El subsecretario de Derecho Humanos explicó que los pedidos están siendo analizados por la Justicia y también por el Ejecutivo. En tanto informó que de los 170 internos que estaban adheridos a la huelga de hambre hace más de una semana, ahora se redujeron a 100.
Con el objetivo de destrabar la huelga que se lleva adelante por internos del Penal Nº 1, funcionarios del Gobierno provincial y representantes del Poder Legislativo mantuvieron una reunión donde conversaron sobre la situación actual y las posibles soluciones. Pese a esto, los presos decidieron continuar con la protesta.
El subsecretario de Derecho Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas, explicó que “si bien los internos no deponen su reclamo, los pedidos realizados están siendo analizados por la Justicia y también por el Ejecutivo, a pesar de que la mayoría de los reclamos se centran en cuestiones judiciales”.
“El petitorio se centra en la creación de un nuevo juzgado. Allí junto al senador provincial Noel Breard y la senadora Lucía Portela, les explicamos a los internos que eso se hace por un proyecto de ley, que es todo un proceso legislativo que va a durar un tiempo”, recordó y resaltó: “Lo que sí se les prometió es conversar con el Superior Tribunal de Justicia para que agilice la creación de una nueva secretaría que va a contribuir a acelerar los trámites de los beneficios solicitados por los internos”.
Seguidamente comentó: “El otro pedido concreto es la designación de un defensor oficial, saben que la persona privada de libertad, que está condenada, prácticamente está huérfana de defensores, porque los defensores privados ya lo abandonan en el juicio oral, una vez condenados ya no tienen más patrocinantes ni defensores. Lo que ellos están pidiendo es un defensor oficial en el ámbito de ejecución de condenas. Con esto se descomprimiría el atasco judicial, y con ello se satisfarían las demandas de celeridad y mejoramiento en la calidad de la atención de los trámites de los interno”, aclaró el doctor Cuevas.
Con respecto a la situación de la huelga, el subsecretario manifestó: “Me informaron desde el servicio penitenciario que de los 170 internos que estaban adheridos a la huelga de hambre, ahora se redujeron a 100”, confirmó.
Por último Cuevas aclaró: “Hace unas semanas atrás mantuvimos una reunión con los internos, en la que ellos nos manifestaron que necesitaban algunas mejoras para las visitas, rápidamente atendimos sus pedidos, mejorando los baños, colocando baños químicos, sillas y refaccionamos la sala donde esperan los familiares. Por eso las reuniones que llevamos adelante son muy satisfactorias, porque ellos saben que sus pedidos se cumplen”.
Por su parte, la jueza María Teresa Zacarías, a cargo del Juzgado de Ejecución de Condena, sostuvo que hasta la mañana del martes 7 de mayo no había recibido oficialmente desde el Servicio Penitenciario informes sobre la medida de protesta.
La jueza dice haberse enterado a través de los medios de comunicación y que tampoco se han remitido al Juzgado los informes médicos que debe realizar el Servicio Penitenciario.
En declaraciones a Momarandú, la jueza reiteró que para los trámites de libertades condicionales, asistidas, salidas transitorias o semilibertades, el interno debe realizar el pedido o solicitud ante el Servicio Penitenciario, que emite un informe y un dictamen acerca de la procedencia de la petición, de acuerdo a la evolución observada durante la detención.
Ante ese juzgado se tramitan 2 expedientes de libertades asistidas, 33 de libertades condicionales, 30 de salidas transitorias, 2 de prisión domiciliaria y 0 de semilibertad. Ello hace un total de 64 expedientes. Y en lo que va del año se han resuelto 114 solicitudes de beneficios.
