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El sector de los vigiladores privados ha crecido considerablemente en los últimos años, hasta el punto de establecerse como una fuerza de seguridad paralela. Con 5.977 agentes con el carnet al día, desde el Ministerio de Seguridad se estima que la cifra informal llegaría a 7.500, bastante cercana al total de los policías con los que cuenta la provincia.

Nacidas de una demanda creciente, las más de 120 empresas que se encuentran funcionando en Mendoza, tuvieron su apogeo durante la década de 1990. Sin embargo, durante los últimos tres años, tras un aumento en el control de parte del Estado, y una vez alcanzado un ajuste entre la oferta y las necesidades empresariales, las habilitaciones se han reducido de las 21 que se sumaron en 2010, a las 14 que lo hicieron durante 2011 y en 2012 se estima que serán menos aún.

Como señala Ricardo Lescano, presidente del Consejo de Empresarios de la Seguridad Integral de Mendoza (CESIM), la oferta de seguridad privada es «complementaria» a la Policía, pero «no la reemplaza ni compite con esta».

No obstante, dada la poca eficacia de los planes de seguridad implementados en las últimas décadas, los vigiladores han comenzado a ganar cada vez más espacio dentro del mapa de la seguridad de Mendoza.

Gabriel Garnica, titular de la REPAR REPRIV.

Control estatal, ley y regulación

La Ley Provincial 6.441, de Regulación para empresas de vigilancia privada, se encuentra vigente desde 1997, y después de pasar por varias modificaciones, aún se mantiene como la norma base de la actividad.

Allí se establece que se entenderá por vigilancia privada, «a la prestación de servicios que tienen como objetivo la protección y seguridad interior de edificios destinados a la habitación, oficinas u otra finalidad; conjuntos habitacionales, recintos, locales, plantas y otros establecimientos de empresas cualquiera sea su naturaleza, tales como industrias, comercios, establecimientos mineros y, en general, la protección y seguridad de los bienes y personas que se encuentran en dichos lugares» (Art. 2).

También contempla los servicios de: custodias de personas, bienes y valores, investigación, seguimientos, vigilancia de locales bailables y de diversión nocturna, servicio de portería, e instalación de alarmas domiciliarias. Quedan excluidos el transporte de caudales y aquellos vigiladores que estén en relación de dependencia de la firma que protegen (Art. 3).

Con respecto a las empresas, deben contar con un director técnico que atestigüe experiencia y todo su personal no puede tener antecedentes de condenas penales o procesos penales pendientes por delito doloso ni figurar en la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) (Art. 7 a 14). 

Para hacer valer la norma y controlar que las empresas de seguridad privada -antes llamadas agencias-, cumplan con los requisitos previstos, el Ministerio de Seguridad cuenta con el REPAR REPRIV (Registro Provincial de Armas y Registro de Empresas Privadas de Investigación y Vigilancia).

Otra función fundamental es la de ofrecer el curso de capacitación para vigiladores, que incluye contenidos sobre Derechos Humanos, primeros auxilios, técnicas de defensa personal, conocimientos generales sobre vigilancia y cumplimiento de objetivos. Su duración es de dos meses y medio (para 2013 se espera que sean cuatro meses), y su aprobación es un requisito fundamental para conseguir el carnet habilitante.

A su cargo, se encuentra Gabriel Garnica, que es técnico en Seguridad Pública y formó parte de la Policía entre 1990 y 1997 (Depto. de sistemas informáticos).

La variable de ajuste (sueldos)

El vigilador no sólo es el capital humano de la organización, sino también su principal valor y representante.

Según el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 Anexo E, su sueldo estará conformado por un básico de $3.000, viáticos por $800 y un aporte no remunerativo de $500, lo que da una suma de $4.300 por 200 horas de trabajo mensuales.

Sin embargo, desde la AGEVIP (Asociación Gremial de Empleados de la Seguridad Privada), aseguran que la gran mayoría de los contratos distan mucho de esa cifra y que incluso se llegan a pagar la mitad de ese sueldo por hasta 320 o 360 horas mensuales.

Juan Carlos Alcaíno, secretario general de AGEVIP, sostiene que esto se debe a que las empresas de vigilancia bajan sus precios al mínimo para poder acceder a licitaciones del Estado, y el trabajador siempre termina siendo la variable de ajuste para que la actividad le aporte ganancias.

Gabriel Garnica, titular del REPAR REPRIV, suma a esto la actualización de los sueldos por inflación, lo que hace todavía más imposible el mantenimiento de las adecuadas condiciones laborales por parte de estas empresas.

Otro factor que atenta, son aquellos trabajadores independientes, que suelen ser contratados por barrios privados u organizaciones pequeñas, y se les paga un sueldo por afuera del convenio. 

Juan Carlos Alcaino, secretario general de AGEVIP.

Gremio dividido

A esto se suma la escasa representación y protección gremial. Si bien existe un sindicato nacional, el UPSRA (Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina), su alcance se limita a ofrecer servicios de obra social entre otros beneficios, pero no intermedia por los afiliados.

En Mendoza, la realidad no es menos ventajosa, ya que desde hace más de dos décadas existe el AGEVIP, que tiene sólo con 800 afiliados aproximadamente, pero no cuenta con personería gremial, por lo que los fondos son limitados y voluntarios.

Además, desde principio de este año se encuentra imbuido en una lucha intestina entre los integrantes de la misma comisión directiva, lo que los hace menos eficaz en la lucha por los intereses de los trabajadores del sector. 

Ricardo Lescano, presidente de CESIM. 

Los gestores privados de la seguridad

Ricardo Lescano, es el presidente del reciente Consejo de Empresarios de la Seguridad Integral de Mendoza (CESIM), y es el dueño de El Arte, una de las empresas más reconocidas del sector.

El CESIM comenzó a funcionar el 5 de julio de este año, y hasta el momento se ha dedicado a unificar criterios de precios y servicios con los responsables de las empresas de vigilancia, y establecer además, una unión que permita bajar algunos costos como uniformes, comunicación y movilidad.

Lescano, quien carga con una larga experiencia en el sector, tiene muy claro que el principal activo es el vigilador, por lo que la mayoría de los costos giran en torno a su capacitación, uniformes y mantenimiento de las normas de seguridad.

En lo relacionado con su relación con la Policía, el presidente del CESIM sostiene que “existe una relación de complementariedad, pero no de competencia, ya que el efectivo policial está prevenir y reprimir, mientras que el vigilador sólo para prevenir”.

Aún así, no le quita importancia al hecho de que el vigilador haya comenzado a ocupar aquellos espacios que toman los policías y que cobran como “servicios extraordinarios”.

Patovicas

Los controladores de diversión nocturna o también conocidos como “patovicas”, constituyen el punto ciego del sistema. Inscriptos como monotributistas, realizan su actividad de modo independiente y facturan sus servicios por noche o evento, y no responden a ningún superior.

Si bien la Ley 6441 son solidariamente subsidiarios con los dueños del local, de las consecuencias que pueda tener su accionar, para el Estado es muy difícil poder controlarlos, dada la precariedad de los contratos y la inestabilidad y falta de permanencia en un mismo local.

Aunque desde AGEVIP y REPAR REPRIV se han presentado proyectos a la Comisión Bicameral de Seguridad para restringir su actividad, Ricardo Lescano sostiene que “todos tienen derecho de trabajar”.