sábado 24 de agosto, la jueza Saidman recibió un llamado. Del otro lado de la línea se presentó un funcionario del gobierno provincial.
La saludó y luego le comentó, de manera enérgica, que tanto el gobernador como su vice estaban muy molestos por una serie de fallos en los cuales declaró ilegal casi una veintena de detenciones realizadas en operativos policiales. A esta manifestación, le añadió una clara amenaza que la repitió dos veces, para que quede claro de que la cosa era seria: «Doctora, salga a los medios a solucionar esto o le voy a iniciar juicio político». El funcionario usó su teléfono personal para llamarla. Y correspondía al ministro Marcos Verbeek.
Tras la advertencia, el funcionario cortó la comunicación. Inmediatamente después, Saidman volvió a llamar al número en cuestión. Volvió a atenderla Verbeek. En esta oportunidad, le recomendó al ministro (quien también es abogado) que leyera la sentencia aludida, cuya copia ya había sido remitida a su ministerio. Y que ahí encontraría el fundamento de la decisión judicial. Verbeek volvió a cortar la comunicación.
Este relato forma parte de la denuncia penal que el miércoles 28 presentó Saidman ante el Ministerio Público, donde consignó expresamente que el teléfono terminaba en “448”, el mismo con el que a diario Verbeek atiende a la prensa.
El hecho que habría motivado la llamada del ministro a Saidman sería la resolución emitida por la magistrada el pasado 5 de julio, donde declaró nulas las detenciones de 17 personas que fueron apresadas en un procedimiento policial del 12 de julio de 2012, a las 20,30, en la cancha de fútbol del Barrio La Lomita. Esa noche, 10 pasaron 4 horas presos y los otros 7 estuvieron 14 horas detenidos.
Saidman consideró que la detención de los 17 involucrados fue «una razzia, resultando tal proceder una medida desproporcionada y arbitraria, no existiendo razón alguna que pueda dar sustento a la misma».
El autor del informe policial es el cuestionado suboficial policial Gustavo Olivello, acusado de reiterados abusos policiales y detenciones arbitrarias.
“Creo que no configura un hecho penal”
«Yo la llamé. Le pedí explicaciones de los motivos por los cuáles me intimaba a iniciar un sumario a funcionarios policiales pero en definitiva nada más que eso. No sé si esto queda comprendido en una cuestión penal. La verdad creo que no», expresó el ministro de Gobierno, Marcos Verbeek.
Verbeek remarcó ayer a varios medios que «Si yo le dijera a la jueza que tengo intenciones de evaluar la posibilidad de hacer una presentación ante el Consejo de la Magistratura porque entiendo que sus hechos pueden quedar comprendidos en una causal de juicio político, me parece que eso no constituye ninguna amenaza. No creo que haya fiscal en el país que lo sostenga», añadió.
El funcionario provincial consideró que la jueza de Faltas de Barranqueras tiene derecho a hacer las denuncias que considera pertinentes. No obstante, adelantó que desde el Ministerio de Gobierno analizarán la responsabilidad institucional y funcional de la jueza.
«Consideramos que es grave el hecho que cometió y haremos las presentaciones que correspondan», apuntó. Sobre la denuncia penal presentada por Saidman, Verbeek dijo que correrán por cuenta de la magistrada.
«Nosotros estamos viviendo un momento muy especial donde la ciudadanía está muy preocupada por la situación de inseguridad. Donde tenemos que compatibilizar la legalidad con la seguridad y en este esquema considero que el accionar policial- más allá de que pudo o no haberse visto involucrado en la cuestión- cae dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno para iniciar las investigaciones correspondientes», explicó.
Consultado sobre la situación de los policías y funcionarios policiales que intervinieron en el operativo de Barranqueras, Verbeek anticipó que el accionar de los mismos está siendo analizado por el Órgano de Control Interno (OCI) y se dará la investigación que corresponda.